Ciudadanos al servicio de los ciudadanos
Hay evidencia que muestra que el progreso de un país se relaciona con las capacidades para asegurar gobernabilidad y gobernanza, hoy mejor democráticas. Entre ellas, la calidad y efectividad de su Administración Pública son cruciales, aunque no únicas.
Ellas son resultado en gran medida, del trabajo íntegro, competente, austero y comprometido de ciudadanos que optan laboralmente por servir a sus conciudadanos.
Sus acciones contribuyen también a desplegar la República en un Estado de Derecho pues hoy no se concibe a éste, sin una burocracia bajo los principios del mérito (Carta Iberoamericana de la Función Pública).
Ellos contribuyen al diseño y aplicación de las políticas de los gobiernos, brindan servicios, construyen, mantienen y/o aseguran recursos, regulaciones, bienes y acciones públicas que, como capital acumulado por la sociedad, trascienden los períodos gubernamentales. En su accionar, deben asegurar la aplicación estricta de la legalidad de modo imparcial y competente. No hay posibilidad, ni debería permitírsela, que tengan preferencias indebidas a unos en detrimento de otros pues todos somos iguales ante la ley y con derechos y responsabilidades equivalentes. Pueden y deben jugar, además, papel clave en la lucha contra la corrupción y la captura corporativa que recorren al mundo entero.
El Estado y sus gobiernos serán tanto más capaces de servir con efectividad a los argentinos, cuánto mejor cuenten con trabajadores con esos valores y competencias laborales, así como con garantías que promuevan convivencia basada en la legalidad, imparcialidad e igualdad en el ejercicio de sus funciones.
En esto, el Estado debe ser empleador ejemplar según principios de trabajo digno y decente, exigibles para todos, y responsabilidad primaria de sus gobernantes. Y más significativamente, por el concurso de las fuerzas políticas, económicas, gremiales y sociales.
La Administración Pública es ámbito de gestión cotidiana de los valores, recursos, intereses, normas y acciones que expresan a todos. Por eso pertenencia, problemática y responsabilidad de todos, incluyendo a sus trabajadores y a la negociación colectiva.
Si bien Argentina viene dotándose en los últimos 30 años, de instrumentos legales y políticas más o menos exitosas, para cumplir con estos ideales consagrados en la Constitución de 1957 y ampliados en la de 1994, ello ha sido de manera despareja en los distintos Poderes y Niveles de Gobierno.
De allí que más de 600 académicos, funcionarios, autoridades, dirigentes políticos, empresarios, sindicales y sociales de diferentes orientaciones, adherimos e invitamos a adherir, a un Consenso por una función pública profesional para la Argentina del siglo XXI con propuestas para mejorar el régimen y las políticas y realidades del funcionariado en los Poderes y niveles de Gobierno (nacional, provincial y municipal), convencidos que para el desarrollo económico y la equidad social que anhelamos, esa burocracia es imprescindible. Ante los desafíos del siglo, entendemos que un aporte útil es ofrecer propuestas específicas, y compartibles por la más plural expresión de sectores. En especial, en un año electoral.
Entre esos compromisos, la materialización de una vez por todas, del ingreso a la función pública mediante concursos abiertos a la ciudadanía en igualdad de oportunidades y trato, para terminar con todo favoritismo.
Que estos empleados cuenten con regímenes de carrera que les exijan rendimiento laboral y buen servicio, pero también asegure capacitación y promoción permanentes. Impulsamos la profesionalización del funcionariado llamado a dirigir dependencias con dotaciones de empleados fiscalmente sustentables y adecuadas para los servicios. Terminar con la contratación desmedida de empleados durante años sin posibilidad de concursar e impulsar condiciones de trabajo digno y decente, erradicando toda discriminación negativa, en particular en materia de género. Para ello, profesionalizar la gestión técnica de estos asuntos, pero, sobre todo, la consolidación de un espacio ciudadano que facilite la continuidad de estos esfuerzos y compromisos junto con los gobiernos correspondientes. ■