El curioso uso del concepto “guerra jurídica”
En los últimos meses se ha invocado la expresión “lawfare”, contracción de las palabras inglesas law (ley) y warfare (guerra donde una de las partes tiene un poder muy superior a la otra) que se traduce al español como “guerra jurídica”.
En su origen ella aludía al uso de la ley como herramienta de poder y se la empleó para criticar el sistema jurídico occidental, arguyendo que consiste más en una “guerra” en los tribunales que en la búsqueda de la verdad.
Lo curioso del uso reciente del novedoso término –ausente aún en los diccionarios ingleseses su invocación para proteger a acusados de delitos de corrupción, calificando de “guerra jurídica” causas tramitadas por Tribunales competentes con plena garantía del derecho de defensa de los imputados y procesados. Así lo emplearon algunos de los procesados o sus partidarios, con la evidente intención de descalificar los juicios tramitados en su contra.
La corrupción es un fenómeno global, uno de los más serios problemas actuales de la humanidad. Según el Banco Mundial cada año se pagan sobornos por más de un billón de dólares. El Secretario General de las Naciones Unidas estimó que el costo anual global de la corrupción en 2,6 billones anuales, el equivalente al 5% del PBI mundial.
Este mal indiscutible se agrava en las naciones menos desarrolladas y en particular en Latinoamérica. Transparencia Internacional y otras prestigiosas ONG´s plantean que en muchos países de la región, incluida la Argentina, impera la Gran Corrupción, extendida de modo sistémico. Las investigaciones judiciales comprueban esos niveles de corrupción sistémica que privan a los Estados de montos enormes, impidiéndoles cumplir sus obligaciones y asegurar los derechos de las personas. Sabemos que la corrupción daña y mata, sobre todo a quienes menos tienen.
En el Lava Jato brasileño hay más de 150 condenas a altos dirigentes de diversos partidos políticos, funcionarios de primer nivel y varios de los más poderosos empresarios. La abrumadora mayoría de las condenas fue confirmada por todas las instancias judiciales y se recuperaron ya más de 3000 millones de dólares para el Estado. Las causas abiertas en once países a raíz de los delitos cometidos por Odebrecht, avanzan de modo dispar pero involucran a varios ex presidentes y altos funcionarios.
En la Argentina, las causas por corrupción duran en promedio más de 14 años y suelen tramitar con lentitud exasperante y llamativa. Pese a ello, a partir de la causa “Cuadernos”, decenas de empresarios de obras y servicios públicos confesaron haber abonado sobornos millonarios y participado de la cartelización de los contratos, impulsados por la cúpula del gobierno que condujo el país entre 2003 y 2015. Muchas otras causas judiciales han avanzado, un ex vicepresidente se encuentra condenado en dos instancias y varias otras están en etapa de juicio oral.
Es claro pues el absurdo de usar la contracción “lawfare” para politizar o minimizar procesos judiciales que juzgan graves delitos de corrupción y se tramitan regularmente, ante los jueces que deben intervenir según las normas constitucionales y legales de cada país y con pleno goce de las garantías por quienes se encuentran acusados. Hace escasos días un precandidato a Presidente de la Nación utilizó el término en cuestión y planteó como “evidencia” de la inocencia de su compañera de fórmula que él había revisado los numerosos procesos seguidos contra ella y, siendo profesor universitario, aseguraba que no tenían suficiente fundamento.
Afirmaciones como esa u otras que consideran “presos políticos” personas detenidas por orden judicial, incluyendo en el concepto a quienes ya han sido condenados en procesos ajustados a derecho y no cuestionados como tales, ignoran reglas elementales del Estado de Derecho democrático, donde el juzgamiento de los crímenes sólo puede estar a cargo del Poder Judicial. ■