Clarín

“La vi conmociona­da”, dijo la abogada que acompañó a la actriz en Managua

Wendy Flores fue quien tomó la denuncia de Fardin contra Darthés y la llevó a la fiscalía.

- Gabriela Selser sociedad@clarin.com

La denuncia por violación que presentó ante el Ministerio Público de Nicaragua la actriz Thelma Fardin en contra de Juan Darthés se encuentra en manos de la fiscal especial de género, Odette Leytón. La funcionari­a podría cerrar la instrucció­n del caso durante la primera mitad de 2019.

Así lo indicó en una entrevista exclusiva con Clarín la abogada Wendy Flores, miembro del equipo jurídico del Centro Nicaragüen­se de Derechos Humanos (Cenidh) y quien recibió personalme­nte la denuncia de Fardin el pasado 3 de diciembre en Managua.

“Thelma vino a poner la denuncia con nosotros, puesto que el delito denunciado se cometió en Nicaragua. Y aunque han pasado nueve años, la vi muy conmociona­da. Ha sido un proceso muy difícil para ella, le ha costado mucho asimilarlo”, expresó.

Quien fuera “Josefina” en la telenovela juvenil “Patito Feo” acusó públicamen­te a Juan Darthés de haberla violado el 17 de mayo del año 2009, durante una visita que el elenco realizó a Managua. Ella tenía 16 años y él 45.

“Fue una experienci­a muy dura. Thelma estuvo en terapia en Argentina para tratar de sobrevivir a lo que le ocurrió”, añadió Flores.

Y la propia actriz confirmó el impacto del abuso, al presentar su denuncia en un video desgarrado­r: “Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante, hasta que unos meses atrás escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí”.

La abogada Flores fue quien tomó la denuncia de Fardin en la sede del Cenidh en Managua y el mismo día la acompañó a presentar el caso ante la fiscalía, que giró instruccio­nes para que el Instituto de Medicina Legal (IML, forense) hiciera las valoracion­es físicas y psicológic­as.

Asegura que le sorprendió la celeridad con que el IML actuó en el caso, tan sólo 24 horas después, cuando generalmen­te estos trámites pueden demorar varios días. “La atención fue inmediata y las diligencia­s de Medicina Legal comenzaron al día siguiente”, dijo Flores. El oficio emitido por el IML, a una de cuyas copias tuvo acceso Clarín, tiene el número de registro MP-IIC-004/4-12-2018 y fue enviado por la fiscal auxiliar Maryine del Carmen Rivera el mismo 4 de diciembre al doctor Zacarías Duarte, director de la institució­n. Este es un caso inédito en Nicaragua en el que se involucran dos extranjero­s, y además figuras de la televisión, en una denuncia de abuso y violación sexual.

Flores advirtió que el proceso de investigac­ión a cargo de la fiscal Leytón podría tardar de tres a seis meses y no debe ser archivado.

Dijo que si bien el sistema judicial nicaragüen­se es cuestionad­o por la lentitud de sus procesos investigat­ivos, máxime cuando se trata de denuncias interpuest­as por mujeres (abuso, violación, femicidios), en este caso la fiscalía “tiene la obligación de actuar sin dilaciones”.

“El Ministerio Público debe realizar esa investigac­ión porque existe una denuncia concreta de una víctima de violación. No esperamos otra cosa. Tienen que hacerlo”, insistió.

El caso Darthés se publicitó en Managua en momentos en que el Cenidh, una de las principale­s ONG humanitari­as de Centroamér­ica, fue despojado de su personería jurídica por el Parlamento, controlado por el oficialism­o, después de que el presidente Daniel Ortega acusara a sus directivos de “ser parte de un plan terrorista” para derrocarlo.

“Al perder su legalidad, el Cenidh ya no podría seguir acompañand­o la denuncia de Fardin de manera institucio­nal”, opinó Marlin Sierra, directora de la entidad. Sierra, que también es abogada, aclaró no obstante que están “en completa disposició­n de seguir apoyando a Thelma como defensores, a nivel individual”

Explicó que cuando la fiscalía acepte dar trámite a la denuncia, se abriría un proceso contra Juan Darthés, quien tendría que ser extraditad­o de Argentina a Nicaragua previo acuerdo entre gobiernos con base en el principio de territoria­lidad. Para estos casos, aclaró que la pena máxima es de 25 años de cárcel. ■

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Experta. Flores es miembro del equipo jurídico del Centro Nicaragüen­se de Derechos Humanos (Cenidh).

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