La Justicia de Formosa logró retrasar seis meses una causa contra Insfrán
Con excusas inauditas, demoró la entrega de papeles clave sobre el gobernador, que reclamaba el juez Lijo.
La historia concluyó después de seis meses, dos escritos, una respuesta insólita reclamando un sello de agua y una lacónica declaración que se remitió a reforzar que el delito investigado fue “la mejor decisión para Formosa”. Esa fue la respuesta del gobernador kirchnerista de Formosa, Gildo Insfrán. La Justicia de su provincia tardó medio año en remitirla a Buenos Aires, como parte de un expediente que reclamaba el juez Ariel Lijo para avanzar en un caso vinculado a Ciccone.
El derrotero judicial de Gildo Insfrán está vinculado a Amado Boudou, preso y condenado a cinco años y diez meses por coimas y negociaciones incompatibles con la función pública por la compra de la imprenta.
El gobernador -de los pocos que siempre se mantuvo fiel a Cristina Kirchner-, se encuentra imputado en la causa que investiga una serie de adendas sobre la renegociación de la deuda que la provincia de Formosa tenía con el Estado. Se sospecha de una presunta coima que se pagó a Boudou cuando conducía Economía.
La acusación formal sostiene: se le imputa “haber participado de la maniobra por la cual Amado Boudou, mientras ocupaba el cargo de Ministro de Economía de la Nación, y José María Núñez Carmona, su socio y amigo personal, a través de la firma The Old Fund y de su representante Alejandro Vandenbroele, habrían realizado un contrato de consultoría, de forma irregular, con el Fondo Fiduciario de la Provincia de Formosa (FonFiPro), administrado por Jorge Ubaldo Melchor, simulando un asesoramiento para la reestructuración de la deuda pública de Formosa; deuda que ya había sido negociada y su convenio firmado entre el anterior Ministro de Economía, Carlos Fernández, y el Gobernador Gildo Insfrán, más de dos meses antes de que Amado Boudou asumiera a cargo de dicha cartera. El objetivo de la contratación entre The Old Fund S.A. y el FonFiPro. habría sido el cobro espurio de dinero perteneciente a fondos públicos de la provincia de Formosa”.
La Justicia sostiene que, ya con Boudou a cargo de Economía, firmó junto con Insfrán una adenda al convenio previamente rubricado por Fernández, a través de la cual, entre otras cosas, incorporó los intereses de la deuda dentro del monto a reestructurar, lo que le permitió cobrar a The Old Fund 7.667.161 pesos.
Según se estableció en la causa, antes de la suscripción de la adenda, el 11 de marzo de 2010, Boudou e Insfrán se reunieron al menos en dos oportunidades en el Ministerio de Economía: los días 18 de diciembre de 2009 y 11 de febrero de 2010, tras lo cual Insfrán, “solicitó formalmente a Boudou la incorporación de los intereses”.
La sospecha es que los involucrados “obtuvieron un beneficio económico ilegítimo, en base al monto de 7.667.161 pesos acreditado en la cuenta de The Old Fund del Banco Macro, con el que se compró moneda extranjera y se retiró en efectivo”.
El circuito se habría completado con la transferencia desde esa cuenta por 2.265.120 pesos a la empresa Estrategias de Imagen y Comunicación, perteneciente a Martín Cortés, quien a partir de noviembre de ese mismo año fue nombrado presidente del Banco de Formosa y obtuvo acciones de esa entidad.
Para Insfrán se trata de una acusación “infundada”, y pidió ser sobreseído cuando declaró el 1 de diciembre de 2017. “Mi accionar fue en todo momento ajustado a derecho, a la Constitución Provincial y en el marco de políticas legales, estratégicas de gestión”, indicó en un escrito.
Con más de veinte años frente a la administración Formosa, Insfrán se escudó además señalando que en su provincia ya había sido investigado y sobreseído en un caso similar Jorge Melchor, titular del FonFriPro. Entonces, planteando una excepción de cosa juzgada, los tribunales formoseños detuvieron la causa.
Pero la Justicia sostiene que el objetivo de la contratación entre The Old Fund (que después compró el 70% de las acciones de la imprenta Ciccone) y el Fon.Fi.Pro. habría sido el “cobro espurio de dinero perteneciente a fondos públicos de la provincia”, y por eso el juez Lijo solicitó a la Justicia de Formosa que remita el expediente de aquel sobreseimiento.
Durante más de dos meses no hubo respuesta. El juzgado insistió a la justicia provincial para que responda. “Es que al escrito que enviaron le falta un sello de agua” de la Cámara Federal porteña, intentaron explicar en Formosa. Antiguamente, cuando se pedía algo a alguna provincia, se debía mandar un exhorto con las formalidades como si fuera al exterior. Una ley eliminó ese requisito.
Con la jugada, la justicia de Formosa ganó tiempo. Varios meses después, con otro pedido remitido desde el juzgado de Lijo, el expediente llegó a Comodoro Py. Era diciembre de 2019: Gildo Insfrán ya había ganado su séptimo mandato con el 70% de los votos, y Alberto Fernández había asumido en la Casa Rosada.
Según pudo saber Clarín, en breve, el juez resolvería sobre el caso. w
Insfrán buscó escudarse diciendo que en su provincia ya se había sobreseído un caso igual.