Idas y vueltas que dejaron a la investigación en un laberinto
En deuda. La Justicia no logró que los culpables sean juzgados y sentenciados. Las autoridades políticas no supieron o no quisieron facilitar todos los instrumentos.
Tras aquella mañana del 18 de julio de 1994 en la que una camioneta Traffic acondicionada como coche bomba detonó frente al edificio donde funcionaban la AMIA y la DAIA, comenzó una larga peregrinación para las familias de los 85 muertos. La investigación judicial no llegó donde debía: conseguir que todos los culpables sean juzgados y sentenciados.
La Argentina ya había sido blanco de otro ataque terrorista, el del 17 de marzo de 1992 contra la embajada israelí en Buenos Aires, que dejó 29 muertos. Ambos ataques ocurrieron bajo el gobierno de Carlos Menem.
La primera investigación sobre AMIA la llevaron a cabo el ex juez Juan José Galeano y de los fiscales federales Eamon Mullen y José Barbaccia. Galeano hizo en 1994 un viaje a Venezuela donde un ex diplomático iraní, que luego fue apuntado como agente de la CIA, Manoucher Motamer, le entregó información que remitía a que Irán estaba detrás del atentado a la mutual judía. Días después de ese viaje, un grupo denominado Ansar Allah, vinculado a Hezbollah, se adjudicó la autoría del hecho, en un comunicado publicado en un periódico libanés. Hezbollah posee un brazo armado con base en el Líbano y tiene presencia en Latinoamérica. Sus milicianos son entrenados, financiados y dirigidos por las máximas autoridades de la República de Irán, sostuvo la investigación judicial desde las primeras horas.
Un eje de la investigación hizo pie en el reducidor de autos Carlos Alberto Telleldín, arrestado en ese mismo julio de 1994. Fue apuntado como el hombre que vendió la camioneta Traffic con que se hizo el ataque. Uno de los grandes escándalos de esa investigación fue el pago por parte de Galeano a Telleldín de US$ 400.000 para que le diera información. Ese encuentro fue filmado y el video se conoció en 1997. Luego, se acusó a cuatro policías uno retirado por su presunta participación en la "conexión local" del ataque.
En 2001 comenzó el juicio oral por AMIA, pero en septiembre de 2004, la justicia absolvió a todos los imputados de la conexión local, incluso a Telleldín. Fueron 22 personas absueltas. Ello dejó "en evidencia serias irregularidades y conductas delictivas durante la etapa de instrucción".
En 2003, el Reino Unido rechazó extraditar a la Argentina al ex embajador iraní en Buenos Aires, Hade Soleimanpour, en momentos en que estaba de viaje en Londres. En 2004 gobernaba Néstor Kirchner y, fruto de las críticas que dejó la absolución de los inculpados en el juicio oral, se creó la emblemática Unidad Fiscal de Investigación para la causa AMIA (conocida como UFI-AMIA), bajo la Procuración General de la Nación.
Esa fiscalía quedó a cargo de Alberto Nisman hasta que apareció muerto el 18 de enero de 2015, un día antes de la cita que tenía en el Congreso para dar detalles de su denuncia contra la presidenta Cristina Kirchner y varios de sus ex funcionarios, a los que acusó de encubrir a los iraníes sospechosos de ser autores intelectuales del ataque. Para entonces, también había sido desplazado el ex juez Galeano y Rodolfo Canicoba Corral se hizo cargo de la investigación.
En 2006 hubo dos hechos relevantes en la causa: el juez Ariel Lijo procesó a Galeano; al ex presidente de la
DAIA en el momento del atentado, Rubén Beraja; al ex jefe de la ex SIDE, Hugo Anzorreguy, entre otros. Ese mismo año, Nisman acusó formalmente a Hezbollah de ejecutar el atentado y a Irán de estar por detrás del mismo.
El fiscal pidió la captura internacional de un grupo de nueve ex funcionarios iraníes a través de Canicoba Corral -que suma en 2009 un décimo, Samuel Salman El Reda, considerado coordinador del atentado- e Interpol aceptó pedirla en noviembre de 2007, pero para cinco de ellos: Ali Falhijan (ex ministro de Seguridad), Mohsen Rezai (ex comandante de la Guardia Revolucionaria asesor del lider espiritual), Ahmad Vahidi (ex jefe de la guardia Revolucionaria y luego ministro de Defensa de Mahmud Ahmadinejad); Mohsen Rabbani, ex agregado cultural en la Argentina, y Ahamd Reza Ashgari (tercer secretario de embajada). En 2009, Lijo procesó por encubrimiento al ex presidente Menem por encubrimiento junto a Galeano, Anzorreguy y otros.
Las deficiencias investigativas y los delitos que se pusieron en evidencia durante el juicio oral llevado adelante ante el Tribunal Oral Federal 3 motivaron la formación de un nuevo proceso, con un juicio oral y público propio, que culminó en febrero de este año, con la condena de los funcionarios que estuvieron a cargo de la SIDE, Galeano, los fiscales y otras personas. "Tales falencias también implicaron que el Estado Argentino en el año 2005 asumiera su responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no adoptar las medidas necesarias para prevenir el hecho, y por su encubrimiento", indicaron a Clarín en la UFIAMIA, que desde noviembre de 2018, conduce Sebastián Basso.
Los pedidos de captura de los iraníes acusados se encuentran vigentes bajo “difusiones índice rojo” en Interpol, a excepción de Velayati y Soleimanpour. A pesar de ello, hay registradas al menos veinte situaciones diferentes en las que los ciudadanos iraníes eludieron los pedidos de captura de la Justicia argentina a terceros países por donde pasaron, entre ellos Venezuela y Bolivia.
El ex presidente Kirchner reclamó desde 2009 ante Naciones Unidas que Irán respondiera a los pedidos de Justicia argentina por el atentado -Teherán siempre negó estar por detrás del mismo y raramente respondió a los exhortos argentinos-, pero Cristina cambió radicalmente la política tras la muerte de su marido.
Cristina se acercó a Irán, aliado de Venezuela, y en enero de 2013 firmó el memorándum de entendimiento con el gobierno del ex presidente Mahmud Ahmadinejad, que al principio fue recibido por la dirigencia de DAIA con señales confusas, pero luego fue inmediatamente rechazado. La AMIA siempre lo rechazó.
El memorándum estableció una "Comisión de la Verdad" para que juristas internacionales analizaran el atentado y se interrogara a los acusados en Teherán. El Congreso lo arpobó por ley, algo que no hizo Irán. Más adelante, el memorándum fue declarado inconstitucional por la justicia argentina y nunca entró en vigencia
Nisman presentó una denuncia por presunto encubrimiento, el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de aparecer muerto. Dijo que el propósito del memorándum era favorecer el intercambio comercial con Irán a cambio de la baja de las alertas rojas.
En marzo de este año comenzó a juzgarse nuevamente a Telleldín ante el Tribunal Oral Federal Nro. 3, luego de que la Corte revocara parcialmente las absoluciones dictadas en su oportunidad por ese Tribunal. Telleldín es acusado por la Fiscalía por facilitar la camioneta Renault Traffic que se utilizó en el atentado y se calificó su conducta como homicidio agravado con una pena en expectativa de prisión perpetua. ■