Impulsan un “acuerdo anticorrupción”
Proponen reformas legales y administrativas. Buscan comprometer a los candidatos en su implementación.
Desplazada del podio de las preocupaciones por la virulencia de la crisis económica, la lucha contra la corrupción mantiene sin embargo el interés de los argentinos, traducido en frustración por la falta de castigos. Para revertir esa desazón y comprometer a las fuerzas políticas que competirán en las elecciones, una alianza de organizaciones civiles elaboró junto a especialistas un ambicioso "Acuerdo Social Anticorrupción", que propone reformas legales y estructurales, otras administrativas y unas cuantas que podrían resolverse con la firma del próximo presidente, previo acuerdo con sus opositores.
Con el impulso y auspicio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, Directorio Legislativo y el CIPCE, especialistas de distintas trayectorias políticas y profesionales redactó el Acuerdo, que ahora será presentado a los candidatos para comprometerlos en su implementación desde el gobierno y el Congreso. Entre ellos, participaron el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, el frustrado candidato K para integrar la Corte Roberto Carlés, el ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido y la abogada Natalia Volosin.
"El Acuerdo busca consolidar un conjunto de propuestas de reformas normativas y de políticas públicas, que proponemos como una hoja de ruta de las acciones que la Argentina debería implementar en materia de lucha contra la corrupción", explica Sebastián PIlo, codirector de la ACIJ.
El trabajo está estructurado en 16 ejes temáticos, con propuestas de políticas públicas para los tres poderes del Estado, que en muchos casos demandarían de la modificación de leyes o acordadas de la Corte.
Para empezar, los especialistas reclaman una nueva ley de Ética Pública que autonomice a la agencia estatal que reemplace a la Oficina Anticorrupción en cada uno de los tres poderes; regulación de los conflictos de intereses, ampliación de la lista de funcionarios obligados a presentar sus declaraciones juradas de bienes también en los tres poderes, con mucha más información de la que se requiere hoy y "a valores reales". Además, ponen un ojo sobre "el ingreso democrático a la función pública", un verdadero agujero negro, especialmente en el Poder Judicial y los Ministerios Públicos Fiscales.
Para sancionar la corrupción, se propone una batería de medidas legislativas y ejecutivas: limitar expresamente en el Código Penal la prescripción de estos delitos -que los jueces interpretan de manera contradictoria-y crear un mecanismo para que las causas en que se haya declarado la prescripción sean remitidas automáticamente al Consejo de la Magistratura para la sanción de esos jueces; anticipar la vigencia del sistema penal acusatorio en la Ciudad -donde se juzgan los delitos de funcionarios nacionales- y sancionar una ley de extinción de dominio.
El Acuerdo también propone ajustes para las herramientas de investigación existentes. Por ejemplo, pide "garantizar una implementación adecuada, transparente y no discrecional de los mecanismos de delación premiada y de la prisión preventiva, para evitar situaciones de opacidad" en los procesos. La sugerencia concreta al respecto es la filmación de las confesiones. También se exige una ley que proteja a los denunciantes de delitos de corrupción, y otro clásico: mejorar el control de las escuchas para evitar filtraciones. ■