A tres décadas, juicio por contagio masivo de hepatitis y VIH
Ocurrieron entre 1987 y 1991 y derivaron en más de mil muertes. Dos médicos y un ejecutivo están en el banquillo.
Dos médicos y un directivo, que se encontraban al frente del centro médico entre 1987 y 1991, están ahora en el banquillo, acusados de “envenenamiento” y “contagio doloso”. La causa se había iniciado en 2005, pero recién ahora comenzó el juicio definitivo por mala praxis. Los hechos denunciados se remontan a hace tres décadas, cuando el contagio masivo provocó más de mil muertes. Los acusados admitieron centenares de casos de infectados de VIH y hepatitis B y C. Se cree que el contagio fue tan grande porque a los primeros afectados se les ocultó por años su situación.
Unos pocos médicos acusados, un par de laboratorios cuestionados y más de 1.000 personas contagiadas con VIH, hepatitis C y B. No es una espeluznante película de ciencia ficción sino un drama real, ocurrido en un centro de salud porteño: la Fundación de la Hemofilia. Todo se inició en los años ‘80. Y recién ahora, más de 30 años después, la más grave historia de contagios por negligencia ocurrida en el país promete empezar a terminar. Esta es, al menos, la esperanza puesta en el juicio que arrancó anteayer contra dos médicos y un ejecutivo de esa institución. Eso sí, entre las víctimas que asistieron a la primera audiencia brillaron las ausencias: los más de 1.000 muertos que, en las últimas tres décadas, ya se cobró este episodio.
“Los dos médicos se negaron a declarar y el tercero, entendemos, declararía en la próxima audiencia, en dos semanas. La defensa pidió la nulidad del juicio, cosa que se rechazó”, repasó el abogado Gonzalo Giadone, quien, junto con Máxima Noemí Medina, representa a la querella, o sea, a las casi 40 personas que todavía viven y que fueron contagiadas en algún momento entre 1987 y 1991.
La primera camada de enfermos había ido a la Fundación a tratarse una enfermedad hereditaria de la sangre, pero allí su situación empeoró: se infectaron con hepatitis y VIH. Encima, según la acusación, a los afectados se les ocultó la situación y ellos mismos terminaron contagiando a terceros; sus parejas o hijos.
“Esta causa es histórica porque fue mucho más grave que una mala praxis: hubo un accionar doloso”, definió Giadone. La causa empezó en 2005. Primero la tuvo el juez federal Claudio Bonadio, pero pasó al juez Sebastián Ramos, luego de que la Cámara Federal revocara los sobreseimientos por prescripción que había dictado Bonadio. “Se los había culpado por negligencia grave y contagio culposo. Luego, al confirmarse el fallo, se empezó a hablar de contagio doloso. O sea, que tenían pleno conocimiento de que lo que administraban y del riesgo de los pacientes”, dijo Giadone.
“Ellos” son los médicos Raúl Perez Bianco y Miguel de Tezanos Pinto. Se sumaría un tercer hematólogo, Eduardo Díaz, pero falleció hace tres años. El tercer acusado, entonces, es Eduardo Biedma, que al momento de los contagios tenía a su cargo una secretaría de la fundación cuestionada. “Aunque no es médico, tuvo un rol muy importante: se encargaba de la compra y venta de los concentrados y de que éstos fueran aceptados en el país. No se podían recibir concentrados sin la firma del doctor Biedma”, explicó Giadone.
¿Qué son esos concentrados? Los pacientes contagiados (los más de 1.000 muertos y los cerca de 50 que viven) habían acudido a la Fundación por un trastorno hereditario llamado hemofilia. Para controlar las hemorragias que les producía esa patología, les aplicaban, según el grado de la enfermedad, unos concentrados antihemofílicos conocidos como factor VIII (para la hemofilia tipo “A”, la más grave) y factor IX (para la “B”). A través de esas sustancias resultaron infectados.
Giadone defiende a las víctimas de esta causa desde su comienzo, en 2005. "El expediente ya tiene 30 cuerpos", explicó. Su conclusión personal después de tantos años es que “el tema fue el lucro a través de estos concentrados importados que costaban muchísimo dinero, y que les llegaban por donaciones de la Federación Mundial de la Hemofilia. Ellos las revendían a las obras sociales. Había un negocio comercial detrás”.
Los cierto es que el 40% de los damnificados se volvieron portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). El otro 60% se contagió de hepatitis B o C. Hay pacientes a los que les tocaron dos de esos tres tipos de virus. Y otros a los que les tocó la ecuación “tres de tres”.
“En sus declaraciones indagatorias, los acusados reconocieron que hubo 211 infectados de VIH y 800 de hepatitis C. Pero sabemos que son más. Vivos quedan muy pocos. Unos 10 con VIH y 50 o 60 con hepatitis, explicó el abogado, quien además precisó: “La contaminación se dio entre 1987 y 1991, pero empezaron a notificarles mucho después…, a algunos enfermos de VIH, recién a partir de 1990, y a los de hepatitis, recién desde 1992 o 1993 y hasta el 2000. Fue una verdadera epidemia”.
Con la intervención del fiscal Patricio García Elorrio, el juicio ahora se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal Nº3, a cargo del juez Fernando Machado Pelloni. La carátula es “Pérez Bianco Raúl y otros, sobre envenenamiento, tráfico de mercaderías peligrosas para la salud y contagio doloso de HIV y hepatits C”.
A un día de la la primera audiencia, Giadone se mostraba enfadado: "Al enunciar sus datos personales, el médico Raúl Pérez Bianco explicó que está jubilado, pero en realidad trabaja como médico en el ex hospital Francés. Hay testigos que lo vieron. Además, en la declaración indagatoria, se hizo llamar Pedro Raúl Pérez, sin el ‘Bianco’, para que no se sepa públicamente que es él. Ahora tiene 75 años. Dijo que tiene problemas de memoria y se estuvo riendo todo el tiempo”.
En cuanto a los otros dos, indicó, “Tezanos Pinto es académico, asesor científico de la Fundación de la Hemofilia, de 88 años. Declaró que goza de buena salud. Biedma tiene 78 años y sigue trabajando en esa fundación”.
Por su parte, las víctimas son adultos jóvenes: tienen entre 35 y 50 años. Varios vienen del interior. “Este juicio va a ser largo, de unos tres meses", explicó el abogado. Y detalló: "Tienen que declarar 64 testigos, entre médicos, enfermeros y técnicos de la fundación, además de peritos y víctimas. De los que murieron y habían brindado declaración se va a leer su testimonio. Son pruebas, igual que los certificados de defunción”. ■
Por años, a los primeros afectados se les ocultó la situación. Eso provocó que contagiaran a otros.