Violencia de género, ataques a la prensa y otras violaciones
Detalle. El informe de la ONU también incluye datos sobre un amplio sistema de restricción o negación de libertades.
El informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, no sólo alude a los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas. También habla de violencia de género, de ataques a la prensa y de la criminalización de la oposición. Estos son los puntos centrales sobre esos temas:
Libertad de Expresión.
“En los últimos años el Gobierno ha tratado de implantar una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. Esta situación ha continuado empeorando en 2018-2019. Han tenido que cerrar docenas de medios impresos y el Gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión. Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de periodistas extranjeros. Actualmente hay centenares de periodistas venezolanos/as exiliados/as (...) son con frecuencia blanco de discursos que los tildan de ‘traidores’ y ‘agentes desestabilizadores’. Los medios de comunicación progubernamentales difunden ampliamente esta retórica, por ejemplo, a través del programa televisivo semanal ‘Con el mazo dando’ presentado por el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)”, Diosdado Cabello.
Represión selectiva y persecución por motivos políticos.
“Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional. Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as políticas y críticas al Gobierno. Esta tendencia se ha aumentado desde 2016”.
Criminalización de la oposición. “Sucesivas leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al Gobierno mediante disposiciones vagas, aumentos de sanciones por hechos que están garantizados por el derecho a la libertad de reunión pacífica, el uso de la jurisdicción militar para personas civiles, y restricciones a ONGs para representar a víctimas de violaciones de los derechos humanos”.
Denegación de justicia
“Las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos”.
Ataques a mujeres.
“Las mujeres, en particular las defensoras de derechos humanos, enfermeras, profesoras y funcionarias públicas, han sufrido ataques en función de su género mediante comentarios sexistas, violencia de género en línea y humillaciones públicas. La represión selectiva contra miembros de la oposición y líderes sociales infunde miedo al mostrar las consecuencias que puede acarrear el oponerse o meramente criticar al Gobierno o el expresar disentimiento (...) “El ACNUDH documentó casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención”. ■