La agenda judicial de Alberto Fernández, un campo minado
El frente judicial. Después de la embestida contra los magistrados que investigan la corrupción K, el candidato opositor deberá explicar cuál será su política judicial.
La oceánica victoria electoral del Frente De Todos en las PASO del domingo disparó mucho más que el dólar: el casi asegurado regreso de Alberto Fernández y Cristina Kirchner al poder siembra el escenario político de preguntas. Aunque la doma de los mercados y las inevitables consecuencias de esa pelea consuman ahora todos los esfuerzos, el otro tablero caliente se encuentra en los tribunales federales de Comodoro Py.
Inmediatamente después de su nominación a la candidatura presidencial, en mayo, Fernández fue el banderillero que clavó los primeros -inesperados- dardos en el lomo de los magistrados que juzgan la corrupción de los funcionarios nacionales. Textualmente, les advirtió a los jueces Claudio Bonadio, Julián Ercolini -su ex compañero de cátedra en la UBA-, Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani que deberían "dar explicaciones por las barrabasadas" que habían escrito en sus sentencias.
La admonición se reiteró otras dos veces en aquella misma semana, y desde entonces fue atenuándose al ritmo de la campaña electoral del precandidato "moderado". Que Fernández podría serlo, sólo si se coloca junto a Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el estado mayor de La Cámpora. Justamente sus compañeros de ruta en la aventura presidencial.
El 14 de mayo, otra jugada envuelta en sombras liquidó buena parte del prestigio de la Corte, cuando cuatro de sus integrantes buscaron travestir un rayo para fulminar el inicio del primer juicio a Cristina como un simple trámite burocrático para consultar ese expediente, apenas una semana antes del inicio de las audiencias.
El escándalo fue de tal magnitud que el intento se disolvió en 48 horas y la ex presidenta se sentó en el banquillo de los acusados para escuchar la acusación en su contra por el supuesto desvío de contratos de obra pública vial en Santa Cruz en favor de su socio Lázaro Báez.
Aquella fue la última movida fuerte para enviar un mensaje que los magistrados igualmente comprendieron: el olivo tendido a otros sectores maltratados por el kirchnerismo en sus ediciones anteriores no llegaría hasta ellos, excepto que detengan de inmediato la marcha de las causas por corrupción o reorienten esos expedientes hacia la nada.
El cronograma de casos es tan nutrido y complejo que a la actual senadora le queda alguno en etapa de instrucción -ralentizados por sucesivas apelaciones- otros en los despachos de la Cámara Federal o de la Casación, y un varios que ya fueron elevados a juicio y esperan su inicio inminente.
O esperaban. Porque el urnazo del domingo podría paralizar ese trámite, cuya velocidad ya vino menguando este año. El siguiente proceso sería el juicio unificado de las causas Hotesur y Los Sauces, las dos empresas familiares a través de las cuales según la justicia los Kirchner lavaron dinero con la ayuda -entre otros- de sus amigos y contratistas del Estado Lázaro Báez y Cristóbal López.
Junto a Cristina, una de las acusadas en ese juicio es su hija Florencia, quien se encuentra en Cuba tratándose un indeterminado mal que le impediría regresar a Buenos Aires. Al menos hasta ahora.
Esta maraña de razones y la necesidad de coagular el ubicuo despertar judicial -luego de décadas de impunidad para todos y todas- le dieron a Alberto Fernández su primera misión como candidato por el kirchnerismo. Ahora se acerca el momento de gestionar ese compromiso. Hay varios caminos para intentarlo: el primero es probar la vieja fórmula; invitando a que los jueces abran su corazón a comprender que la nueva mayoría electoral debería ser acompañada por sus lapiceras sobre el papel. Esta vía luce fácil, pero ignoraría la demanda por justicia y contra la impunidad que creció durante los años del macrismo, en los cuales fue casi el único dulce que recibió el electorado de Cambiemos.
Otra táctica más riesgosa es ensayar algún tipo de amnistía general para propios y extraños -los ex funcionarios K, el primo de Macri Angelo Calcaterra, los empresarios comprometidos en la causa de los cuadernos, de cuya legalidad después se le encontraría la vuelta.
Un tercer sendero implicaría buscar un escudo protector para Cristina y sus hijos -seguramente también para el dueño del Grupo Indalo, Cristóbal López, ahora preso por el millonario fraude al Estado con la petrolera Oil - a cambio de dejar a la intemperie a los demás ex funcionarios K presos o procesados. Habrá que ver. El compromiso con las instituciones del eventual presidente Fernández será puesto a prueba con otras cuestiones: la selección de un candidato para la Procuración General de la Nación, que tan buenos servicios prestara a Cristina en la época de Alejandra Gils Carbó; el cuidado de los arrepentidos en los casos cuadernos, Ciccone y la ruta del dinero K; la custodia de la ley del arrepentido, herramienta clave en la investigación de la corrupción aprobada por el Congreso en 2016, y reversible como una media con otra votación. ■
Si gana, el candidato K deberá decidir si mantiene la ley del arrepentido o la deroga