Las FF.AA. de la democracia
A35 años del retorno a la democracia, es oportuno repasar siquiera brevemente el contexto histórico de entonces. En diciembre de 1983 asumía el presidente Raúl Alfonsín quien debió conducir la transición más difícil de nuestra historia.
La Argentina vivía un tiempo en que todas las esperanzas se cifraban en la restauración del Estado de Derecho y en el alumbramiento de una sociedad tolerante y pluralista. Se percibía la certidumbre de la definitiva cancelación de un ciclo histórico, que había estado signado por la violencia, el desencuentro, la inestabilidad institucional y el desprecio por las formas republicanas—por los militares, pero también por importantes sectores de la civilidad-- y esa sensación esta encarnada profundamente en todos los sectores de la vida nacional. Se quería dejar atrás, definitivamente, los seis golpes de Estado cívico-militares del siglo XX, concretados entre 1930 y 1976, a los que había que sumar más de cuarenta conatos y planteos militares contra el orden constitucional.
Ya al promediar el siglo, habían detonado voces de alerta por parte de algunos lúcidos pensadores de la Nación. Días después del cruento e irracional bombardeo de la ciudad de Buenos Aires, el 27 de julio de 1955, el doctor Arturo Frondizi, expresó: “Las Fuerzas Armadas, creadas, sostenidas e integradas por el pueblo argentino para la defensa de la soberanía y de la Constitución Nacional, no deben intervenir en polí- tica (…) En el cumplimiento de la gran misión democrática las Fuerzas Armadas hallarán el sentido de su participación en la vida nacional y así, al garantizar la integridad del territorio y la intangibilidad de sus instituciones de justicia y libertad, fortalecerán las raíces de nuestra independencia, de nuestro modo de vida democrático y nuestra prosperidad”.
Perón fue derrocado dos meses después, por una autodenominada “Revolución Libertadora”. En 1958 Frondizi fue elegido presidente y también derrocado en marzo de 1962. Al año siguiente asumió la presidencia de la Nación un gentil hombre, el doctor Arturo U. Illia, que en junio de 1966 fue ignominiosamente echado de la casa de gobierno. El último y definitivo golpe de Estado cívico-militar se concretó contra la presidenta María E. Martínez de Perón, en 1976. Ella había sucedido como vicepresidenta a su esposo, que había asumido en 1973 y fallecido en 1974. Este último golpe se autodenominó “Proceso de Reorganización Nacional”, y dio origen al más funesto y degradante periodo de nuestra historia.
En síntesis, todo pueblo es hijo de su Historia, de su pasado y no puede separarse de él. Todos los golpes de Estado en nuestro país han sido cívico-militares. Es indudable la participación de las Fuerzas Armadas, pero no olvidemos la incitación ideológica de sectores políticos, empresariales, corporativos, sindicales, periodísticos, culturales y hasta de algunos miembros de la iglesia. Gran parte de la sociedad había perdido, olvidado o marginado el real sentido de la juridicidad. Cierto es que nunca debimos hacernos cómplices y convertirnos en un brazo armado al servicio de espurios intereses económicos y, peor aún, en un autoritario partido militar al servicio de ilegítimos y hasta criminales procederes en el ejercicio del poder.
Las FFAA han aprendido la dura lección de la historia, y como ciudadanos de uniforme internalizaron culturalmente—y concretaron en la década de los’90-- la subordinación al poder civil, el respeto por la Constitución Nacional, por las leyes de la República, por la esencia de los valores democráticos y de los derechos humanos, un sistema de educación basado en la búsqueda de la máxima excelencia, el servicio militar voluntario, la presencia activa en Operaciones de Mantenimiento de Paz, el mando por objetivos compartidos y la incorporación de nuevas tecnologías.
Por ello, fue indispensable enfrentar las cargas de un pasado cuyas heridas se hallaban aún abiertas en el cuerpo de nuestra sociedad y que, recurrentemente, emergía sobre la conciencia colectiva con el peso del dolor y de la angustia de quienes habían perdido a sus seres queridos y no habían encontrado respuesta a su desesperación. Cargábamos también con las secuelas del lastimoso ejercicio del poder de la última dictadura, cuyos miembros nunca asumieron sus responsabilidades, a pesar de que tenían el total dominio del poder de decisión. No fue un problema menor superar la traumática e irresuelta derrota en Malvinas.
El nuevo siglo encontró a las Fuerzas Armadas plenamente subordinadas al poder civil y con un explícito compromiso con la democracia. Asimismo, han madurado las convicciones democráticas de muchos civiles que, en el pasado eran proclives a golpear la puerta de los cuarteles. Siempre tiene vigencia la sentencia de un preclaro general que honró el uniforme del Ejército, Pablo Riccheri, quien a principios del siglo pasado sentenció: “…Pero la verdad neta y sana es que si las instituciones armadas de un país se mezclan en las contiendas políticas, perdiendo su respetable y patriótica misión de ser los guardianes tutelares del orden y respeto a las leyes, bajo la autoridad que marca la Constitución, ¿a quién incumbiría entonces el mantenimiento de ese orden y respeto a la ley?.. Sería el caos con sus consiguientes desastres”
Por todo ello, las Fuerzas Armadas de la Nación son dignas merecedoras de portar las armas que se le han confiado para su defensa. ■