Las indagatorias de los arrepentidos se podrían usar en otros expedientes
La Cámara Federal habilitó que los fiscales Stornelli y Rívolo las envíen a sus colegas. Luego decidirá cada juez.
La sala I de la Cámara Federal penal porteña volvió a rechazar este jueves un recurso de los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rivolo para que el juez Claudio Bonadio remita las declaraciones de los “arrepentidos” de “la causa de los cuadernos” a otros juzgados en los que se investigan casos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas, aunque los habilitó a que ellos mismos envíen esas indagatorias a sus colegas para que sean los magistrados a cargo de esos casos quienes decidan si son válidas para sus expedientes.
“Teniendo en cuenta que el Ministerio Público Fiscal de la Nación actúa de manera unificada e indivisible, consideramos que los doctores Stornelli y Rívolo tienen a su disposición la competencia y los medios necesarios para aportar las piezas procesales señaladas a los representantes de ese organismo acusador que se encuentren interviniendo en las actuaciones tramitadas ante los juzgados peticionantes”, dijeron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en una resolución a la que Clarín tuvo acceso.
“Cabe señalar que una vez incorporadas las declaraciones en cuestión en las respectivas actuaciones, deberán ser los magistrados intervinientes en esos procesos y no el juez requerido (Bonadio), los encargados de merituar la pertinencia o no de su utilización probatoria”, añadieron Bruglia y Bertuzzi en una breve resolución firmada ayer en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py.
Los camaristas rechazaron un re- curso de queja de ambos fiscales para que se revisara la negativa del juez Bonadio de enviar a sus colegas de otros juzgados las declaraciones brindadas por empresarios y ex funcionarios en la causa de los cuadernos para atenuar en esa causa su situación procesal a diversos expedientes radicados hace años en Comodoro Py sobre diversos hechos puntuales de corrupción durante los doce años de gobiernos kirchneristas.
Entre las causas que podrían alimentarse con estas confesiones se encuentran, por ejemplo, las del presunto enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas José López -actualmente en juicio-, la del presunto pago de coimas para la construcción de dos plantas de Aguas y Saneamientos (AySA) o la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento -ligadas al escándalo Odebrecht-, la del direccionamiento de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, ya remitida a juicio, o la que involucra al empresario Gabriel Romero y la empresa Hidrovía.
El argumento de Bonadio para negarse a remitir esas indagatorias a sus colegas de Comodoro Py que se lo pidieron, como Sebastián Casanello y Marcelo Martínez de Giorgi, es que ellas no pueden ser usadas como pruebas de cargo contra el propio imputado porque de esa manera se lo obligaría a declarar contra sí mismo.
Ahora, los camaristas abrieron la puerta a que ellas puedan ser utilizadas si los fiscales las remiten a sus colegas a cargo de esos casos, y si el juez de cada una de esas causas interpreta la cuestión de una manera distinta a la de Bonadio y permite incorporarlas en el expediente a su cargo.
La solicitud de los jueces a cargo de otros casos de corrupción alcanzados por las revelaciones de los “arrepentidos” o colaboradores eficaces - tal el término utilizado en la ley recientemente incorporada al proceso penal, básicamente para casos de narcotráfico- fue respaldada por Stornelli y Rívolo y por la gubernamental Oficina Anticorrupción (OA).
Los fiscales le habían dicho a Bonadio que la ley de marras, la 27.304, “no establece prohibición alguna de que la declaración como acto jurídico pueda ser incorporado a otro expediente”.
“Las declaraciones de los arrepentidos son un acto público que goza de entera fe y una vez que es homologado (por el juez) pasa a incorporarse al expediente y constituye un documento público” que, según ellos, sirve para “todos los tribunales y fiscales del país”. ■