La moratoria fiscal beneficiaría a Cristóbal López, Lázaro Báez y OCA
El proyecto permite ingresar al plan a firmas que arreglen su quiebra en 90 días, lo que estaba prohibido.
Con la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Economía, Martín Guzmán, ingresó el martes al Congreso el proyecto de ley de moratoria fiscal. Entre los cambios que plantea el perdón impositivo, se eliminaría la prohibición para que empresas con determinadas causas judiciales en su contra puedan acogerse a un plan de pagos para saldar sus deudas con el fisco. Cristóbal López, los dueños de OCA y el contratista K Lázaro Báez podrían verse beneficiados con la normativa. En los respectivos procesos de quiebra de sus firmas, deben al Estado cifras multimillonarias.
El objetivo oficial del gobierno con la nueva moratoria por la crisis del coronavirus es evitar que empresas que no pueden pagar los impuestos entren en cesación de pagos y concluyan en una eventual quiebra. Se trata de un incentivo en medio de la crisis financiera, pero a a través de un proyecto que modifica algunos artículos que podrían terminar favoreciendo al dueño de la petrolera Oil, a los titulares del correo OCA y en menor medida a Báez.
La situación del dueño del Grupo Indalo es la más intrincada. El proyecto legislativo pretende modificar, entre otros, el artículo 16 de la ley vigente, según la cual quedan excluidos de cualquier moratoria las empresas "declaradas en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación".
Oil Combustibles, firma petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa, está en proceso de quiebra desde junio de 2018. Su principal acreedor es la AFIP. La firma fue denunciada durante la gestión de Alberto Abad por no haber pagado durante el gobierno de Cristina Kirchner el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), qu ese retenía a los usuarios de las estaciones de servicio de Oil. Para López habría un beneficio puntual, pues el proyecto del oficialismo modifica el artículo octavo, que impedía incluir en la moratoria deuda por el ITC. Si se aprueba, eso sí se podrá incluir, y aunque Oil ya no está operativa porque sus principales activos se remataron en el
marco del concurso, "la deuda generada conelfiscoesporeseimpuestopuntualmente",indicóunafuentedelexpediente.
Con la petrolera en proceso de quiebra, pensar en una moratoria para saldar su deuda, era impensado. Pero el proyecto le abre una posibilidad, porque a aquel artículo le incorpora una excepción: podrán acceder al beneficio fiscal aquellas empresas o empresas que estén en proceso de quiebra, y para ellos impone requisitos que son excluyentes. Oil podría ingresar provisoriamente a una eventual moratoria, si lograra concluir su quiebra en un plazo de 90. Para hacerlo, requiere de la conformidad de al menos dos tercios de sus acreedores.EnelcasodeOil,elprincipal damnificado es la propia AFIP.
Entonces, la petrolera de López que denunció hace poco a la AFIP macrista como un "acreedor hostil" -es decir
que responsabiliza al organismo recaudador de conducir a su empresa a la quiebra- podría encontrar en este proyecto una ventana para resolver la situación con su principal acreedor. Otra discusión se abre en este punto. El juicio se centra en el lapso de mayo de 2013 a agosto de 2015. En ese período, la deuda acumulada -según una pericia oficial- era de 4.200 millones de pesos, y los intereses calculados ascienden a poco más de 6.000 millones. Por eso, la AFIP de la anterior gestión iba a reclamar 10.000 millones de pesos en concepto del ITC impago.
Cristóbal López sostiene que a diciembre de 2015 sólo debían 600 millones de pesos, porque Oil se había acogido a dos planes de facilidades de pago otorgados por el controvertido Artículo 32, una potestad discrecional del Administrador de la AFIP. Sin embargo,
“no incluye los demás planes que son objetos de la investigación”, explicaron fuentes judiciales.
Entonces, la deuda por la que López podría acogerse a una eventual moratoria es otro interrogante. Consultados por Clarín, desde su entorno indicaron que llegado el caso "se analizará la medida, pero es conveniente acogerse a la moratoria". Esto implica una importante reducción de los intereses.
Pero el dueño del Grupo Indalo no sería el único beneficiado con el proyecto oficial. En abril de 2019, el juez Pablo Tejada decretó la quiebra de OCA SA, por una deuda de 7.000 millones de pesos, cuya mayor parte corresponde a saldos impagos con la AFIP. El correo privado, en el que Hugo Moyano tiene intereses, podría acogerse a una moratoria respecto a esa deuda. En menor medida, Lázaro Báez también podría beneficiar a su firma Austral. La empresa está en proceso de quiebra hace dos años y su mayor deuda no es con la AFIP, pero cuenta con procesamientos por evasión fiscal y retención indebida de aportes patronales. "De ingresar a una moratoria, se le extingue la acción penal en tales casos", indicaron fuentes judiciales.
Durante la administración de la AFIP a cargo de Leandro Cucciolli, también se inició un reclamo judicial en el marco de la quiebra. Según la resolución del organismo ese reclamo es por 2.880.124.946 pesos. Hace dos meses, la actual gestión, dirigida por Mercedes Marcó del Pont, ratificó que quería cobrar esa deuda que la firma de Báez mantiene con el Estado. Cuando la AFIP a reiteró el reclamo ante la jueza de la quiebra de Austral, Gigy Traynor, se le pidió a los síndicos nombrados por la justicia para llevar adelante el proceso de liquidación que se pronuncien al respecto. En el escrito explicaron que el fisco estaba reclamando ese monto por encima de los 2.800 millones en el marco de una Ley que contempla importantes beneficios si el pago se realiza en efectivo. Pero no había plata para acceder a ese descuento, ni para pagar nada. Los síndicos respondieron que “la presente quiebra no se encuentra en situación de poder afrontar el pago de dichas sumas”.w