“El acuerdo social de Cristina: expropiaciones y planes limosneros”

Cristina Kirchner habló el sábado 7 de la necesidad de establecer “un nuevo contrato social” y les envió un mensaje a “los que más tienen”, al destacar que “los más favorecidos son más responsables para ayudar a que la Argentina salga adelante”.

Su concepto de la responsabilidad de los más favorecidos, debería incluir el carácter y la magnitud de la ayuda a la cual se refiere para que ese nuevo “contrato social” que propone tenga perfeccionamiento legal y sea un acuerdo firme por adhesión de las partes y no por imposición unilateral del poder de turno. Ese acuerdo no se logra por expropiaciones de empresas ni de confiscaciones de patrimonios personales a través de gravámenes cuya incidencia sea una expoliación de la renta y desaliente la inversión empresaria como fuente de trabajo, que es el único medio idóneo con que los más favorecidos podrán ayudar a los más necesitados. Ello no se logra con planes limosneros acordados por el presupuesto nacional y generadores de déficits, sino con empleo privado que brinde oportunidad de progreso y de realización personal, así como ingreso genuino de impuestos devengados por actividades productivas para fortalecer las finanzas del Estado. Cabe recordar que durante su mandato emigraron del país marcas de prestigio internacional, que buscaron su desarrollo en otros países, donde el respeto por la inversión externa y la seguridad jurídica fueron principales atractivos para su localización, mientras el abuso del empleo y el gasto público eran una carga imposible de soportar, por su incidencia en los costos de producción y en los precios que pagaba el consumidor. Durante años apelando al empleo público se intentó disimular el desaliento que degradaba las expectativas de inversiones en la actividad privada, con resultados negativos que no es necesario reiterar. Y evitar repetir los errores de esa política es el cambio que no se debe postergar.