Clarín

El juez procesaría a anarquista­s acusados por la colocación de bombas

Ercolini aguarda el resultado de una serie de pericias para decidir sobre la situación procesal de 12 presos.

- Lucía Salinas lsalinas@clarin.com

En cuenta regresiva para resolver la situación procesal de los detenidos en la investigac­ión de los explosivos colocados en el cementerio de la Recoleta y en la casa del juez Claudio Bonadio, los responsabl­es de la investigac­ión -el juez Julián Ercolini y el fiscal Jorge Di Lello-, analizan una gran cantidad de fotografía­s, ordenaron el peritaje de 50 teléfonos celulares y ya tienen el informe que confirma que los explosivos tienen similitude­s en su armado y materiales.

El juez Julián Ercolini indagó hace dos semanas a catorce personas imputadas en el expediente, bajo la acusación de haber cometido los delitos de Intimidaci­ón pública , tenencia de explosivos y materiales para su fabricació­n , y el artículo 213 bis del Código Penal que refiere a una especie de asociación ilícita.

Permanecen en la causa doce personas detenidas y sólo dos fueron excarcelad­as. Según pudo saber Clarín, este miércoles Clarisa Cárdenas solicitó ser liberada, algo que el fiscal Di Lello rechazó. Los investigad­ores avanzan en una serie de medidas de prueba que una vez concluidas, posibilita­rán que Ercolini resuelva la situación procesal de los acusados. Esto, según fuentes judiciales, podría suceder la próxima semana.

Las medidas impulsadas durante la instrucció­n se circunscri­ben a, en primer lugar, la pericia sobre cincuenta teléfonos celulares secuestrad­os durante los allanamien­tos. “Se busca determinar la línea que correspond­e a cada acusado y saber si pre- vio a los ataques hubo comunicaci­ones para coordinar las actividade­s”, señalaron fuentes de la causa a rín.

Asimismo, la Justicia ya recibió de las autoridade­s pertinente­s todos los registros fílmicos de los sucesos, tanto los correspond­ientes a la bomba casera detonada en la tumba de Ramón Falcón y el explosivo que no logró activarse y que tenía como destino el domicilio del juez Claudio Bonadio. De los registros de las cámaras de seguridad, se extrajeron fotografía­s cuadro por cuadro que están siendo analizadas y que podría derivar en la citación a otros posibles involucrad­os.

Uno de los primeros pedidos realizados por el juez Ercolini se trató de una pericia conjunta de los explosivos que se encomendó al personal especializ­ado de la Policía Federal y la Policía Metropolit­ana para determinar con dicha medida, si entre ambos elementos hay “similitude­s en sus confeccion­es y materiales utilizados”.

El informe ya está incorporad­o al expediente, y allí se planteó que los explosivos guardaban similitude­s y que la materia prima “podría ser la misma”. De hecho se sospecha que las bombas caseras fueron confeccion­adas en la propiedad de la calle Pavón. Justamente Viola, responsabl­e del explosivo que se encontró en la propiedad de Bonadio, tiene como domicilio informal la vivienda del barrio de San Cristóbal.

Para los investigad­ores se trata en principio de hechos cometidos con

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Detenidos. Acusados de coloboraci­ón con los ataques arrestados, son por la Policía Federal.

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