Arranca el juicio a dos curas por los abusos contra chicos hipoacúsicos en el Próvolo
Serán juzgados junto a un empleado del colegio de Mendoza en el que al menos 18 menores sufrieron ataques sexuales. Las víctimas piden “verlos presos de por vida”.
“Poder sanar, sentirse libre, que la verdad salga a la luz, verlos presos de por vida”, son algunos de los deseos de las víctimas del colegio religioso Próvolo de Mendoza. Con lengua de señas, balbuceos y gestos de dolor, los chicos y adolescentes hipoacúsicos se han expresado a lo largo de dos años y 9 meses en una causa que hoy llega a juicio oral.
Los curas Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (59) y el administrativo Armando Gómez (49) son los primeros enjuiciados de una causa dividida en tres expedientes, con 14 imputados por abuso sexual y corrupción de los menores hipoacúsicos que iban al colegio católico.
Corradi, que dirigía la institución, arrastra denuncias desde hace 50 años. Integró la lista de 130 sacerdotes acusados por abusar sexualmente a niñas y niños sordos, entre 1955 y 1984, en Verona, la sede italiana del Próvolo. En la década del ‘80 fue trasladado a la Argentina, a la sede de La Plata, donde también fue denunciado por abusar sexualmente de estudiantes sordos y, a mediados de los ‘90, llegó a Mendoza para instalar una sede que terminó siendo la punta del ovillo de un caso espeluznante.
Los relatos de las víctimas estremecieron a Mendoza y al mundo. Un día antes del inicio del juicio, Clarín contactó a tres víctimas y a sus familias. Los padres se sienten culpables de no haber evitado tanto sufrimiento para sus hijos. Confiaron en el colegio que iba a darles la mejor educación. Jamás imaginaron lo que ocurría puertas adentro. “Antes era una nena alegre, amorosa y, desde que comenzó a ir al Próvolo, cambió su carácter, se volvió alguien triste, aislada, no quiso vestirse más con ropa de colores, usaba vestimenta negra. Pensé que era la adolescencia. Aún hay cosas que no me animo a preguntarle”, dice entre lágrimas una mamá.
Ha sido recurrente en la investigación que los alumnos fueran llamados con testigos a declarar en Cámara Gesell (con asistencia psicológica y un intérprete de señas) y que en medio del relato, los chicos reconocieran que también habían sido violados por los curas y sus cómplices.
Una de las víctimas, que puede hablar, cree haber salvado a sus amigas con su testimonio: “Decidí hablar para que mis compañeras fueran libres”, afirma. Y explica: “Cuando tenía 18 años, mis padres me acompañaron en mi decisión de dejar el Próvolo, aún sin saber lo que ocurría. Dejé de ver a varios de mis amigos, hasta entonces no terminábamos de comprender que todo lo que habíamos visto, sexo oral, anal, difusión de películas porno y tocamientos, era malo, jamás pensás que quien te tiene que cuidar, un cura, puede hacerte daño. Sin embargo, cinco años después, volvía a encontrarme con mis amigas, y supe que los abusos continuaban. Y fue así, hasta el último día, el 27 de noviembre de 2016, cuando nos animamos a contar la verdad”.
En ese colegio se promocionaba como institución modelo el aprendizaje del lenguaje oral para chicos sordos. Nunca les enseñaron la Lengua de Señas Argentina (LSA). Los padres creen que así querían aislarlos.
Uno de los informes más reveladores del horror fue realizado por los reporteros Ignacio de la Rosa y Marcos García en un documental para el diario Los Andes. La mamá de un alumno describió los cambios de conducta de
su hijo, desde que lo dejaron en el Próvolo: “Empezó a dormir en posición fetal, con la luz prendida, a llorar por todo, a autolastimarse. Se hería piernas y brazos para no poder ir. Pedía que no lo lleváramos y decía que no quería ir, pero no me decía por qué”.
Una semana después, de vuelta en el internado, el chico volvió con un dibujo de un hombre practicando sexo oral a otro. “Entonces, me contó que su cuidador abusaba de él. Que el administrativo Jorge Bordón (quien admitió los abusos y fue condenado el año pasado en un juicio abreviado) veía esos abusos, y que Bordón abusaba luego del cuidador que antes había sometido a mi hijo”, contó la mujer. Y agregó: “Por las noches, ese cuidador le decía 'vamos' y se juntaban en un cuarto y les pedía que se chuponearan entre ellos, que le hicieran sexo oral, y que se hicieran sexo oral y sexo anal entre ellos”, dijo. Estas denuncias dieron base a la acusación de corrupción de menores, que pesa sobre los imputados.
Otras declaraciones, en tanto, hacen referencia a cómo los abusadores les quitaban los audífonos al momento de abordarlos y detallan que muchos ataques sexuales transcurrieron en la cocina y en los baños. Incluso, cuentan cómo una chica fue atada a unas rejas para que no opusiera resistencia al ser violada. En los allanamientos, las víctimas pudieron señalar los sitios de los abusos: un altillo bajo de altura y oscuro. Y otras refieren también a un espacio llamado “La Casita de Dios”, una capilla donde tenían lugar más abusos.
Como parte de la rutina, cuando llegaba la noche los chicos albergados eran obligados a ver pornografía: “Nos daban la llave del cuarto del cura Corbacho para que fueran a ver pornografía”, contó una víctima. En otro allanamiento, la división de Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza se llevó las computadoras que los dos curas tenían en el instituto. Allí encontraron importante cantidad de fotos y videos pornográficos, fotos de chicas menores de edad y revistas XXX heterosexuales y gay.
Hoy arranca el juicio más importante contra miembros de la Iglesia Católica en Cuyo y la primera vez en 50 años de denuncias contra esta orden que surgió en Verona, Italia.
La causa está dividida en tres expedientes, en los que también se juzgará a dos monjas, la regente del colegio, y personal administrativo y docente involucrados como partícipes necesarios o cómplices de los abusos. La Justicia mendocina tiene detectadas 18 víctimas de abusos sexuales y corrupción de menores, de entre 4 y 17 años, y cerca de 45 hechos aberrantes denunciados por testigos, que habrían ocurrido entre 2004 y 2016.
No fue fácil para las familias de los alumnos seguir adelante. El fiscal Gustavo Stroppiana, a cargo de la investigación, reveló que supo de varios intentos de suicidio y que él presenció declaraciones donde las víctimas “lloraban de manera gutural, vomitaban y hasta se caían al piso de dolor” al recordar lo ocurrido.