Los argumentos de Rosatti, el juez de la Corte que modificó su voto
Cambio. Había fallado a favor de un ex militar, pero ahora se apoyó en la ley que dictó el Congreso para limitar el beneficio.
Cuando el 3 de mayo del año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló el beneficio del 2x1 para un represor condenado por delitos de lesa humanidad, gran parte de las críticas se posaron sobre Horacio Rosatti. Porque fue uno de los tres que permitió con su voto que saliera el fallo, pero además por su recorrido político y judicial. Ex intendente de Santa Fe, ex procurador del Tesoro y ex ministro de Justicia, no podía desconocer el impacto de su decisión. Este martes, al justificar su nueva posición, el juez que llegó al Máximo Tribunal propuesto por Mauricio Macri y con un apoyo inédito en el Senado explicó el cambio de postura.
Parte de su argumentación ya había sido expuesta en el fallo original a favor del represor: entonces, justificó que el debate sobre la aplicación del beneficio del 2x1 para los delitos de lesa humanidad necesitaba la sanción de una “ley interpretativa” por parte del Congreso. Ante la falta de esa norma, Rosatti había fallado a favor del represor, porque, en su opinión, “esta carencia (de la ley) no po- día ser suplida por el juez”.
Algunos días después, apenas el Congreso aprobó la nueva norma (la 27.362) restringiendo la aplicación del 2x1 para casos de lesa humanidad, desde la Corte habían adelantado que volverían a sacar un fallo sobre el tema. Ya entonces se descontaba que Rosatti cambiaría su postura. La ley que aprobó el Congreso salió casi por unanimidad en ambas cámaras y fue reglamentada por el Ejecutivo. Por eso, en su nuevo voto, al que adhiere Highton de Nolasco, Rosatti explica el análisis que hizo de esa norma para determinar si era "consistente" y "razonable" y por ende correspondía aplicarla. Lo resume así:
- “La existencia de leyes interpretativas como la 27.362, que establecen el significado que debe dársele a una ley sancionada con anterioridad (en el caso, la ley 24.390, del 2x1), ha sido pacíficamente reconocida por la Corte Suprema de Justicia, a condición de que dicha norma pueda ser objeto de control judicial. Este control abarca tanto el análisis respecto de si la ley –más allá de la denominación que le asignen los legisladores– califica como ‘interpretativa’ (a este escrutinio el Juez lo llamó “test de consistencia”), como así también el estudio respecto de si su contenido es razo- nable y no violenta ningún derecho fundamental (a este estudio el juez lo llamó “test de razonabilidad”). Por qué la ley es “consistente” - “Respecto del 'test de consistencia”, Rosatti concluyó que “la ley 27.362 encuadra dentro del marco ‘interpretativo’ porque: no modifica la legislación pre-existente sino que aclara como debe aplicarse; no alarga la pena de quien está condenado, porque su monto queda incólume, sino que establece como se computa el tiempo en prisión preventiva”.
- “Con relación al ‘test de razonabilidad’, el juez Rosatti concluyó que "la aplicación de la ley 27.362 no resulta arbitraria ni discriminatoria en la medida en que está dirigida a un universo de personas que se encuentra en la misma condición jurídica (condenados por delitos de lesa humanidad). Tampoco resulta estigmatizante para un sector de la población, o para actividad alguna, pues está dirigida al circunscripto núcleo de quienes cometieron los delitos más aberrantes que registre el comportamiento humano”.
Finalmente, el magistrado consideró que “la aplicación de la ley 27.362 en la causa no viola ningún estándar internacional en materia de derechos humanos”. ■