La Corte rechazó un pedido de Carrió para auditar la gestión de Lorenzetti
La diputada había pedido investigar al administrador Héctor Marchi que responde al ex presidente.
La Corte, con el voto unánime de sus cinco miembros, rechazó ayer por cuestiones formales el pedido de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió para auditar al administrador general del máximo tribunal y hombre de confianza de Ricardo Lorenzetti, Héctor Marchi.
En una escueta resolución, fundaron el rechazo en que el pedido "no constituye acción o recurso alguno que, con arreglo a los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, habilite la competencia de la Corte". Es decir, es un pedido que no se enmarca en ninguna de las competencias judiciales de la Corte. Marchi hace más de 10 años que maneja los fondos del máximo tribunal.
Sin embargo, en el entorno de Carrió se sostuvo que el pedido "dejó el tema de Marchi" instalado en la agenda, pese al rechazo. Fuentes allegadas a Carrió afirmaron que la diputada "observa con precaución que el ministro Horacio Rosatti no tiene el mismo impulso de renovación y transparencia" de la Corte que el que tenía cuando juró en el 2016. Rosatti fue el primero en dar a conocer, por ejemplo, su declaración jurada de bienes.
El rechazo reavivó la interna en la Corte, si bien la desestimación fue unánime. Fuentes que conocen el pensamiento del presidente dicen que le piensa en impulsar una auditoría de ese tipo pero que para ello necesita otros dos votos. Era obvio que Lorenzetti iba a rechazar el pedido porque Marchi es de su riñón.
Aquellos que conocen el proceder de Rosatti señalan que el pedido de Carrió "no siguió los canales legales. Se entregó en mano cuando debía haber ingresado por la mesa de entradas y seguir todas las formalidades y formarse un expediente". Entonces, se rechazó este pedido informal pero “el tema Marchi quedó en la agenda”, dicen cerc ade Carrió.
En una nota, Carrió y el diputado de su bloque Juan López, le habían recordado a Rosenkrantz que en julio habían pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) que investigue “un entramado de personas físicas y jurídicas que podrían formar parte de maniobras de lavado de activos provenientes de hechos de corrupción que habrían tenido origen, entre otros hechos, en la gestión de Héctor Marchi en su cargo de Administrador de la Corte Suprema”.
Cuando asumió Rosenkrantz tomó el control del Centro de Información Judicial (CIJ) con funcionarios de su confianza lo que provocó una pelea pública con Lorenzetti, pero hasta ahora no avanzó sobre el administrador general.
Carrió y López recordaron que por el secreto vigente la información en trámite ante la UIF no puede ser dada a conocer porque la legislación lo prohíbe hasta que eventualmente la UIF formule una denuncia penal.
También informaron que hicieron “una denuncia penal sobre irregularidades en la Morgue Judicial que quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, expediente N° 14.603/2018, órgano sobre el que también solicitamos se realice una auditoría integral”.
Además, en el juicio político promovida contra Lorenzetti señalaron el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Publica está integrado por “unos pocos peritos de confianza de las antiguas autoridades, que fue “absorbiendo” las causas más sensibles, a fin de sumar cada vez más poder”.
A esa situación de la que “no es ajeno Héctor Marchi, se le sumaron las irregularidades en la designación del perito en el caso del homicidio de Alberto Nisman que ameritan que una auditoria se realice también en ese organismo”. En la nota, Carrió y Lopéz también le pidieron que realice una auditoría en “la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, organismo sobre el que ya advertimos irregularidades en el pedido de Juicio Político referido. La auditoría “debería llevarse a cabo por alguna entidad pública o privada independiente de los actuales jueces de la Corte y principalmente de Marchi. ■