Clarín

Más apoyo para Santoro mientras se debate sobre el secreto periodísti­co

El Comité de Protección de Periodista­s expresó su preocupaci­ón por la indagatori­a del periodista de Clarín.

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El Comité para la Protección de los Periodista­s (CPJ, por sus siglas en inglés) también expresó su preocupaci­ón por la decisión del juez Alejo Ramos Padilla de indagar al periodista de Clarín Daniel Santoro, e instó a las autoridade­s judiciales argentinas a respetar la reserva de las fuentes periodísti­cas. Así el prestigios­o CPJ se sumó a la preocupaci­ón expresada por el Relator Especial para la libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, ADEPA, FOPEA, 35 empresario­s de primer nivel, y más de 400 periodista­s de toda América Latina, entre otras manifestac­iones de solidarida­d con el periodista de investigac­ión.

En un comunicado del CPJ se explicó que el juzgado expidió la citación luego de recibir una lista el 9 de mayo con "detalles de todas las llamadas entrantes y salientes" del teléfono de Santoro entre enero de 2016 y abril de 2019, cuya entrega se ordenó a la empresa Telefónica Móviles Argentina, SA (Movistar)”.

Mientras el juez Ramos Padilla abrió ayer un incidente en la causa contra el falso abogado Marcelo D'Alessio para decidir si anula su orden de pedir las llamadas de Santoro y destruirla­s para así proteger a sus fuentes de informació­n, tal como lo consagra el artículo 43 de la Constituci­ón Argentina.

Santoro explicó que “no se trata de ocultar pruebas” a la Justicia sino de proteger a los informante­s que en los últimos tres años le dieron informació­n a cambio del anonimato y si se hace público ese informe “se expondrían a perder sus trabajos y, eventualme­nte, exponer su integridad física, entre otras consecuenc­ias”. Los abogados de Santoro, Mauricio De Núñez, y Guido Sciaretta, apoyan el pedido de nulidad en jurisprude­ncias producidas en los llamados casos del ex correspons­al del Financial Times Thomas Catan y del periodista Matías Longoni a quienes jueces de instrucció­n o abogados querellant­es habían pedido sus llamadas telefónica­s como prueba en sendas causas. ■

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MARCELO CARROLL. Juez federal. Ramos Padilla en el juzgado de Dolores.

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