Pérez Volpin: después de 17 meses arranca el juicio por homicidio culposo
La causa por la muerte de la periodista y legisladora porteña
En plena feria judicial, hoy se realizará la primera audiencia. En el banquillo estarán el endoscopista y la anestesista que participaron del estudio médico durante el cual murió la diputada. Están acusados de mala praxis y podrían recibir hasta 5 años de prisión y 10 de inhabilitación. Hay 58 testigos citados y en la primera audiencia declararían los procesados, su última pareja y los peritos. La familia denunció al juez por demoras en la causa.
La citación es hoy a las 9.30 en el Salón de los Derechos Humanos del Palacio de Tribunales, donde en 1985 se llevó a cabo el Juicio a las Juntas. Esta vez tendrá lugar el juicio que busca determinar qué pasó durante la práctica médica que se le realizó a la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin el 6 de febrero de 2018 en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, procedimiento durante el que la funcionaria murió. Esa tarde, el endoscopista Diego Ariel Bialolenkier y la anestesista Nélida Inés Puente fueron quienes participaron de la endoscopía durante la que Pérez Volpin sufrió la descompensación de la que no pudo ser reanimada: ambos están acusados de homicidio culposo.
Será el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Capital Federal, que en este caso recae de manera unipersonal en el juez Javier Anzoátegui, quien juzgue la causa. Esta instancia empieza el mismo día en que comienza la feria judicial. Será luego de que la querella presentara dos pedidos para recusar al magistrado, que fueron rechazados, y después de que la familia de Pérez Volpin, junto a legisladores y periodistas, denunciara a Anzoátegui ante el Consejo de la Magistratura por "mal desempeño de sus funciones".
Se prevé que hoy se lea el documento por el cual la fiscalía pidió la elevación de la causa a juicio oral y público y que tanto Bialolenkier como Puente presten declaración indagatoria, si están de acuerdo.
A la vez, según adelantó Diego Pirota, uno de los abogados de la querella, declararía el periodista Enrique "Quique" Sacco, pareja de la periodista al momento de su muerte, y los cinco peritos médicos oficiales que intervienen en la causa, entre quienes están el vicepresidente del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los participantes de la autopsia. "También declararía el médico Hugo Alberto Botto, que estaba en un quirófano al lado de donde se le practicaba la endoscopía a Débora y fue quien logró intubarla, aunque lamentablemente fue treinta minutos después de que empezara la crisis", sostuvo Pirota.
En total, son 58 los testigos que deberían prestar declaración durante el juicio. Fuentes judiciales sostuvieron que el proceso tendrá lugar al menos hasta la finalización de la feria judicial, el 2 de agosto: para eso se dispusieron audiencias consecutivas, de lunes a viernes de 9.30 y a 17.
"El juicio iba a empezar el 10 de junio y el día hábil anterior el juez no había citado a los testigos. La defensa del endoscopista había pedido que se contemplara una probation y, aunque la Cámara de Casación y la Corte lo rechazaron, el juez decidió suspender el juicio porque había comenzado ese recurso de queja. Es ridículo, nunca hay suspensiones ante un recurso de queja", explicó Pirota.
"Cuando el juez dijo que iba a iniciar el juicio en la Feria, sostuvimos que no lo podía hacer porque estaba recusado. La feria se habilita cuando lo pide una de las partes y si hay detenidos, y nada de eso ocurre. Hace un mes y medio frenó el juicio por un recurso de queja y ahora, que hay recusaciones y una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, arranca igual. No sé qué ocurriría si establece un veredicto ante un pedido de recusación, no me pasó nunca. Si condenan a los médicos, como pide la fiscalía y pedimos nosotros, quedaría abstracto el pedido de recusación, pero ya lo hemos denunciado por falta de parcialidad. Ojalá me equivoque y dicte una sentencia justa", sumó.
Según Déborah Lichtmann, quien junto a Pirota representa a la familia de Pérez Volpin, ambos pedidos de recusación fueron rechazados tanto por el propio Anzoátegui como por la Cámara de Casación. "En el primer caso, ya presentamos un recurso extraordinario para que lo analice la Corte. En el segundo caso, aún estamos en los plazos para hacer esa presentación", describió la letrada.
"Es llamativo que la parte querellante estuvo los últimos 15 días haciendo presentaciones para que el juicio no se lleve adelante ahora, sobre todo aduciendo que tenían pasajes para las vacaciones de la familia y los letrados. Apenas se suspendió el inicio del 10 de junio supimos que empezaría el 22 de julio: el Tribunal mostró que, de no hacerse ahora, debía ocuparse de otros juicios hasta el 25 de noviembre", sostuvo el abogado Isaac Roberto Churba, representante de Bialolenkier. "Está previsto en la ley que un juicio empiece durante la feria: el juez tiene la potestad de disponerlo. Por otro lado, la normativa procesal sostiene que mientras se resuelve una recusación, el juez mantiene su jurisdicción", describió.
"Dar inicio a un juicio oral durante la feria es una decisión muy extraordinaria y debe estar muy bien fundamentado por qué no se pudo esperar al fin de ese receso", explicó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez ante una consulta de Clarín. "Es algo muy poco frecuente, aunque ninguna normativa lo prohíbe", describió el juez Mario Juliano respecto de esa misma circunstancia.
El plazo en el que está previsto que se lleve adelante el juicio oral y público es similar al tiempo del que dispone el juez Anzoátegui para responder a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura: entre otras cosas, debe ofrecer pruebas y presentar un defensor. ■
Este juicio tenía que haber empezado el 10 de junio, pero el día hábil anterior el juez todavía no había citado a los testigos. Hemos denunciado al magistrado por parcialidad. Ojalá me equivoque y la sentencia sea justa”. Diego Pirota Abogado de la familia de Débora Pérez Volpin
Dar inicio un juicio oral durante la feria es una decisión muy extraordinaria”. Andrés Gil Domínguez Doctor en Derecho y abogado constitucionalista