Moyano acumula 5 causas por lavado, asociación ilícita y defraudación
En varias de ellas también están involucrados su hijo Pablo, su mujer y empresas familiares.
Lavado de dinero, administración fraudulenta, asociación ilícita y extorsión son solo algunos de los delitos por los que la Justicia federal y de instrucción investiga a Hugo Moyano, el sindicalista con mayor peso y uno de los principales detractores del gobierno de Mauricio Macri. El “corralito judicial” que enfrenta el líder de camioneros está en manos de media docena de jueces, con imputaciones que alcanzan a algunos de sus hijos, a su mujer y a las empresas familiares.
En todas las causas - casi media docena-, Hugo y Pablo Moyano se encuentran imputados, pero solo fueron citados a indagatorias una vez y las principales medidas sobre ellos se remitieron al levantamiento del secreto fiscal tanto personal como de firmas familiares.
La primera vez que Hugo Moyano tuvo que presentarse en la Justicia para ser indagado como imputado fue en la provincia de Córdoba. Allí, el juez Alejandro Sánchez Freytes investiga la compra de terrenos lindantes al hotel del Sindicato que derivó en una causa por lavado de activos que inició la Procuraduría de Criminalidad y Lavado de Activos (Procelac).
¿Qué está en juego en esta causa? El delito por el que está imputado Moyano es el de lavado de dinero. Según el expediente por la compra de los terrenos el gremio pagó en 2013 unos $ 6 millones en total, cuando los vendedores lo habían adquirido tres meses antes por $ 310.000, aproximadamente. La diferencia en los valores de la operación fue alertada por la Procelac, que avanzó con la denuncia penal por lavado de dinero y se le sumó el delito de defraudación.
Ante estos números, el juez Sánchez Freytes ordenó una pericia oficial que arrojó un valor de $ 3 millones sobre los terrenos por los que Moyano pagó el doble. Pero también, según pudo saber Clarín, los abogados realizaron otra pericia que deter- minó que el costo era de $ 7 millones. Sucedió que la defensa del líder sindical, cuestionó los parámetros, los mecanismos utilizados y los valores que arrojó la pericia oficial. Ahora el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) fijará el valor. Es en esta causa donde Moyano podría recibir el primer procesamiento.
Por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito también es investigado el líder de Camioneros pero junto a su familia. Se trata del expediente que instruye el juez federal de Morón, Néstor Barral y que inició con una denuncia anónima que obligó a la justicia a poner la lupa sobre la presunta compra irregular de dos propiedades en Parque Leloir. Según la denuncia, las operaciones comerciales se realizaron por intermedio de empresas vinculadas a Moyano.
En la causa se encuentran imputados Hugo y Pablo Moyano y se investiga a la esposa del líder de Camioneros, Liliana Zulet y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet. El magistrado ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario del sindicalista y de su mujer. En este expediente son investigadas también tres empresas familiares que tienen entre sus principales clientes al sindicato de Camioneros y 77 vuelos de Pablo Moyano. Esos vuelos, según estimaciones que analiza la justicia, habrían costado US$ 500.000 y se realizaron solo en tres años.
El levantamiento fiscal también lo ordenó el juez en lo Penal Económico, Rafael Caputo, quien investiga a los Moyano por lavado de dinero por una denuncia de la Procelac y un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que determinaron transferencias millonarias del gremio hacia OCA y otras firmas vinculadas a la familia Moyano.
Pero el expediente más complejo es, sin duda, el que lleva el juez Luis Carzoglio donde se investiga una asociación ilícita constituida para defraudar en cifras millonarias al Club Independiente. Hugo y Pablo Moyano están imputados en la causa y el hijo del líder sindical ya fue indagado por el fiscal Sebastián Scalera. Y como pieza decisiva, se dio curso a un juicio político contra el magistrado por otras causas que instruyó. Fue Carzoglio quien se negó a detener al vocal del Club.
Bajo análisis judicial también están los fondos de la obra social de Camioneros. Es una causa que lleva el juez Claudio Bonadio y donde se investiga presuntos desvíos a empresas vinculadas a la familia Moyano. El pasivo de la Obra Social supera los $ 1.700 millones y durante su escenario deficitario aparece realizando pagos a empresas vinculadas a Zulet. Estas compañías, Ancora en particular, fue investigada por la UIF, que detectó que la constructora recibió $ 220 millones y el 50% de esos fondos provenían de Camioneros. ■
Una investigación es sobre una asociación ilícita para defraudar al club Independiente.