Ahora la Casa Blanca apunta también contra algunos inmigrantes legales
El gobierno de Donald Trump ya no sólo arremete contra los inmigrantes ilegales. Ahora también penalizará a los extranjeros legales que dependen de los programas públicos, como los cupones de alimentos y las viviendas subsidiadas por el gobierno. Esto es parte de una nueva política radical de desacelerar el flujo de inmigración legal a los Estados Unidos y reducir la cantidad de inmigrantes a los que se le otorga es estatus legal permanente.
La movida tendrá el mayor impacto sobre los inmigrantes pobres que viven en el país legalmente y reciben beneficios públicos del gobierno, obligándolos a elegir entre aceptar la ayuda financiera y vivir y trabajar en el país legalmente. Probablemente no afectará a los inmigrantes que ya tienen su green card.
El gobierno de Estados Unidos quiere inmigrantes que puedan autoabastecerse, no aquellos que “dependen de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades”, de acuerdo con la nueva reglamentación, que comenzaría a regir en 60 días, según prevén las autoridades.
La reglamentación le dará a la administración Trump una nueva herramienta poderosa para reducir la demografía de personas que llegan para vivir y trabajar en el país.
Los defensores de la inmigración han prometido demandar a la administración en un intento por impedir que estas medidas entren en vigencia. Decenas de miles de personas se opusieron a ellas en una serie de comentarios públicos en los últimos meses. Dos condados de California presentaron ayer mismo las primeras apelaciones a las nuevas directrices del gobierno de Trump para restringir la migración legal. San Francisco y Santa Clara argumentaron ante la corte que la regulación afectará negativamente la salud y el bienestar de sus residentes, aumentará los peligros de salud pública y perjudicará las arcas públicas.
La nueva legislación, también conocida como la reglamentación del cargo público, fue publicada en el registro federal el lunes con la siguiente mención: “Mientras algunos comentaristas respaldaron la reglamentación, la amplia mayoría de los comentaristas se opuso a ella”.
Estas nuevas normas han sido prioridad absoluta para Stephen Miller, arquitecto de la agenda de inmigración del presidente Donald Trump, quien la considera como el cambio más significativo en materia de reglamentaciones que han alentado a los migrantes para ir a Estados Unidos.
En repetidas oportunidades, Miller presionó a los funcionarios del gobierno para terminar la reglamentación, diciéndoles a sus colegas que quería que no trabajaran en otra cosa que la reglamentación del cargo público hasta que estuviera terminada.
Francis Cissna, ex director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. se resistía a acelerar la terminación de la reglamentación. Entonces, Cissna fue reemplazado por Ken Cuccinelli, un partidario de la línea dura en inmigración que comparte la idea de que los inmigrantes son una pérdida para los dólares de los contribuyentes. ■