Santa Fe le suma presión al juez para que intervenga Vicentin
La Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la provincia de Santa Fe insiste en que los dueños del Grupo Vicentin debe ser desplazados de la administración de la compañía. En el expediente que el juez Fabián Lorenzini creó la semana pasada para dirimir este planteo, el organismo presentó pruebas para sostener sus acusaciones contra la cerealera y mantener así lo que se conoció como el "Plan Perotti" después que una decisión judicial repusiera al directorio natural mientras la firma está en concurso de acreedores.
"Inspección General de Personas Jurídicas C/Vicentin SAIC Intervención de la Administración", es el nuevo incidente que se creó vinculado al concurso de acreedores de la compañía cerealera por decisión del juez Lorenzini. Ese expediente tiene como finalidad dar tratamiento -sin detener el proceso concursal- a los planteos de la IGPJ santafesina, que pidió la intervención de Vicentin y además que se anule la decisión que repuso a los dueños frente a la administración y redujo el rol de los interventores del Gobierno al de "veedores informantes".
En este marco, el organismo provincial tenía tres días para aportar pruebas que funden sus acusaciones, mientras se le dio intervención al Fiscal General de Santa Fe para que investigue si corresponde realizar una denuncia penal.
Las supuestas pruebas de irregularidades fueron presentadas ayer. Allí se planteó que había que tener en cuenta las vinculaciones societarias ya que "en el pedido de apertura del concurso -especialmente el anexo sobre estado del activo y del pasivo presentado el 27 de febrero- Vicentín indica sus participaciones en otras sociedades". La IGPJ busca desmentir "que fueran tan minoritarias, según surge también de dichos de la propia concursada, a través de los estados contables de su página web, todo lo cual tiene valor confesional".
Por ello, el organismo aportó "información de la web del grupo Vicentín, donde se demuestra que hace suyas todas las empresas en las que dice contar con participaciones ínfimas". También adjuntaron "estados contables no sólo de Vicentín sino de diversas sociedades de las que Vicentín forma parte.
Por eso el gobierno de Santa Fe pidió que Vicentin presente los estados contables, incluyendo balance general, memoria, informes de sindicatura societaria y de auditoría externa correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2019.
El organismo provincial también aportó información accionaria del Grupo Vicentin respecto a su participación en Renova S.A, que integra al 50% , algo que según la IGPJ se firmó "el 15 de febrero de 2019, o sea menos de diez meses antes de la cesación de pagos. Parece de otra empresa", sostuvo el Gobierno provincial .
Para reforzar su denuncia, aportó actas de asamblea poniendo en duda la crisis financiera aducida por la compañía.
La Inspección de Personas Jurídicas también sumó a su presentación judicial un informe de la Sindicatura General de la Nación fechado el 25 de junio de 2020, donde remarca que hay "serias falencias en el desempeño de la administración societaria, que sobradamente configuran el peligro en la demora para justificar una intervención".
Por ello, insistieron con una pronta resolución respecto al desplazamiento de los dueños frente a la administración. ■