Indagarán al financista Clarens en una nueva causa por lavado
Después del pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez Julián Ercolini citó a indagatoria al financista Ernesto Clarens, a Sergio, Fausto y Fabiana Gotti, entre otros imputados, acusados de haber utilizado una estructura societaria y financiera para el lavado de más de 160 millones de dólares.
El llamado a indagatoria se realizó en una causa conexa a la corrupción en la obra pública donde Cristina Kirchner y Lázaro Báez están procesados por asociación ilícita y fraude al Estado. Las indagatorias comenzarán el 21 de agosto y concluirán el 8 de octubre con Clarens.
Pollicita avanzó el año pasado en la investigación sobre el movimiento de fondos de Ernesto Clarens, el financista que supo ser dueño de Invernes SA, firma que tuvo autorización para el cobro de certificaciones de obra que provenían del Estado a nombre de Gotti SA. Estas firmas fueron absorbidas por Lázaro Báez a través del Grupo Austral, el holding al que Cristina Kirchner -según el procesamiento del juez Ercolini-, favoreció con 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos.
Esas contrataciones fueron adjudicadas bajo “una gran cantidad de irregularidades administrativas” que expusieron “el direccionamiento a favor del Grupo Báez”. Los agravantes en la maniobra fueron las obras inconclusas, los sobreprecios del 65% promedio que se abonaron sobre las licitaciones y las omisiones en los controles sobre las empresas del holding, entre las más relevantes.
De esta investigación se desprende una ruta de dinero millonaria que busca reconstruir el fiscal Pollicita. “Se ha podido corroborar una nueva operatoria criminal por medio de la cual la asociación ilícita ya investigada desplegó un proyecto delictivo, bajo la conducción de Lázaro Báez y Ernesto Clarens —con la colaboración de una gran cantidad de individuos— ”, expresa el llamado a indagatoria.
Según la investigación, se realizaron un conjunto de maniobras sobre una porción importante de los “fondos sustraídos al Estado Nacional a través del fraude en la obra pública”, el cálculo inicial arroja 502 millones de pesos, “equivalentes a 160 millones de dólares aproximadamente, a la cotización oficial de entonces”.
Lo que se puso en marcha fue un “mecanismo de reciclaje basado en la ficción de costos inexistentes, con el objetivo de dar a dichos fondos apariencia de licitud, alejándolos de su origen espurio y convirtiéndolos en efectivo, lo que obstruyó para siempre su seguimiento”.
Como toda maniobra de lavado de dinero, requiere de un delito precedente. En este caso, se determinó que como en otras investigaciones por blanqueo que involucran a Lázaro Báez, a la familia Kirchner y a parte de su entorno, el origen de los fondos que se aplicaron a dichas operaciones es el otorgamiento de obra pública vial. Vinculada a esta causa principal, Pollicita determinó que en claro “detrimento del erario público”, la hipótesis que se investiga en estos actuados consiste en la maniobra criminal implementada entre los años 2005 y 2009 “por medio de la cual se llevó adelante un mecanismo de reciclaje de una parte importante de ese dinero a través de la ficción de costos inexistentes, con el fin de otorgar a dichos fondos apariencia de licitud, distanciándolo de su origen delictivo en la defraudación al Estado Nacional”. ■