Batalla entre Maduro y la oposición por un tratado de defensa militar en Venezuela
Es el TIAR, que asegura la asistencia si un país firmante es agredido. El tema aviva la idea de una intervención. El presidente prometió la cárcel para los que lo pidieron.
Los intentos de la oposición venezolana para que el país regrese a un histórico sistema de defensa regional han dado paso a un nuevo frente de guerra con el chavismo. Ayer, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la adhesión al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), aprobada por el Parlamento de mayoría opositora, es “inconstitucional e ilegal” y amenazó con encarcelar a los diputados que lo sancionaron.
El regreso de Venezuela al TIAR - del que se retiró en 2012 por decisión del presidente Hugo Chávez- fue aprobado por la Asamblea Nacional el martes pasado, aunque tres días más tarde el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, la declaró “nula de nulidad absoluta”. El régimen volvió así a vaciar de contenido práctico una nueva disposición del Palacio Legislativo, reiterando una táctica que viene utilizando desde 2016, cuando declaró nulos todos los actos legales de la Asamblea.
Sin embargo, aunque sin efecto práctico por el momento, el tema del TIAR volvió a la mesa y reavivó la discusión internacional sobre una posible intervención militar externa contra el gobierno de Maduro. “El reclamo del TIAR permitirá establecer alianzas internacionales para defender al pueblo y la soberanía”, dijo el líder opositor y titular del Parlamento, Juan Guaidó. “El TIAR no es mágico, no es un botón que apretamos y mañana se soluciona todo (...) Estamos hablando de garantías, de gobernabilidad, de futuro y estabilidad, del otro lado hablan de torturas y persecución hasta la muerte”, agregó.
El rechazado regreso de Venezuela al TIAR surge en un contexto en el que EE.UU., principal respaldo internacional de Guaidó, ha reiterado que “todas las opciones están sobre la mesa”, incluyendo expresamente la militar, algo a lo que el régimen chavista y los países latinoamericanos aglutinados en el Grupo de Río (entre ellos, la Argentina) se oponen.
“Ahí va la grúa de (el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin, general Gustavo) González López, sale la grúa a buscar a los delincuentes que pretenden que Venezuela se invada”, dijo Maduro al burlarse del pedido del TIAR y amenazar con la cárcel a los legisladores que lo firmaron. El mandatario aludió de ese modo a la forma en que fue capturado en mayo pasado el primer vicepresidente de la Asamblea, Édgar Zambrano, cuando una grúa del Sebin levantó el automóvil en el que se había refugiado el legislador y lo llevó hasta la sede del organismo de inteligencia. Zambrano estuvo semanas desaparecido y luego apareció en el Fuerte Tiuna, el mayor cuartel militar de Caracas. La semana pasada le fue permitida la visita de sus familiares.
En un acto con militares en el Fuerte Tiuna, Maduro sostuvo que el reingreso de Venezuela al TIAR dispuesto por la Asamblea es “un acto absolutamente inconstitucional e ilegal” y afirmó que “cualquier intención de aplicar el TIAR dentro de Venezuela debe ser considerado, de acuerdo a la Constitución, como un acto hostil a la soberanía nacional y una agresión al territorio”.
El reclamo del TIAR forma parte de la campaña de Guaidó para expulsar a Maduro, a quien el Legislativo declaró en usurpación del poder por
considerar que su reelección en 2018 fue fraudulenta.
El TIAR, creado en 1947 y suscripto por solo 24 de los 35 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) -de los cuales Venezuela y otros cinco se retiraron posteriormente- obliga a sus firmantes a responder en el caso de que alguno de ellos sufra una agresión.
Según este acuerdo regional, todos los países firmantes -que hoy incluyen a Estados Unidos, Brasil y Argentina, entre otros- están obligados a defender a cualquiera de los miembros del tratado que denuncien haber sido agredidos.
Esa opción ha sido descartada por algunos analistas que sostienen que el uso de la fuerza, previsto en el acuerdo, depende de la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el que China y Rusia, ambos aliados de Venezuela, tienen poder de veto. ■