Otra postulación de Evo Morales, un dilema democrático en Bolivia
Especial
A un año de las elecciones presidenciales en Bolivia, el presidente Evo Morales, con tres elecciones consecutivas, se asoma a continuar en el poder a través del método sandinista con una nueva postulación (2020 a 2025) a pesar de que vulnera el artículo 168 de la Constitución y va con- tra la voluntad popular que mayoritariamente rechazó, en un referéndum, esa posibilidad. El gobierno forzó un fallo polémico del Tribunal Constitucional que suspendió las limitaciones a la reelección. La influencia del gobierno en la justicia se ha hecho sentir también en el Tribunal Electoral que confirmó la candidatura de Morales a pesar que un sondeo de opinión de la consultora Mori estableció que 7 de cada 10 encuestados considera que no debería ser candi- dato en el 2019. Una cifra similar se mostró contrario a la sentencia del Tribunal Constitucional.
Esta encrucijada desilusionante de abuso de poder representa un grave desprecio a la norma constitucional. La Conferencia Episcopal Boliviana ha emitido pronunciamientos condenando el autoritarismo y tratando de preservar la paz social. Lamentablemente el gobierno de Evo Morales parece dispuesto a seguir en un andarivel para conservar el poder que preanuncia momentos de inestabilidad institucional, agitación social y tensión política. La oposición ya se organiza con ese propósito en un intento de preservar los valores democráticos y el cumplimiento de la constitución. Hace un año la ciudadanía salió a las calles a pedir respeto por el F 21 -el referéndum del 21 de febrero de 2016- que con claridad negó una nueva postulación presidencial.
Es preocupante que un país que se encuentra a un paso de ingresar al Mercosur como miembro pleno muestre tal falta de respeto a su propia constitución. La situación plantea la necesidad de reflexionar sobre esa adhesión ya que la actitud del gobierno boliviano, de insistir con la postulación de Evo Morales, no sería concordante con los principios democráticos que postula el Mercosur. Tampoco con lo dispuesto en la Carta Democrática Interamericana y el espíritu de las cláusulas democráticas de los mecanismos de integración del cual Bolivia es parte como es el caso en particular del Mercosur al haber ratificado la Declaración del bloque sobre Compromiso Democrático (Protocolo de Ushuaia).
En este contexto resulta oportuno que la diplomacia de América del Sur haga sentir su voz para que Bolivia, antes que vulnere el orden constitucional, cumpla con la Carta Magna como expresión de respeto a la democracia y sus valores. También para evitar que se divida peligrosamente la sociedad boliviana. Sería lamentable que el gobierno boliviano reedite el comportamiento autoritario condenable de otros estados de la región.