Demanda de cinco Estados contra Trump en defensa de los migrantes
Rechazan una nueva resolución que castiga a quienes estén recibiendo asistencia social.
Un grupo de estados estadounidenses demandó este viernes en conjunto al gobierno de Donald Trump por su nueva reglamentación que busca negar la ciudadanía y la residencia permanente a inmigrantes que reciban cualquier tipo de ayudas sociales.
Los fiscales generales de California, Maine, Oregón, Pensilvania y el Distrito de Columbia presentaron la demanda en un tribunal federal en San Francisco indicando que la norma es inconstitucional y apunta de forma desproporcionada a inmigrantes no blancos.
“Es obvio lo que este gobierno está haciendo: es artero más allá de las palabras y California no será parte de eso”, dijo el gobernador de ese estado, Gavin Newsom, en una conferencia de prensa en Sacramento.
La regla de la Casa Blanca anunciada el lunes, una redefinición de la ley de “carga pública”, afecta a los inmigrantes que reciben bonos para alimentos, atención médica pública y otras asistencias. Estos extranjeros, en su mayoría de origen hispano, ven ahora amenazadas sus esperanzas de conseguir la ciudadanía. Pero también una creciente complicación para residir.
La demanda argumenta que la ley atenta contra personas marginadas, incluidos niños, ancianos y familias de bajos salarios.
“La regla fue motivada por un ánimo intencional basado en la raza y el origen contra individuos provenientes de lo que el presidente Trump ha denominado ‘países de mierda’”, afirma. Trump es un nieto de inmigrantes de Alemania y de Escocia.
El término “carga pública” suele definir a quien depende principalmente del gobierno. Y es asistido particularmente en sus necesidades más inmediatas.
El nuevo criterio implica que 22 millones de residentes no ciudadanos de Estados Unidos que reciben subsidios no podrán obtener tarjetas de residencia o ciudadanía estadounidense. Lo notable de esta nueva resolución es que culpa a los inmigrantes por su pobreza.
Además, los migrantes no obtendrán visas de residencia si se los considera demasiado pobres y con tendencia a necesitar asistencia social.
“Para proteger los beneficios para los ciudadanos estadounidenses, los inmigrantes deben ser financieramente autosuficientes”, dijo Trump en un comunicado de la Casa Blanca.
Los nuevos estándares se aplicarán a partir del 15 de octubre.
“Esta cruel política obligará a padres y familias trabajadoras en todo el país a renunciar a necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica por miedo”, dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, quien presentó la demanda.
“Eso es simplemente inaceptable”, agregó. “Lucharemos contra esta regla ilegal”.
California alberga a más de 10 millones de inmigrantes, casi una cuarta parte de su población y la mayor comunidad de inmigrantes en Estados Unidos y tiene una actitud política tolerante con la migrasción. Becerra dijo que otras demandas serán presentadas por otros estados, así como por individuos y organizaciones. ■