Este año tampoco se eligió al Defensor del Niño y su designación pasó para 2019
Legisladores dicen que “abogados pro vida” impugnaron a todos los candidatos. El cargo está vacante hace 14 años.
En Argentina viven casi 15 millones de niños, niñas y adolescentes. La desigualdad de sus realidades es abismal y, a mayor pobreza, mayor cantidad de derechos vulnerados. Hay chicos en las calles, o en viviendas precarias que carecen de cloacas y agua potable. Hay chicos que no tienen acceso a la educación ni a la salud. Hay chicos sin documentos, invisibles para el Estado. Hay chicos golpeados, maltratados, abusados. En 2005 de- bió designarse la figura del Defensor o Defensora del Niño, pero el cargo sigue vacante. Este año se formó una comisión bicameral que prometió designar al o la candidata y no hubo acuerdo.
El contexto amerita el nombramiento. Esta semana Unicef presentó el informe “Pobreza monetaria y privaciones no monetarias”, en base a estadísticas oficiales. Dice que el 48% de los niños, las niñas y adolescentes tiene al menos un derecho básico vulnerado. Y que en los hogares monoparentales la pobreza no monetaria sube dos puntos y la monetaria llega al 52% entre los chicos.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina presentó a mediados de año el informe “(In)equidades en el ejercicio de los derechos de niñas y niños. Derechos humanos y sociales en el período 2010-2017”. Entre sus resultados, puede destacarse que la mi- tad vive en la pobreza, un tercio depende de comedores asistenciales para alimentarse, muchos no han visto a un doctor en el último año, a dos de cada diez nadie le festeja su cumpleaños, la mitad no tiene Internet, el 60% no tiene celular y el 40% tampoco PC.
Días atrás la asociación civil La Casa del Encuentro informó que en los primeros diez meses del año fueron asesinadas 35 niñas y adolescentes menores de 18 años. En Argentina cada tres horas una nena de entre 10 y 14 años tiene un bebé, la mayoría producto de una violación. El índice de maternidad adolescente es uno de los más altos de la Región, el 90% de los alumnos y alumnas de secundarios ha dicho que lo qué más necesitan recibir es educación sexual integral, pero aunque es ley no se da y hay grupos que incluso se oponen.
En este contexto, los chicos de Argentina siguen sin un defensor que vele por sus derechos. La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es de 2005. El año pasado, Infancia en Deuda, un colectivo de organizaciones no gubernamentales, logró activar el tema judicializándolo. Se formó una comisión bicameral que resultó ser sólo de mujeres: cinco diputadas y cinco senadoras. Se presentaron 63 candidatos que dieron exámenes. El mes pasado, los que habían aprobado -nueve mujeres y cinco varones- expusieron ante la Bicameral, que debía designar a alguien antes de fin de año. Esta semana, la comisión dio a conocer un comunicado: “Ce- rrando este año de trabajo legislativo, y considerando que la Comisión Bicameral está analizando la impugnación realizada a los postulantes a cubrir el cargo de Defensor/a recibida en la tercera semana de noviembre, comunicamos que se han concluido las cuatro etapas de evaluación del concurso público para designar al/a la Defensor/a de Niñas, Niños y Adolescentes. Mediante un trabajo exhaustivo de planificación y diseño de los mecanismos de evaluación se desarrollaron de forma efectiva cada una de las instancias”.
¿De qué impugnación hablan las legisladoras? De una presentación de integrantes de “la comisión federal de abogados pro vida” que plantearon la impugnación “de los planes de trabajo y las candidaturas de todos los postulantes que superaron las cuatro etapas del concurso público de antecedente y oposición”, explicaron entonces desde la bicameral y, aseguraron, harían “un análisis pormenorizado de la impugnación presentada, atento que recae sobre todos los candidatos finalistas del concurso y que ello podría deslegitimar la transparencia del proceso”.
En otro comunicado, agregan: “Habiendo finalizado el periodo legislativo del año, el concurso continúa vigente. El proceso de designación continuará en el periodo legislativo 2019, en pos de garantizar la máxima legitimidad, legalidad y transparencia, una vez resuelta la impugnación antes mencionada”. Mientras, los 15 millones de chicos siguen esperando. ■