Sin delivery: un juez polémico suspendió la actividad de tres empresas
Son Pedidos Ya, Rappi y Glovo. Les exigió que regularicen a los empleados. Y ordenó operativos policiales.
El juez porteño Roberto Gallardo, con antecedentes de fallos polémicos, abrió por sorpresa la feria judicial para tomar una denuncia del gremio de repartidores. Y suspendió las entregas de Rappi, Glovo y Pedidos Ya hasta que regularicen la situación de los empleados. Les dio dos días para ponerse en regla.
En una dura resolución de ejecución inmediata, el juez en lo Contencioso Administrativo porteño Roberto Gallardo suspendió la actividad de reparto en moto o bicicleta de las plataformas Rappi, Glovo y Pedidos Ya, hasta que las empresas regularicen la situación laboral de su personal y cumplan con el Código de Tránsito y Transporte. También les bloqueó los pagos con tarjetas de crédito. Y dispuso que se hagan operativos policiales para decomisar mercaderías.
La resolución sorprendió a las empresas y ayer evitaron hacer declaraciones.
Gallardo, titular del Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo, abrió la feria judicial a raíz de una presentación de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM). Esta asociación fue a la Justicia después del caso del repartidor que le comunicó a la empresa de delivery que había sufrido un accidente y le respondieron preguntándole cómo estaba el pedido.
Tras contar que reciben 5 denuncias por accidentes por semana, desde ASSIM le pidieron al Juzgado que, “en vísperas a un nuevo fin de semana durante las vacaciones invernales” se haga cumplir una medida cautelar dictada por el propio Gallardo y confirmada por la Cámara el 10 de julio. Le daba 10 días a las empresas para regularizar su situación y 5 al Ejecutivo porteño para prohibir que quienes hacen delivery circulen sin casco e indumentaria con bandas reflectantes. En su nueva presentación, ASSIM insiste en que se haga cumplir el Código de Tránsito y Transporte. Y solicita que se impida “que los conductores de bicicletas y motocicletas que realizan actividad de reparto continúen desarrollándola en las condiciones de precariedad absoluta”.
El juez Gallardo, conocido por sus fallos contra el Gobierno porteño, le dio la razón a ASSIM. En su nueva resolución destacó que, desde el 10 de julio, se produjeron 141 siniestros viales donde resultaron heridos repartidores que iban en moto o bicicleta. Y afirmó que si se hubiera cumplido con la medida cautelar, esos siniestros no hubieran ocurrido. Por eso, intima a “las empresas autodenominadas plataformas” a entregarle a la Justicia en el término de dos días una lista completa de su personal y la constancia de haberle entregado por su cuenta y cargo los elementos de seguridad necesarios (casco, indumentaria reflectante y la fijación de la caja en el rodado). También, la acreditación de que tienen libreta sanitaria vigente y constancias de regularidad laboral y de cobertura de seguros y ART. “Hasta tanto esas condiciones legales y judiciales sean cumplidas en su integridad, se ha decidido suspender la actividad de las empresas Rappi Arg. S.A.S. (RAPPI), Kadabra S.A.S. (Glovo), y Repartos Ya S.A. (PEDIDOS YA) en el ámbito de la Ciudad”, dice la resolución.
Para hacer cumplir esta medida, Gallardo le ordena a la Policía de la Ciudad hacer operativos todos los días de 11 a 14 y de 20 a 24. Y señala que deberán realizarlos especialmente en Honduras y Malabia, Luis María Campos y Chenaut, Costa Rica y Armenia, Borges y Honduras, Juan B. Justo y Santa Fe, y Báez y Ortega y Gasset. Los policías deberán decomisar los envíos que no respeten “los requisitos legales y judiciales”. La comida será remitida al área de análisis bromatológico del Gobierno porteño y las otras mercaderías, al laboratorio químico de la Policía. Por cada infracción verificada, las empresas deberán pagar una sanción de $ 10.000.
El juez señala que su resolución tiene por objeto “regularizar las prestaciones de las empresas”. También “impedir que continúen produciéndose accidentes evitables, que cobren la vida o la integridad física de los empleados”. Y prevenir y evitar “situaciones que conlleven daños a la salud de la población”.
En otro punto de su resolución, ordena el bloqueo inmediato de las operaciones con tarjetas. El otro objetivo, según Gallardo, es evitar que el sistema de reparto en moto y bicicleta sea usado “para consumar ilícitos”. Una de las denuncias de ASSIM es que los repartidores no pueden negarse a llevar un pedido y a veces reciben paquetes con contenidos que desconocen. ■