Claves de una ley que fue variando durante un año de discusión
El primer proyecto establecía la disolución de los 29 profesorados estatales. Ahora se busca la “coexistencia”.
La historia de la UniCABA comenzó hace justo un año, en noviembre de 2017, cuando el gobierno porteño sorprendió con el proyecto de creación de una universidad para la formación de los docentes. De acuerdo a ese primer proyecto, que tenía 15 artículos, la UniCABA reemplazaría a los 29 profesorados estatales que hay en el distrito.
El proyecto inicial recibió críticas de los docentes y estudiantes de los profesorados, pero también de la ma- yoría de los especialistas. Al Gobierno se lo acusaba de haberlo concebido sin dialogar con la comunidad educativa, que es la que en definitiva tiene que ejecutar los cambios.
En marzo de este año comenzó el trabajo legislativo y, tras una serie de reuniones de comisión, el oficialismo presentó en agosto un segundo proyecto, que incluían importantes cambios. Los profesorados estatales ya no serían reemplazados por la UniCABA, sino que “coexistirían”. Pero además, se establecía un sistema de evaluación de todos los profesorados (los 29 estatales y los 44 privados), para buscar una nueva planificación del sistema de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires.
Si bien algunos especialistas consideraron que este proyecto es mejor, los docentes y estudiantes de los pro- fesorados mantuvieron su rechazo. Interpretaron que la evaluación tiene por objetivo ir desintegrándolos de a poco, a mediano plazo. Al tiempo que denuncian que la presencia de la UniCABA iba a terminar desfinanciando a los profesorados.
Pero también el rechazo vino de parte de los rectores de los profesorados privados, que critican que haya una universidad en el distrito que ofrezca formación docente inicial, lo mismo que los institutos terciaros. Algo así como una “competencia desleal”. Parte de estos cuestionamientos fueron escuchados por el Gobierno, que a último momento incorporó a los profesorados a la evaluación y les sacó a los privados la obligación de usar el sistema de gestión provisto por el Ministerio. ■