La OA pide que Cristina vaya a juicio por los hoteles
Al pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para que Cristi- na Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez y otros doce acusados más vayan a juicio oral, se sumó el de la Oficina Anticorrupción (OA) como querellante.
La OA, conducida por Laura Alonso, pidió ayer que la causa que investigó maniobras de lavado por $ 80 millones a través del negocio hotelero, avance hacia la próxima instancia. La familia Kirchner quedó procesada por lavado de dinero a raíz de los negocios hoteleros que celebró con Lázaro Báez, responsable de administrar los centros turísticos hasta julio de 2013.
La empresa hotelera Hotesur SA está intervenida y la mayoría de los alojamientos, que entre otras cosas celebraron contratos con Aerolíneas Argentinas, se encuentran sin actividad desde que la ex Presidenta dejó la Casa Rosada.
En este contexto, la UIF y la OA como organismos del Gobierno querellantes solicitaron que vayan a juicio oral los acusados en este expediente. Según fuentes judiciales, el juez Julián Ercolini dará por clausurada la instrucción en las próximas semanas y así, Cristina Kirchner sumará su quinto expediente elevado a juicio.
En el escrito de la OA al que accedió Clarín se sostuvo que existe una "trama delictiva diseñada por Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, Máximo Carlos Kirchner y Lázaro Báez", que incluía como "aspecto esencial del circuito de lavado la compra de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, hacia los cuales se direccionaron finalmente los fondos provenientes de los contratos fraudulentos de obra pública vial".
Para adquirir el paquete accionario de la sociedad propietaria del hotel Alto Calafate y la propiedad de la hostería Las Dunas por los que debieron desembolsar la suma de U$S 4.900.000 y U$S 700.000, respectivamente, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner debieron contar con dinero líquido y de procedencia justificada -del que no disponían, ya que debido a su función pública como ex presidente y presidenta de la Nación debían dar cuenta y declarar ante las autoridades competentes la incorporación de esos bienes a su patrimonio.
En la causa Hotesur, la hipótesis que se investigó es que los ex Presidentes y sus hijos recibieron dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba -según señaló el magistrado- poder declarar esos fondos ante el organismo anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito. Estas transferencias incluyen los 4,6 millones de dólares que la hija de Cristina Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años.
Hotesur está intervenida y la mayoría de los alojamientos se encuentran inactivos.
Así, quedaron procesados y a un paso del juicio oral 20 imputados, entre ellos Cristina y sus hijos, como Lázaro Báez y su hijo Martín. Se los acusó de haber formado parte de "un complejo entramado societario" que se puso en marcha "para poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado (la causa de obra pública)".
Para lograr esto, según ya habían planteado los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques durante la investigación, los acusados “recurrieron a los fondos obtenidos junto con Lázaro Báez, por la asignación irregular de obra pública vial en su provincia de origen” (52 contratos por $ 46.000 millones) y “múltiples” negocios con las empresas del Grupo Austral”, con el fin de otorgarles a dichas operaciones comerciales, "apariencia de legítimas".
Hubo más de quince compra-ventas de terrenos y propiedades entre el empresario K y los ex Presidentes. Con dicho flujo de dinero, indicó Ercolini, "Kirchner -a través de su hijo Máximo- adquirió los hoteles. Para la “maniobra económica diseñada desde el negocio hotelero”, fue indispensable la firma Valle Mitre SRL propiedad de Lázaro Báez. ■