Habría bono para privados y ayuda alimentaria para sectores más necesitados
La situación social
El tema se planteó en una reunión entre la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y el de Producción, Dante Sica, con los líderes de la CGT. Los sindicalistas afirman que la ayuda consistiría en un bono de $ 5 mil y que se fijará por decreto. El Gobierno aguarda a tener los datos de la inflación de agosto antes de definirlo. También se analiza otro beneficio con tarjeta alimentaria y canalizar la asistencia a través de los gremios.
Para el Gobierno no resulta necesario declarar la emergencia alimentaria, ni conveniente frenarla en el Congreso. Carolina Stanley -ministra de Desarrollo Social- ratificó ayer ante los líderes de la CGT la posición oficial de que el marco vigente permite para aumentar la asistencia, aunque el macrismo buscará no bloquear el tratamiento parlamentario. Ante los sindicalistas, Dante Sica -Producción y Trabajo- hizo frente al otro reclamo y pidió unos días para analizar la entrega de un bono extraordinario para trabajadores registrados. Desde ambos lados estimaron que esa medida se confirmará la semana próxima (ver “En la CGT...”).
A los sectores que venían reclamando la emergencia alimentaria - organizaciones sociales, la Iglesia, los intendentes peronistas, candidatos y referentes opositores- se sumó la CGT con un pedido cara a cara ante ministros del Gobierno. En su despacho, Stanley recibió con Sica a una delegación encabezada por Héctor Daer y Carlos Acuña. También asistieron Antonio Caló (UOM), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio) y Gerardo Martínez (UOCRA), y el secretario Carlos Pedrini por Desarrollo Social.
Las espadas legislativas de Cambiemos esperaban conocer el texto del proyecto unificado de la oposición -que fue presentado a última hora de la tarde- para evaluar el costo fiscal, pero aun así la decisión estaba perfilada para no aparecer en contra de aliviar la situación de los más vulnerables ante la crisis.
“Fue una reunión cordial. Les explicamos las medidas que estamos tomando y quedamos en atender la situación de los trabajadores desempleados con las herramientas que tenemos”, dijo Stanley a Clarín. Los gremialistas pidieron el pago de un bono “extraordinario de emergencia” y Sica se mostró “abierto”, aunque consiguió tiempo: prometió analizar la implementación luego de conocerse el índice de la inflación de agosto y de evaluar “la situación de las empresas”. En la Rosada dejaron correr que habrá bono, aunque todavía sin confirmación de monto y fecha de pago.
La evaluación contemplará las dificultades de las pymes para afrontar el pago -podría implementarse en dos cuotas- y si entran en la compensación los rubros con paritarias ya ajustadas automáticamente por la inflación, entre otras cuestiones. El Gobierno había dispuesto a fin del año pasado un bono de $ 5.000 en dos tramos (diciembre y febrero) para los trabajadores del sector privado.
A su vez, Stanley argumentó ante los representantes de la CGT que la emergencia social, sancionada en diciembre de 2016, ya funciona como marco para reforzar la asistencia y que el Gobierno cuenta con las herramientas para reasignar partidas y aumentar los montos de los programas alimentarios. Al presupuesto de más de $ 12.000 millones para este año se agregaron $ 4.000 millones en marzo, y la ejecución hasta agosto superó los $ 10.000 millones. En la reunión Stanley enumeró las subas de las entregas a comedores, el bono para beneficiarios de la AUH ($ 1.000 este mes y otros $ 1.000 en octubre), la eliminación del IVA a productos de la canasta básica y el incremento del salario mínimo. Referentes opositores reclaman una asistencia extra de unos $ 8.000 millones, es decir un 50% más de presupuesto (ver pág. 9).
Stanley y Sica se comprometieron a brindar ayuda a los desempleados de los gremios más afectados por la crisis, como la UOCRA y la UOM, con herramientas como el seguro de desempleo y la tarjeta alimentaria. “Pusieron a disposición la territorialidad de los gremios para canalizar asistencia”, contó uno de los asistentes.
“El avance de la ley dependerá del Congreso”, dijeron en la reunión los funcionarios sobre la emergencia alimentaria, en otra señal de que el oficialismo no se mostrará frenando la iniciativa si los opositores logran que prospere. Como publicó Clarín, en ese caso Macri no vetaría la ley. E incluso Cambiemos podría facilitar la aprobación. “Sería una locura bloquearla. No porque la necesitemos, porque el marco general lo tenemos y es algo declamativo, sino por la señal que daríamos”, dijo a este diario un encumbrado funcionario, y sugirió que podría negociarse el costo fiscal con legisladores de Alberto Fernández: “Si creen que ganan, lo van a tener que afrontar ellos”. ■