China y la UE se unen para denunciar la guerra comercial de EE.UU.
Es un giro estratégico. Elevaron una protesta conjunta por los aranceles al acero impuestos por Trump.
En un dato de hondo sentido estratégico, Bruselas y Beijing se unieron esta semana para denunciar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los aranceles al acero. La Unión Europea y China consideran que esas restricciones a sus exportaciones de acero son ilegales porque Washington las justifica alegando que el acero extranjero amenaza su seguridad nacional, una amenaza que según europeos y chinos no existe. México, Noruega, Rusia y Canadá también firmaron denuncias similares.
El caso tiene una importancia que va mucho más allá de los aranceles al acero. Si la OMC terminará dando la razón a Washington, cualquier país podría en el futuro utilizar la excusa de la amenaza a la seguridad nacional para imponer aranceles, de forma justificada o no. Si por el contrario la OMC diera la razón a los denunciantes, el fallo podría provocar que Washington abandonara el organismo.
Bruselas y Beijing van así contra el principio de la seguridad nacional porque estiman que Washington lo usa de forma trucha. Tanto esa justificación de Washington como la de- nuncia contra ella rompen con la costumbre en comercio internacional de no cuestionar medidas tomadas en nombre de la seguridad nacional.
La denuncia se interpuso el miércoles contra los aranceles impuestos en mayo por Washington al acero y el aluminio de una serie de países. El expediente que debe resolver la OMC, en una disputa entre los mayores bloques económicos del planeta puede marcar el futuro de la organización, cuya reforma impulsa la Unión Europea precisamente para mantener en él a Estados Unidos.
Una fuente comunitaria reconoce “lo sensible” del asunto pero considera que la Unión Europea hace bien en denunciar definitivamente a Estados Unidos por este caso porque la justificación de Washington “no se sostiene, no somos ninguna amenaza para Estados Unidos” y porque “los intentos de negociar no han funcionado”.
Bruselas considera que no le quedaba otra alternativa que presentar la denuncia ante la OMC y advierte que seguirá por ese camino si la Administración de Donald Trump sigue imponiendo aranceles a productos europeos. Trump nombró en varias ocasiones los autos europeos, especialmente los alemanes, uno de los mayores sectores industriales del continente.
La comisaria europea de Comercio Cecilia Malmström advirtió repetidamente que a la Comisión Europea (que tiene la competencia en comercio internacional para todo el bloque) no le temblará el pulso a la hora de tomar represalias comerciales si Washington sigue con su política de imponer aranceles.
China apoya la denuncia europea con los mismos argumentos. El embajador chino ante la OMC había dicho a principios de noviembre que la seguridad nacional “no debe usarse de forma abusiva” ni como “una excusa para frenar el comercio bilateral normal”.
La OMC anunció el miércoles que pondrá en marcha paneles de arbitraje para dirimir el diferendo. Los expertos de esos paneles deberán tomar la primera decisión sobre la validez legal de los aranceles estadounidenses a la vista de las normas comerciales internacionales. Aunque las denuncias de los cinco reclamantes y de la Unión Europea son casi idénticas, Washington rechazó que sean todas revisadas por un solo panel, por lo que habrá seis, uno por cada país denunciante y otro para la denuncia de la Unión Europea.
La denuncia es también una confirmación más del giro geopolítico que la presidencia de Trump está provocando en la Unión Europea. Bruselas se alía con Beijing (con quien también mantiene ciertas reticencias comerciales) para denunciar conjuntamente a Washington, un movimiento inimaginable hace apenas dos años.
La OMC se juega su futuro en este caso. Nunca antes juzgó una denuncia contra aranceles justificados por una supuesta amenaza a la seguridad nacional y nunca antes se encontró con un inquilino en la Casa Blanca dispuesto a sacar a su país del organismo mundial.
El dictamen se conocerá en un máximo de nueve meses, pero las consiguientes y previsibles apelaciones pueden alargarlo durante años. ■