La libertad de prensa en asuntos de interés público
La libertad de prensa se encuentra íntimamente vinculada con la libertad de expresión y de pensamiento (Art. 14 CN) y era entendida originariamente como la facultad de comunicar ideas por medio de la prensa escrita. Actualmente, comprende la facultad de buscar, recibir y difundir ideas e información por cualquier medio que se utilice a tal fin y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.
La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH, ley en nuestro derecho interno) destaca que: “Este derecho comprende la libertad de buscar recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente por escrito o en forma impresa o artística o cualquier otro procedimiento de su elección”.
La libertad de expresión junto con la libertad de prensa, tienen una importancia vital en la consolidación y respeto de todo sistema democrático. Ambos derechos favorecen la idea de la crítica y el control político, el principio republicano de gobierno, la conformación de la opinión pública y el valor del disenso. El derecho a la libertad de expresión posee una dimensión individual y una social. La primera, busca que nadie sea impedido de manifestar su propio pensamiento. La segunda comprende el derecho de recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.
En este escenario, el papel de los medios de comunicación es esencial pues se constituyen como los instrumentos idóneos para materializar la libertad de expresión en su dimensión social, recogiendo las más diversas informaciones y opiniones.
Del mismo modo, las controversias políticas resultan de suma relevancia en cualquier sistema democrático. Por esa razón, la libertad de expresión e información abarca también aquellas manifestaciones que puedan no ser aceptadas por los destinatarios de las mismas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el fallo “Kimel” señaló que los límites de la crítica aceptable respecto de los funcionarios públicos resultan más amplios que en el caso de un particular. El funcionario está sometido a un riguroso escrutinio de todas sus palabras y hechos por parte de la opinión pública y, por ello, debe demostrar un mayor grado de tolerancia hacia las críticas.
A fin de fomentar un debate democrático, es necesario brindar protección a las expresiones dirigidas a poner en tela de juicio (mediático) los actos realizados por funcionarios públicos en el desempeño de sus labores.
La cuestión radica en que las actividades realizadas por los funcionarios públicos –en cada uno de los poderes del Estado- salen del dominio de la esfera privada para insertarse en el plano del debate público. El umbral de mayor tolerancia hacia las críticas se vincula con el interés público de las actividades que el funcionario realiza. La CADH prevé la posibilidad de establecer límites a la libertad de expresión a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores –la restricción nunca puede ser previa- por el ejercicio abusivo de este derecho -doctrina de la real malicia-.
Sin embargo, dichas restricciones no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y no pueden pueden convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. Cualquier tipo de restricción debe ser excepcional y proporcionada al interés que la justifica, interfiriendo de la menor manera posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
El control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia y publicidad de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre su gestión.
En el caso “Kimel”, la Corte IDH resaltó este aspecto: la opinión –como juicio de valor- no puede ser objeto de sanción. Este principio cobra más valor cuando la manifestación se refiere a una actividad oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo.
El debate político debe ser fomentado pues tiene por objeto producir un discurso analítico y crítico de los funcionarios públicos que están íntimamente involucrados en la resolución de cuestiones públicas que definen acontecimientos que involucran a la sociedad en su conjunto.
Entonces, el juicio de valor sobre la actuación de un funcionario no puede ser objeto de sanción, pues la verdad o falsedad de una afirmación solo puede sostenerse respecto de hechos y no sobre opiniones.
El Proyecto de Reforma del nuevo Código Penal, en base a estas ideas, ha excluido del ámbito de sanción penal las expresiones referidas a asuntos de interés público. Allí, se establece que no constituirán delito de injuria ni calumnia las expresiones sobre asuntos de interés público.
En su Título II, dedicado a los delitos contra el honor, arts. 109 y 110, segundo párrafo, el nuevo Código Penal prevé que “En ningún caso configurarán delito de injurias o calumnias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no fueren asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardaren relación con un asunto de interés público”. Este proyecto fue presentado el 4 de junio de 2019 ante el Honorable Senado de la Nación -Comisión de Asuntos Penales y Justicia - y actualmente se encuentra en tratamiento por primera vez, en casi 100 años, desde la sanción del Código Penal de 1921.
En palabras de la Suprema Corte de Estados Unidos: “El hecho de que la sociedad considere que un determinado discurso es ofensivo no resulta razón suficiente para suprimirlo. De hecho, si lo que ofende es la opinión de quien se expresa, esa consecuencia es una razón para brindarle protección constitucional” “En el mercado de las ideas, el gobierno debe adoptar una actitud neutra” .
En definitiva, la libertad de prensa es fundamental en los sistemas democráticos, pues permite a los ciudadanos formarse opiniones y criterios en relación con la realidad en que viven. ■