Cayó un ex funcionario por cobrar coimas para habilitar agencias de seguridad privada
Fernando Amarilla, presidente del bloque Justicialista en el Concejo Deliberante de Ezeiza, dirigió el organismo bonaerense que debía controlar las empresas.
Un escándalo estalló en Ezeiza, pero podría sacudir a buena parte de la Provincia: la Justicia ordenó la detención de Fernando Amarilla, ex presidente del Concejo Deliberante de ese partido y actual concejal del PJ, acusado de haber extorsionado a agencias de seguridad privada para otorgarles habilitaciones y otras facilidades durante los dos años en los que estuvo a cargo de la Dirección de Agencias de Seguridad del Ministerio de Seguridad bonaerense.
La orden de detención fue dictada por el juez de Garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale y concretada ayer en el propio Concejo Deliberante de Ezeiza. El delito que se le imputa a Amarilla es el de extorsión, sumado a incumplimiento de los deberes del funcionario público, por casos que habrían ocurrido entre 2013 y 2015, durante la gestión como ministro de Seguridad del actual intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. La denuncia que inició el expediente fue realizada por su sucesor en el Ministerio, Cristian Ritondo, ya que cuando en su momento las víctimas pusieron en conocimiento de las autoridades nadie les llevó el apunte.
Las sospechas contra Amarilla aparecieron tras el relevamiento de una serie de denuncias de irregularidades en expedientes administrativos relacionados con la habilitación y control de agencias de seguridad en la Provincia que hizo la nueva gestión ministerial. Según la investigación judicial, se habrían comprobado intimidaciones a propietarios de empresas, a quienes los habrían obligado a entregar dinero bajo amenazas y presiones.
“Amarilla cumplía el rol de jefe de la organización, dando las directivas y supervisando -desde su lugar de poder institucional- que se produjeran los bloques de habilitaciones e inspecciones, como también, garantizando inmediatamente las habilitaciones a quienes pagaran las sumas requeridas”, señala la imputación judicial contra el concejal, en la que se anticipa que podrían producirse más detenciones.
La primera denuncia fue realizada por Claudio Daniel Dezillio en el propio Ministerio de Seguridad bonaerense, el 23 de abril de 2014, cuando su titular era Alejandro Granados. Aseguró que a principios de ese año recibió un llamado telefónico en las oficinas de la empresa que dirige, “Protected Spirits”, por parte de quien se identificó como la secretaria de un funcionario del Ministerio. Le dijeron que querían coordinar una reunión. El denunciante destacó, que previo a ese encuentro, recibió más de diez inspecciones en distintos objetivos de la otra empresa de la que es apoderado, “Prevent Security”, en Canning, San Vicente y Ezeiza. Allí, explicó, los inspectores realizaron críticas y les sugirieron a los clientes que contrataran a otras compañías.
Dezillio agregó que asistió a la reunión en la Dirección de Agencias, donde estuvieron Fernando Amarilla y otro hombre, a quien identificó como “dueño de una empresa de seguridad”. Según contó, allí el director le dijo que todo diálogo sería a través de esa persona, “sin supervisores ni jefes de seguridad de por medio...”.
Según Dezillio, al terminar la reunión el dueño de la otra agencia de se- guridad lo invitó a un café cercano. “Me dijo mirá, vamos a ser claros, por una cuota mensual no te molestamos más’”, afirmó el denunciante, quien habría hablado en nombre del Ministerio. “Hacete amigo de esta mesa y todo va a estar bien... Si no las actas van a seguir”. El denunciante le respondió que era demasiado dinero y ofreció $ 12.000 por mes durante los primeros tres meses, con la promesa de volver a negociar luego.
Dezillio contó que hizo el primer pago en el puente del Coto de Temperley. El 23 de enero del año 2014, contó el denunciante, se presentó en la Dirección de Agencias para requerir un certificado de habilitación vigente para “Protected Spirits”. Lo recibió esa misma tarde.
El denunciante agregó que luego de esa reunión se negó a seguir pagando y volvieron a “hostigar” a su empresa. “Yo no quería pagar ni 18.000 ni más pesos, entonces ellos pasaron a cumplir la extorsión afectando a la empresa”, afirmó.
A su declaración se sumó la de Ricardo Ernesto Baro, jefe de Seguridad de las empresas “Protected Spirit” y “Prevent Security”. Este testigo contó que sabía que el dueño de la agencia mencionado por Dezillio actuaba como “asesor” de Amarilla. Al cierre de esta edición, el presunto “intermediario” aún no había sido detenido. Fuentes del caso adelantaron que podría haber más imputados.
Los Amarilla tienen una larga trayectoria política en Ezeiza. Edgardo, papá de Fernando, también fue presidente del Concejo Deliberante de Ezeiza y es secretario de Seguridad municipal. José Luis, tío del edil detenido, fue arrestado en agosto, acusado de proteger al jefe de la barra de Tristán Suárez, señalado como jefe de una banda narco que operaba en ese distrito del sur del Conurbano. ■