Italia endurece al extremo su ley inmigratoria y facilita la expulsión de “sin papeles”
Aprobó una norma que suprime la protección humanitaria en ciertos casos y amplía las causas de deportación, entre ellas, “la amenaza a la seguridad nacional”. La ley es un triunfo del vicepremier Salvini, líder del ala xenófoba del gobierno.
El gobierno populista italiano se unió ayer estrechamente para aprobar una nueva ley que establece medidas muy restrictivas contra los inmigrantes, entre ellas, el retiro de los permisos de residencia por motivos humanitarios. La batalla en las cámaras se convirtió en un voto de confianza del decreto propuesto por el hombre fuerte Matteo Salvini, quien obtuvo un éxito político notable que lo proyecta hacia la condición de Jefe del Gobierno en probables elecciones anticipadas el año que viene.
Salvini es el ministro del Interior y viceprimer ministro como líder de la xenófoba y nacionalista Liga. El voto de confianza, que en la cámara le dio 336 votos con 246 abstenciones, colocó a su principal aliado, el movimiento Cinco Estrellas de Luigi Di Maio, en una posición difícil porque debió apoyar todas las medidas duras con los inmigrantes que antes había cuestionado. En una triunfal conferencia de prensa, que contrastaba con las protestas de la oposición y el silencio humillante de los Cinco Estrellas, Salvini expresó su “enorme satisfacción” con “esta ley que dará más tranquilidad, orden reglas y serenidad en las ciudades”.
Con las airadas protestas, en el diario romano La Repubblica, Giovanni Gianini escribió que “el ministro del miedo ganó. Ha sido cumplido otro pequeño gran paso del ocaso civil y moral de este país”. Ese medio calificó las medidas como “devastadoras” para la democracia liberal democrática.
En los primeros tres meses del gobierno populista, Salvini ha sido el gran protagonista de la represión contra los inmigrantes ilegales, cuyo arribo a través del Mediterráneo ya había disminuido mucho bajo el anterior gobierno del partido Democrático. Hasta este mes, sólo 22 mil migrantes desembarcaron en Italia, contra 114 mil en 2017 y 167 mil en 2017. Pero la percepción de los italianos es que la “invasión” continúa y que en Italia hay demasiados extranjeros ilegales. La popularidad creciente de Salvini y de la Liga se revela en los sondeos que le asignan un 36,8% de los votos contra un disminuido 27,7% para Cinco Estrellas.
La oposición afirma que las medidas de la ley son tan rígidas que producirán en dos años 130 mil nuevos inmigrantes clandestinos, que en 2020 llegarían en total a 600 mil personas. La nueva ley, que formalmente debe recibir una aprobación final tras el voto de confianza, establece la extensión de la permanencia obligatoria de los extranjeros que se encuentran en los Centros de Permanencia, de 90 a 180 días, para estudiar la deportación de la mayoría.
Otra medida amplía los delitos que permiten al gobierno revocar o negar la protección internacional a un inmigrante, que hasta ahora se concedía a un tercio de los solicitantes de asilo. A la violencia sexual y las lesiones graves, se agregan la rapiña violencia y la agresión con lesiones a un oficial público. También el robo o hurto en una casa. En todos esos casos, el gobierno procederá a la inmediata expulsión del país de los extranjeros acusados.
Los críticos dicen que la nueva norma aumentará el número de ilegales y alentará la inseguridad.
Muchos alcaldes italianos han protestado por la rigidez de las medidas, sosteniendo que servirán a multiplicar el número de clandestinos abandonados a su destino en las calles. La ley también contempla la expulsión inmediata de los inmigrantes que sean considerados “una amenaza a la seguridad nacional”. En los últimos meses 23 mil extranjeros a los que se les revocó la protección humanitaria han salido del circuito de la acogida.
La ampliación de la legítima defensa se puso en el centro del escenario cuando el propietario de una casa de neumáticos cerca de Arezzo, en Toscana (centro de Italia), mató el martes a balazos a un clandestino de origen moldavo que entró con una capucha puesta para robar el negocio. En medio de las polémicas acerca del uso excesivo del derecho de legítima defensa, Salvini declaró: “Yo estoy con el comerciante”.
La nueva ley amplia el uso de las pistolas eléctricas Taser a las fuerzas del orden. Las medidas de seguridad abarcan las protestas. Los responsables de ocupar edificios podrán sufrir condenas de hasta cuatro años de cárcel. Lo mismo ocurrirá a los que promuevan “sit in” en las calles o las vías del ferrocarril.
La nueva ley también estipula que las agencias de alquiler de vehículos deben comunicar los datos de sus clientes. El objetivo es evitar atentados terroristas por atropello como ocurrió en Niza, Berlín y otras ciudades europeas. ■