El tema de las drogas en esta campaña

En la campaña previa a la primera vuelta a la elección presidencial de 2015 los tres candidatos más votadas -Macri, Scioli y Massapresentaron iniciativas relativamente semejantes en materia de drogas: todos, con ligeros matices, estaban inclinados a desplegar una cruzada represiva. No es que la Argentina previa hubiera tenido políticas anti-prohibicionistas; pero sí era novedoso postular, como lo hicieron los tres, que con más mano dura el fenómeno de las drogas sería resuelto.

Con el triunfo de Cambiemos, se puso en marcha un plan denominado “Argentina sin narcotráfico” y en febrero de este año el Gobierno presentó el balance 201618 de su gestión. Sumando los resultados del trienio, el Ministerio de Seguridad anunció records por doquier: las cifras de incautación, en particular, parecían elocuentes. Sin embargo, al desagregarlas, el éxito no es tan rutilante.

En relación con la marihuana, los decomisos efectivamente crecieron, en especial entre 2017 y 2018. Pero la incautación de cocaína disminuyó: pasó de 12.133 kg confiscados en 2017 a 8.522 kg en 2018 y en cuanto a las drogas sintéticas se pasó de 222.201 unidades incautadas en 2017 a 68.570 unidades en 2018.

En realidad, hay dos cuestiones centrales respecto a las estadísticas. Por un lado, en general -y la experiencia comparada lo confirma- las proclamas de grandes triunfos suelen comprobarse en el tiempo como victorias pírricas pues no se producen modificaciones sustantivas y sostenidas en el negocio de las drogas. Por el otro, es indispensable un análisis cualitativo de la información disponible pues, por ejemplo, las incautaciones deben vincularse al ingreso de drogas, a si las fuerzas de seguridad están comprometidas

con la regulación del mercado y a la capacidad adaptativa de los narcotraficantes a la interdicción.

Como lo mostró en 1988 un minucioso estudio de la RAND Corporation ( Sealing the Borders: The Effects of Increased Military Participation in Drug Interdiction), a menos de que se sellen completamente las fronteras de un país, la expectativa de resultados promisorios en materia de incautación de drogas es bajísima.

Adicionalmente, es importante destacar que se acaba de publicar el informe anual sobre drogas de la ONU y los datos son inquietantes. El uso de drogas es hoy 30% mayor al de 2009. La producción de cocaína alcanzó su nivel histórico más alto: 1.976 toneladas. La de heroína fue de 7.900 toneladas. Hay además un boom del mercado de opioides sintéticos.

Asimismo, la disponibilidad de acceso a la salud frente a las adicciones es limitada: apenas 1 de cada 7 personas recibe tratamiento. Paralelamente, el encarcelamiento masivo y la prisión preventiva constituyen las notas predominantes en sistemas penitenciarios desbordados por el combate anti-narcóticos. En breve, el énfasis en atacar la oferta de drogas, el hincapié en medidas punitivas y la quimera de lograr la abstinencia plena han sido un fiasco.

Con este contexto interno e internacional, sería importante que el debate electoral en torno a las drogas se orientara a identificar y proponer políticas distintas a las convencionales y enmarcarlas con indicadores diferentes a los usuales.

Para que eso sea posible se requieren tres condiciones indispensables: los candidatos deben eludir el recurso a generar pánico ciudadano, deben legitimar la valor de la innovación y deben reivindicar la protección a los más vulnerables.

El principio de prevenir y sanar podría ofrecer mejores dividendos electorales para cada uno y, eventualmente, le podría dar al triunfador una plataforma para una política más consensual en materia de drogas.

En este sentido, es clave repensar la forma de medir el avance en la superación del fenómeno de las drogas. En vez de repetir los indicadores ya fallidos será esencial considerar nuevas métricas, con un acento en la reducción de la demanda y el control de la violencia. Veamos algunos ejemplos. Primero, ampliar y mejorar el acceso, la cobertura y el tratamiento a los consumidores con el objetivo de reducir los daños del uso de drogas. Segundo, diseñar y aplicar mecanismos alternativos al encarcelamiento, con una particular atención a los jóvenes, las mujeres y los pobres, con el objetivo de evitar el abuso de la prisión preventiva y disminuir la población encarcelada. Tercero, enfatizar y extender beneficios derivados del desarrollo con el objetivo de estrechar la entrada prematura y masiva a mercados ilícitos mediante la provisión de empleo, educación, derechos humanos y vivienda a la ciudadanía en riesgo. Cuarto, someter a reformas periódicas a las fuerzas de seguridad y a las agencias de inteligencia vinculadas a la estrategia anti-drogas con el objetivo de impedir la corrupción, asegurar la transparencia y elevar la eficacia. Quinto, desmantelar el nexo financiero entre criminalidad y política con el objetivo de desbaratar los vínculos entre las elites y los negocios ilícitos. En breve, el éxito se debe medir de otro modo y con otros indicadores. La “guerra contra las drogas” ya ha generado muchas víctimas; es tiempo de pensar más en las personas que en las sustancias. ■