Primera demanda en el país contra la Iglesia por violencia de género

María -digámosle así- venía de divorciarse de un marido violento y golpeador. Entonces lo conoció a él. Primero fueron buenos amigos, después comenzaron una relación que se extendió por casi 15 años, hasta que ella se enteró que él -digámosle Juan- tenía una familia paralela. Le prometió que se divorciaría y ella le creyó. Pero después María se enteró de algo más: Juan era diácono de la Iglesia.

Al descubrirlo, él la abandonó. Desapareció y se desentendió de todos los gastos de la casa que habían asumido juntos. No se despidió de los tres hijos de María, que le decían papá. “Yo soy muy creyente. Paría mí Dios es muy importante. Sus mentiras, sus engaños me hicieron muy mal espiritualmente, y sentía que a la iglesia también. Por eso fui a ver a un abogado, para que le pidiera al Arzobispado que lo echara -dice la mujer a Clarín-. Pero lo que hicieron fueron mandarme curas a mi casa varias veces para que baje el pedido de investigación. También me citaron al Arzobispado, donde me maltrataron. Ya no creo más en la institución. Los tuve enfrente, ví toda su hipocresía”.

En 2003 los hijos de María eran pequeños. Al más chiquito su papá le pegaba tanto como a ella. La Justicia lo expulsó del hogar y no vio más a los niños. María trabajaba como peluquera en un local de Mendoza capital. Juan se presentó como vendedor de productos de peluquería. Empezó a ir cada vez más seguido. Al tiempo ya eran una pareja.

Juan le dijo que dejara esa casa y que alquilaran algo más grande juntos, qué él se hacía cargo. María dejó esa casa, que estaba hipotecada. La convivencia era buena, aunque a veces Juan se iba varios días seguidos, decía que iba a visitar a sus padres.

Dos veces quedó embarazada María. Las dos veces Juan la obligó a abortar: él mismo le consiguió un doctor para que le hiciera el aborto, y los pagó también los dos. Un día María llamó a la fábrica de productos para pedir algo que necesitaba y la chica que atendió le preguntó cómo se llamaba su vendedor. Al decirle, María le contestó: “Juan, es mi novio”. ¿Juan? Pero si Juan es mi tío.... Así María se enteró que él estaba casado, que tenía hijos y nietos, que cada vez que se iba era para estar con su otra familia.

Juan le prometió que se divorciaría y María le creyó. Pero al tiempo encontró el el auto de él una foto. Se lo veía a Juan con una túnica blanca. Parecía un cura. Se la mostró a una sobrina. Le dijo que era el diácono que había bautizado a un primo.

“Me volví loca. Era muy chocante para mí. Un hombre de la Iglesia, casado, mintiendo. Encima daba clases de catequesis en un colegio. Le dije que nos teníamos que separar. Y se fue de un día para el otro, me dejó casi en la calle, sin un peso”.

María buscó un abogado. Conoció a Carlos Lombardi, de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina. “Me vino a ver, ella estaba muy mal, casi en la calle. Sus hijos le decían papá, él la había engañado, mentido, la había obligado a abortar dos veces. Fue todo una vulneración de derechos. Además, claro, que las relaciones de concubinato están prohibidas en el código canónico”, explica Lombardi a Clarín.

El abogado hizo una presentación ante el Arzobispado de Mendoza. “María quería que hicieran una investigación y que lo expulsaran. Pero ellos no le permitieron tener abogado ni ver los expedientes. Y fueron a verla varias veces para manipularla, que es lo que siempre hace la Iglesia, tratar directamente con las víctimas para que desistan de cualquier denuncia. María empezó con depresión, miedos, dolores de cabeza, entonces fuimos a la justicia ordinaria”.

La presentación que hizo Lombardi ante el Tribunal de Gestión Judicial Asociada Tercero de Mendoza fue contra “el Arzobispado de Mendoza por daños derivados de violencia de género”. Pide una suma de un millón de pesos en concepto de daño moral.

La Justicia envió el planteo al Arzobispado, que respondió esta semana. “Niego que el Arzobispado de Mendoza, por su condición de persona jurídica pública, tenga la obligación de cumplir y ajustar su estructura, organización y funcionamiento al Estado Constitucional de Derecho, al que estamos sometidos todos. Es persona jurídica pública no estatal, regida por su propio derecho, según el artículo 147 C.C.C.N y el Acuerdo con la Santa Sede”, fue la respuesta.

“Es una mujer violentada. Por su ex marido, por el diácono, ahora por el Arzobispado. Ella ya tiene una causa de violencia contra su ex. Ahora iniciamos la primera causa de violencia de género contra la Iglesia”, remarcó el abogado de la denunciante. ■