La pandemia y nuestro Poder Judicial
Todos los argentinos estamos siendo puestos a prueba por esta crisis sanitaria global. El Poder Judicial no es una excepción. Es claro que el Poder Judicial provee un servicio específico (determina y aplica el derecho en casos contenciosos y administra la justicia) y por ello se distingue de otros poderes del Estado.
De todos modos, más allá de sus especificidades, el Poder Judicial es una burocracia pública. Por consiguiente, cuando el Poder Judicial debe resolver una cuestión que no es jurisdiccional o que no puede afectar su independencia, no debe actuar unilateralmente al margen del accionar del resto de las burocracias públicas. Ello es así con mayor razón cuando, como sucede hoy, debemos enfrentar una pandemia.
En efecto, frente a amenazas sistémicas como la actual pandemia, las respuestas estatales solo serán eficaces si son generales y las respuestas estatales generales deben ser adoptadas por los poderes del Estado en mejores condiciones epistémicas para decidir y con mayor legitimidad para hacerlo.
Ello es así en tanto el éxito de una respuesta general depende, por un lado, de contar con la mayor información posible —en este caso, la información científica epidemiológica y sanitaria provista por expertos. Por otro lado, las respuestas generales en casi todos los casos presentan complejidades dilemáticas porque exigen optar entre alternativas difíciles de conmensurar entre sí.
Esta dificultad puede fácilmente verse en las reacciones de distintos países frente a la pandemia, que hoy se debaten entre privilegiar la salud o la actividad económica, entre cerrar completamente sus fronteras o permitir el intercambio, entre privilegiar a ciertos grupos etarios o desatender a otros. En virtud de todo ello, la actual crisis debe ser resuelta por los poderes del estado con representación popular.
Por razones epistémicas y de legitimidad, son el Poder Ejecutivo y el Congreso los poderes que, dentro de los límites que impone la Constitución, deben decidir las soluciones a problemas como el de la pandemia. Son ellos los que están en mejores condiciones de componer los múltiples intereses en juego.
Por esa razón, desde el primer día la Corte enfrentó la situación sanitaria siguiendo muy de cerca los lineamientos fijados por el Gobierno nacional. Lo hizo en dos grandes etapas. Inicialmente, formó un comité de crisis con especialistas en salud que se desempeñan en su ámbito para poder tener una visión general del problema. Cuando el Gobierno nacional tomó las primeras medidas sanitarias sin disponer un asueto generalizado, la Corte inmediatamente adoptó una política similar.
A pesar de los firmes e insistentes pedidos del sindicato y de otros sectores, la Corte decidió no clausurar totalmente el servicio de justicia. Hacerlo hubiera importado una contradicción con el proceder del resto de la Administración Pública y habría implicado desconocer quién está mejor situado para decidir.
Al mismo tiempo, sin embargo, para preservar la salud de empleados judiciales, jueces, funcionarios, abogados y de todos aquellos que concurren a los tribunales, se estructuró un modo de funcionar que permitió prestar un servicio reducido. Se extremaron entonces las medidas de protección adaptadas a las especiales características del trabajo judicial: se restringieron aquellas prestaciones que requerían trato personal entre jueces, funcionarios, magistrados y se incrementó el trabajo remoto y el uso del internet y las presentaciones electrónicas.
Las medidas fueron exitosas al punto de que al 28 de marzo se habían realizado 49.534 presentaciones electrónicas. Recién luego, en una segunda etapa, cuando el Gobierno nacional dispuso el aislamiento generalizado, la Corte declaró la feria. La feria declarada no es, por cierto, una feria normal. Además de las cuestiones que se deciden normalmente en los recesos de invierno y verano, en esta feria excepcional se dará primordial importancia a todo lo necesario para combatir la pandemia (desde el juzgamiento de transgresiones a la cuarentena hasta la atención de cuestiones sanitarias generales e individuales).
Por otro lado, cada cámara y autoridad de superintendencia tiene amplias facultades para que su jurisdicción implemente guardias o turnos de acuerdo con las necesidades de los fueros que de ellos dependan, por exigentes que éstas sean.
Finalmente, las medidas tienen respaldo financiero propio a través de la utilización del fondo anti-cíclico de la Corte Suprema. Es la primera vez que se usa dicho fondo de este modo. En definitiva, es una feria extraordinaria en varios sentidos. Esta manera de abordar la crisis por parte de la Corte es el producto del consenso entre todos los Ministros. Como es natural, hubo distintas visiones y perspectivas sobre los distintos aspectos de la crisis —por ejemplo, si correspondía seguir los lineamientos del Gobierno nacional y en qué medida, o si correspondía usar el fondo anticíclico.
Pero todas las decisiones fueron el producto del acuerdo y se adoptaron por unanimidad. Quizás resulte innecesario recordarlo pero, desde diciembre de 2018, todas las decisiones del Máximo Tribunal en materia de superintendencia y gobierno —incluyendo el tratamiento de situaciones críticas— se rigen por el sistema “un juez, un voto”. Es un sistema penta-partito que exige la deliberación y el consenso. Es verdad que la toma de decisiones es más trabajosa pero es cierto también que, desde que el Presidente no tiene concentrado todo el poder, la Corte se ha transformado en un organismo más democrático y plural.
Todos los Ministros estamos de acuerdo en que ese cambio es saludable y que lo es también en situaciones de emergencia como la actual. Por otro lado, todos en la Corte creemos que el nuevo sistema ha llegado para quedarse y que en el gobierno de tribunales como la Corte no hacen falta liderazgos personales especiales. Los tribunales inferiores, los funcionarios, los abogados, los justiciables y la opinión pública en general deben acostumbrarse a ese cambio.
Quedan por delante sin duda grandes desafíos para el Poder Judicial. Creo, no obstante, que está bien equipado para enfrentarlos. Nuestros jueces, funcionarios y empleados se han comportado de modo ejemplar en la emergencia y estoy seguro de que lo seguirán haciendo, como muchos funcionarios de la Administración Pública, del servicio sanitario y de las fuerzas de seguridad.
Creo de hecho que todos los poderes del Estado han mostrado un compromiso acorde con la gravedad de la situación. En estos días aciagos lo que más nos ha gratificado es que el gobierno y la oposición hayan trabajado en conjunto en beneficio de todos. Tenemos además en nuestra Constitución una carta de navegación, que fue diseñada en tiempos de crisis y ha previsto cómo deben gestionarse las crisis. Allí está indicado el rumbo.
Quedan también grandes desafíos para todos los argentinos pero también aquí hay razones para ser optimistas. Los argentinos estamos aprendiendo, lamentablemente en parte gracias a la pandemia, que fracasaremos o triunfaremos juntos. Más aun, estamos advirtiendo que nuestra suerte colectiva depende del acatamiento categórico de las normas que democráticamente adoptamos. La crisis dejó al descubierto que sin autoridad —esto es, sin un poder legítimo basado en reglas— es imposible subsistir colectivamente. Sin reglas todo problema sistémico, como sucede con esta pandemia, sería terminal. Creo que estamos revalorizando nuestras instituciones e internalizando la idea de que desacreditarlas es serruchar la única rama de la que estamos sostenidos. Las instituciones son lo único que tenemos para dejar de ser sólo individuos y convertirnos en una comunidad. De ello depende nuestro futuro. ■
Los argentinos estamos aprendiendo, frente a esta circunstancia, que fracasaremos o triunfaremos juntos.