Barrios rehenes
Episodios como los de las últimas semanas en Villa Tranquila y Guernica lo confirman. La colonización de territorios barriales por bandas delictivas constituye un fenómeno que se extiende en el GBA. Esta trastornando el valioso sistema de intermediación política construido, por ensayo y error, desde 1983 contribuyendo a tornar impredecibles los conflictos en los mundos de la pobreza. Tal es el caso de un barrio del sur del conurbano.
Ocupado mediante tomas sucesivas comenzadas a fines de los’ 70, se referencia en una Asociación Vecinal fundada en los ‘80, actualmente a cargo de una vecina paraguaya. Dedicada a la costura; dispensa, además, servicios educativos de corte y confección, peluquería, apoyo escolar y finalización de estudios secundarios para adultos (Programa FINES, que viene del gobierno anterior y continúa). Forma parte de un aparato más vasto liderado por otro referente de un barrio vecino.
Este ensamble institucional, sin embargo, luce desbordado por dos grupos emparentados que supeditan, a su vez, a otros menores. Una de las bandas exhibe una denominación que oscila entre el apellido y el origen provinciano de sus jefes.
La otra, remite al patronímico de parientes políticos colaterales más bravos que lograron reconstruir el honor del clan mediante una administración implacable de una violencia en diferentes actividades delictivas. Estas abarcan un espectro representativo la economía marginal. La plana mayor de parientes más veteranos –que no superan los 45 años- conjuga el transporte de pasajeros y de mercadería ilegal en combis “truchas” desde diversos puntos estratégicos del conurbano con en el asalto periódico a sus propios vehículos en el viaje de ingreso o de egreso a las ferias de La Salada.
Hasta 2017, este negocio se integraba con la “propiedad” de varios puestos en la disuelta feria callejera adyacente a los predios cerrados. A algunos, los explotaban directamente. A otros los alquilaban a pequeños talleristas peruanos y bolivianos. Los sometían al pago de diferentes tributos con la aquiescencia de barrabravas y policías de civil. Pero el fin de la ex Feria de la Rivera los concentró aún más en el dominio de su barrio como base operativa. Un estamento de entre los 18 y los 30 años se dedica al robo “descuidista” de billeteras y celulares. Ofician como “pirañas” expertos en el asalto de motos y de autos en las arterias más transitadas de la zona. Otros “ñeris” (compañeros) subalternos a veces
las cortan simulando protes- tas sociales o por los cortes de luz.
Obligan a los conductores a desviarse hacia calles aledañas en donde recaen sobre algunos amenazándolos con armas blancas o de fuego. Los vehículos son llevados al barrio para desguazarlos todo lo posible durante no más de quince minutos antes de ser detectados por las empresas recuperadoras.
A continuación, les prenden fuego para no dejar huellas. A estos negocios le suman los inmobiliarios. La precariedad dominial los habilita a exigirles a los vecinos el acopio de mercadería robada y el pago de “cuidar al barrio”. Eventuales reyertas provocadas redundan en el desalojo de familias enteras sustituidas por parientes de las bandas. Luego, las revenden o alquilan como bocas de expendio de droga.
Un ejemplo paradigmático de esta operatoria lo constituye el de una vecina radicada en el predio de una fábrica abandonada, intransigente al pago del “seguro” vecinal. Una noche, aprovechando que la brava mujer estaba traba- jando, sitiaron a su esposo y a sus dos hijas adolescentes. Al advertir su resistencia, comenzaron a incendiar su vivienda hasta que el hombre desesperado la abandono no sin antes recibir una brutal paliza. Montaron allí otro “comedor comunitario” que no es sino un reducto de los “pibes” acopiadores de pako distribuido en zonas delimitadas con otros grupos similares. Lo obtienen en las “cocinas” subterráneas de un barrio próximo, que procesa pasta base procedente de Bolivia debajo de talleres textiles clandestinos con mano de obra servil.
Esta última actividad nos conduce al último eslabón de la cadena: la política. Ambas bandas se reportan a un importante movimiento social administrador de otro comedor que tampoco funciona. Está a cargo de una puntera emparentada cuya hermana, abogada, coordina las relaciones con la organización y con el poder municipal. A tales efectos, encuadraron a ambos agregados en una subagrupación convertida en cooperativa para que sus miembros puedan percibir el subsidio asistencial.
Las dos bandas y sus satélites están aliadas y, por el momento, operan en relativa armonía bajo la sombra protectora de la organización social. Esta los vincula con el municipio y, por su intermedio, con la policía. Movilizan su tropa alquilándola para distintas tareas políticas como cortes de puentes y avenidas, actos partidarios y el transporte de militantes. Pero como el consumo ha tornado a muchos de sus miembros en “fisuras” terminales, la paz siempre pende de un hilo. Cuando se rompa, se producirá la depuración de rigor con el saldo de varias decenas de jóvenes muertos que no aparecerán en ningún medio.
El resto del vecindario oscila entre obedecer y quejarse silenciosamente ante la impotente organización barrial. Muchos docentes de la escuela situada en el barrio han renunciado por los asaltos recurrentes, colocándola al borde del cierre. Las bandas mandan y las organizaciones sociales las respaldan. Una parte del Estado las sustenta y otra se asocia en sus lucros. Mientras tanto, la mayoría de vecinos sobrevive al margen del estado de derecho. ■