El mito del gasto público argentino
Por enésima vez en nuestra historia, asistimos a la función teatral de los recortes. Ahora, el verdadero interrogante no es dónde achicar para contentar al FMI, sino porqué sostenemos esta misma patología del ajuste permanente hace tantas décadas. ¿No será un problema estructural?
Carlos Hoevel dice con ironía que no hace falta un “Pacto de la Moncloa” en la Argentina, porque los empresarios, políticos y sindicalistas poderosos lo han sellado ya hace décadas. Acordaron tácitamente perpetuar la práctica del Estado-botín como forma de acumular poder y desviar recursos públicos.
El patrimonialismo criollo es extremo, aún para América Latina. Los estados locales, provinciales y nacional están colonizados por el nepotismo y el favoritismo. Se ha desmantelado la institucionalidad de la función pública, el sistema de mérito, las carreras estatales, y el requisito constitucional de la idoneidad, como en ningún otro país importante de la región.
Siempre buscamos culpables afuera, pero la confabulación -preexistente al actual gobierno- es interna. Sectores dirigentes claves fingen ignorar este pacto, y sólo se reacciona cuando estallan sus consecuencias. Por ejemplo, muchos se escandalizan de la casi duplica- ción del empleo público en la era K. Sin embargo, es fiel a la lógica de la captura del Estado - que no es invento de los Kirchner- que con cargos retribuye militancia, genera alianzas o neutraliza opositores, y usurpa puestos claves de control del Estado para poder operar con impunidad.
Al cambiar a casi toda la jerarquía en cada nueva gestión, anulando la carrera y la profesionalidad, se destruye la “capacidad administrativa”, que permitiría al Estado controlarse a sí mismo, y operar como maquinaria aceitada que procesa la complejidad a nivel masivo, típica de los problemas que enfrenta el sector público.
Privatizamos las empresas públicas porque destruimos su capacidad gerencial con favoritismo, y luego las reestatizamos argumentando que privadas son incontrolables por el Estado. También hace años estatizamos masivamente la deuda externa por falta de un aparato de experticia técnica que discrimine la deuda legítima de la ilegítima.
Las agencias que transfieren fondos sociales son clientelares, porque fueron estructuradas desde el clientelismo. Desvían millones de la ayuda por falta de una administración recta e imparcial que diferencie beneficiarios auténticos de los fraudulentos. Por la misma razón la AFIP no le cobra a todos los que debería cobrarle, y exprime a los que sí pagan. Por eso incorporamos gratis a jubilados de clases medias y altas, y subsidiamos sus servicios públicos, haciendo insostenible el gasto previsional y las erogaciones corrientes.
Muchas organizaciones públicas, como la Policía Bonaerense, son agujeros negros descomunales de fondos públicos porque no hay capacidad masiva de control y auditoría para detectar las causas de malversación. Lo mismo sucede con la obra pública, el gasto en hospitales, en Defensa, y en contener no sólo la corrupción que desangra la nación, sino el gasto corriente, los sobreprecios y las contrataciones y cargos redundantes.
El control del gasto es imposible con los organigramas sobredimensionados, el desorden administrativo, el fraude y el quiebre de la cadena de mando. Nuestros males derivan de esta incapacidad: no es un problema de “costo” que basta con ajustar, sino de inoperancia estructural.
En un Estado colapsado por la colonización política, el gasto se escurre, se desvía y se descontrola. Hay connivencia de la dirigencia que se beneficia. Por eso “la tijera” no es la solución, que como mucho sirve de alivio momentáneo, hasta que se reanuda la tragedia griega sin fin de la Argentina. ■