Piden al Gobierno que informe sobre el estatus diplomático del príncipe saudí
El juez aceptó el pedido del fiscal de enviar exhortos a antes de decidir su competencia.
El príncipe saudita Mohammed bin Salman, sobre quien pesa una denuncia por el crimen del periodista Jamal Khashoggi y presuntos delitos de lesa humanidad en Yemen, puso ayer pie en la Argentina y se abrió un debate judicial.
Con un pedido de detención de una organización internacional, el fiscal federal Ramiro González pidió una serie de medidas que, en la práctica, impedirán su detención durante su estadía en el país. Ayer por la tarde, el juez Ariel Lijo hizo lugar a los requerimientos del fiscal, y solicitó a Cancillería que informe es estatus y las condiciones diplomáticas bajo las cuales el príncipe llegó.
El fiscal González también pidió a Lijo que solicite información a Yemen, a Arabia Saudita y a Turquía por el asesinato de Khashoggi, entre otros hechos, antes de decidir si el caso es competencia de la Justicia argentina. La denuncia incluye también supuestos delitos de lesa humanidad cometidos por Arabia Saudita en Yemen.
Lijo también aceptó ese requerimiento, y ordenó librar exhortos a Ankara, Yemen y la Corte Penal Internacional para determinar si existen procesos en trámite contra el príncipe saudí, y solicitó a la ONG Human Rights Watch que brinde precisiones sobre la denuncia.
Según pudo saber Clarín, el fiscal había pedido el envío de exhortos para confirmar el estatus del príncipe entre otra clase de información para determinar si corresponde investigarlo en Argentina o no. Recién después de tener esta información se decidirá sobre la competencia de la Justicia argentina y eventualmente sobre el pedido de detención del príncipe saudí que conlleva la denuncia, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
En el dictamen al que accedió Clarín, el representante del ministerio Público Fiscal señaló que se entiende "la gravedad de los hechos denunciados y que debe primar el principio de economía procesal con el fin de brindar un mejor servicio de justicia", por ello ordenó una serie de medidas, diluyendo así cualquier posibilidad que el Príncipe saudita sea detenido. González pidió que se libre exhorto por vía diplomática "al Reino de Arabia Saudita y a la República de Yemen, con el fin de determinar si existen procesos en trámite que revistan por objeto procesal los hechos aquí denunciados".
Sucede que la organización humanitaria Human Rights Watch, tal como adelantó el lunes Clarín en exclusiva, presentó a la Justicia argentina una denuncia contra el príncipe heredero saudita, uno de los invitados a la Cumbre de Líderes del G-20 en Buenos Aires, a quien acusa de violaciones a los derechos humanos en Yemen.
Al avanzar hacia una investigación formal, las autoridades judiciales argentinas están enviado un mensaje claro: ni siquiera los más poderosos, como Mohammed bin Salman, están por encima de la ley y serán sometidos a escrutinio si están implicados en crímenes internacionales. ■