Consensos para mejorar la educación
Acaban de cumplirse 135 años de la sanción de la Ley 1420 de educación común, laica, gratuita y obligatoria. Posiblemente, la ley más importante que jamás haya aprobado nuestro Congreso. Pergeñada por Domingo Sarmiento y hecha realidad durante el gobierno de Julio Argentino Roca, no sería exagerado decir que fue la Ley que creó la Argentina y la argentinidad; todos nuestros abuelos inmigrantes, que apenas conocían el idioma y mucho menos nuestra geografía y reciente historia, igualaron sus saberes, honraron nuestra bandera, cantaron nuestro himno y se convirtieron en argentinos. En pocas décadas, nuestro país dejó de ser analfabeto y cumplió el sueño de la movilidad social ascendente.
Hace unos días, el ex ministro Daniel Filmus manifestaba en estas páginas su temor acerca de que los avances logrados en el cumplimiento de la obligatoriedad educativa se frenaran en caso de vulnerarse las metas de la Ley de Financiamiento Educativo.
Al respecto, los argentinos podemos estar tranquilos. Desde 2015, se ha sostenido la inversión en términos presupuestarios y, además, se han fortalecido los lazos con las provincias. Cuando asumió el presidente Macri, casi todas las provincias del país estaban en situación deficitaria. Hoy, 20 de ellas son superavitarias y viven su mejor situación fiscal en muchos años.
Ello gracias a la devolución de 15 puntos de coparticipación que en el pasado el Estado nacional retenía y utilizaba de manera discrecional. Pasamos de un modelo en el cual el Estado Nacional tomaba de rehenes a las provincias, para pasar a otro en el que ellas deben asumir su parte de responsabilidad en la planificación, ejecución y rendición de cuentas.
Recuperamos para el Estado la capaci
dad de dictar las políticas públicas. Hasta el 2015, la educación estaba en manos de pequeños grupos que inclinaron la balanza hacia intereses sectoriales. Fortalecimos uno de los órganos de gobierno más democráticos, el Consejo Federal. Allí, entre todos los ministros del país, hemos alcanzado los consensos para transformar los contenidos que permitirán seguir construyendo futuro.
A modo de simple ejemplo, la Educación Sexual Integral, ley sancionada en 2006 solo tuvo adhesión de 7 jurisdicciones. Desde 2018 existe una resolución del
Consejo Federal, firmada por 23 provincias, que hace prioritaria la implementación de contenidos mínimos para los tres niveles.
Afrontamos déficits históricos, visibilizándolos y acordando la forma de revertirlos. Repensamos la secundaria y mejoramos los aprendizajes en la primaria. Juntos vamos dejando atrás una escuela media que no alcanzaba a contener a los alumnos ni los llevaba a la verdadera inclusión, que es la del camino del conocimiento.
Estamos cambiando su formato para que tenga la dinámica con la que hoy se adquieren y generan los contenidos. Además, estamos transformando la educación técnica y la forma de enseñar matemática, inspirando vocaciones, multiplicando los puentes con el mundo del trabajo y la educación superior.
Datos de 2018 muestran un incremento de la matrícula en el nivel secundario y una mejora de 2% en la tasa de egreso. Esto era una deuda social que hasta 2016 no presentaba modificaciones, y que junto a los 21.000 chicos que han reducido la tasa de abandono demuestran que la educación está dando pasos certeros en materia de inclusión.
En 2018, integramos la programación y la robótica como contenidos obligatorios en todo el país, desde jardín de infantes hasta la secundaria. Estamos llevando a todos los niveles de la educación obligatoria conectividad, equipamiento actualizado y diversificado, capacitación docente y contenidos pedagógicos actuales y emergentes. Unesco ha reconocido a la Argentina por su plan de alfabetización digital. Tomando la experiencia cosechada en el G20, donde fuimos pioneros en la inclusión de un capítulo educativo, la presidencia francesa del G7 ha tomado la agenda educativa como una de sus prioridades. Argentina, Estonia y Singapur hemos sido invitadas como reconocimiento a nuestras políticas innovadoras.
En busca de anticipar los desafíos que tendrán nuestros jóvenes, becamos estudiantes, especialmente a los de áreas estratégicas para el desarrollo integral de cada región, mientras planificamos con las universidades la oferta académica para que puedan tomar la demanda de los distintos rubros de la producción.
Favorecimos, además, el intercambio entre las distintas casas de altos estudios, para que los alumnos no pierdan materias al cambiar de universidad, para que puedan pensar en una segunda titulación y hasta en el armado de un perfil profesional a medida, como requiere un mercado cada vez más elástico.
Finalmente, las evaluaciones de los aprendizajes de los estudiantes son rigurosas y periódicas desde 2016. Esta estrategia nos permite acceder a los datos para modificar la realidad. A partir de los resultados nos focalizamos en las escuelas que necesitaban más recursos pedagógicos. Las llamamos escuelas Faro y las acompañamos para fortalecer las trayectorias escolares.
Estamos orgullosos de los resultados que mostraron, con porcentajes de mejora superiores a los del promedio. Demuestran que es posible saltar las barreras de contexto, que la suerte de las personas puede no estar determinada por el nivel socioeconómico de la familia o el lugar de origen. Aunque todavía falta, indican que estamos en el camino correcto, que vamos a volver a hacer de la escuela pública el motor de la movilidad social ascendente, como era aquella inspirada en la Ley 1420. ■