Prevalece el camino del Nunca Más
En la causa “Batalla” la mayoría de la Corte Suprema dejó atrás la doctrina sentada en el fallo “Muiña” mediante la cual sostuvo que el beneficio del 2x1 (computar dos días de condena efectiva por cada día de prisión preventiva) previsto por la ley 24.390 que rigió entre 1994 y 2001, -cuando por imperio de la vigencia de las leyes de punto final y obediencia debida muchos delitos de lesa humanidad no podían ser penalmente sancionados- era aplicable a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad.
La sentencia dictada en “Muiña” produjo una inmediata reacción del Congreso a través de la sanción de la ley 27.362 que fijó claramente la exclusión de las conductas delictivas que encuadraban en la categoría de delitos de lesa humanidad del beneficio del 2x1 y delimitó su aplicación exclusiva a todos aquellos casos en los cuales el condenado hubiera estado bajo el régimen de prisión preventiva durante la vigencia de la ley.
La mayoría del tribunal estuvo compuesta por dos jueces (Maqueda y Lorenzetti) que reafirmaron los argumentos que habían sostenido como minoría en el caso “Muiña” y por una jueza y un juez (Highton de Nolasco y Rosatti) que habían constituido la mayoría en el caso “Muiña”.
Los dos primeros expresaron que conforme lo establece la Constitución argentina y los Instrumentos Internacionales sobre derechos y tal como surge de la jurisprudencia de la Corte Suprema y de los órganos de aplicación de los Instrumentos Internacionales, los delitos de lesa humanidad no pueden ser amnistiados, indultados o conmutada la pena y el Estado argentino se comprometió internacionalmente a perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables. La aplicación del régimen del 2x1 a esta clase de delitos constituía una violación a la prohibición de sancionarlos de forma inadecuada, por cuanto a través de un mero cálculo aritmético, se reducía de forma automática la pena de prisión impuesta. La sanción de la ley 27.362 solo vino a ratificar el criterio interpretativo que habían expuesto oportunamente en el caso “Muiña”.
Los segundos se enfrentaron a un gran desafío: ¿Cómo modificar los argumentos expuestos en el caso “Muiña”? El punto de partida que utilizaron fue sostener que el Congreso está facultado para dictar leyes interpretativas de leyes anteriores para despejar dudas sobre conceptos oscuros, equívocos o dudosos. Luego verificaron que la ley 27.362 no encubría una modificación bajo el ropaje de la interpretación (a través del test de consistencia) y que ofreciera una interpretación verosímil en relación a la ley interpretada (mediante el test de razonabilidad.
Por último, concluyeron que el legislador con la sanción de la ley 27.362 realizó una interpretación consistente y razonable de la ley del 2x1, puesto que la gravedad de los delitos de lesa humanidad constituyó un fundamento suficiente para sustentar la imposibilidad de aplicar a sus autores el beneficio del 2x1, que ambas leyes -la interpretada y la interpretativa- se aplicaban de forma temporalmente conjunta y que ellos como jueces deferentes de la voluntad popular acataban el criterio interpretativo expuesto por los representantes del pueblo. La minoría encarnada por el juez Rosenkrantz partió del supuesto de distinguir entre delitos ordinarios y delitos de lesa humanidad (lo cual constituyó una evolución positiva respecto de los argumentos expuestos en “Muiña”). Pero consideró que respecto de estos últimos, solamente está prohibida la amnistía, el indulto y la conmutación de la pena, y como el régimen del 2x1 no encuadraba en ninguna de las interdicciones expuestas, entonces debía ser aplicado en virtud de que la ley 27.362 no tuvo un carácter interpretativo sino innovativo que violó el principio de irretroactividad de la ley penal.
El problema del argumento expuesto es que, bajo sus efectos, la ley de obediencia debida nunca hubiera podido ser inválida puesto que tampoco encuadra en las interdicciones reconocidas en torno a los delitos de lesa humanidad, como así también, que la obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de derechos prohíben toda forma de impunidad normativa en la persecución, juzgamiento y sanción adecuada de esta clase de delitos.
Con el fallo “Batalla” la Corte Suprema retomó definitivamente el camino de verdad, memoria y justicia como compromiso fundante de la democracia argentina sostenido por el eterno Nunca Más, que por nosotros y por los hijos de nuestros hijos, está mucho más allá de toda grieta o diferencia política. ■