Procesado por los cuadernos K
PAOLO ROCCA
El juez Claudio Bonadio procesó y embargó al empresario, que igual seguirá al frente de su holding.
El juez Claudio Bonadio procesó ayer al mayor empresario de la Argentina, Paolo Rocca, como miembro de la asociación ilícita que comandó Cristina Kirchner y que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. Le trabó un embargo por 4.000 millones de pesos. Para el magistrado, quedó acreditado que el empresario no podía desconocer los supuestos pagos ilegales a funcionarios K para solucionar la situación de la empresa Sidor en Venezuela.
El Consejo de Administración de Tenaris y el de Ternium -en sendos comunicados- informaron que tras consultar a sus asesores legales y revisar la decisión del juez Bonadio, han “confirmado al Sr. Rocca como Presidente y Director Ejecutivo” de Tenaris y “Presidente” de Ternium y lo han instruido “a continuar desempeñando sus responsabilidades con el completo apoyo”.
Hubo preocupación y críticas del sector empresario por la decisión de Bonadio. “Para el grupo y el sector, que procesen a un empresario del calibre de Paolo es un desastre”, dijo un constructor.Un colega de Rocca, que pidió reserva, opinó que “es terrible y malo para el país, pero el juez no tiene que hacer análisis económicos. No creo que ahora Paolo tenga ganas de poner un peso en la Argentina”.
La decisión de ratificar a Rocca en su cargo buscó enviar una señal de tranquilidad a los accionistas en una jornada complicada: cuando se conoció el procesamiento del empresario, las acciones de Tenaris en Wall Street cayeron un 10%.
La determinación de Rocca de continuar al frente del holding marcó una diferencia con los otros empresarios procesados que decidieron ceder el manejo de sus compañías.
En su resolución, Bonadio sostuvo que se pudo determinar "la existencia de una organización criminal” dentro del Gobierno K. Y afirmó que para que esa estructura tuviera éxito era necesaria la participación de funcionarios públicos y del sector empresarial que recibía contratos del Estado. El juez recordó que entre las personas que pagaban los sobornos se encontraban dos directivos de Techint, Héctor Zabaleta y Luis Betnaza quienes habrían realizado diferentes entregas de fondos ilegales al ex funcionario Roberto Baratta.
La citación a indagatoria de Rocca se originó por las menciones del chofer Oscar Centeno en los cuadernos, por la declaración del ex directivo de la compañía Zabaleta y por la indagatoria de Betnaza, gerente de Techint, quien admitió pagos por al menos US$200.000 a funcionarios K.
Cuando declaró ante BonadioRocca dijo que "no tuvo conocimiento en ningún momento" del pago de sobornos. Pero para el magistrado, “por el cargo que ostentaba” como CEO de la compañía, "no podía desconocer la existencia de los pagos efectuados por el Grupo económico".
En su defensa, el empresario dijo que, por lo que luego supo, los pagos ilegales se hicieron urgidos por la expropiación de la empresa Sidor y por la prohibición de salir de Venezuela a los argentinos que allí trabajaban, ordenada por el gobierno chavista. "Operábamos en Venezuela la mayor siderúrgica de América latina. En los últimos años, desde 2007, el hostigamiento de Hugo Chávez fue cada vez más fuerte, hasta que decidió la expropiación. Fue complejo, con amenazas, con violencia. La retirada que tuvimos que hacer entre abril y diciembre de 2008 fue complicada, con un periodo de militarización de la empresa, más la repatriación de nuestra gente", dijo.
Rocca explicó que Betnaza tenía autonomía en la empresa y por eso él desconocía los pagos que realizó.
Pero Bonadio lo refutó. Dijo que por el nivel de "detalles" que dio Rocca el 16 de agosto en el Hotel Sheraton en el encuentro empresarial, sobre la situación en Venezuela "no resulta creíble que no estuviera al tanto de los requerimientos de dinero que hizo referencia Betnaza". ■