“Prostitución VIP”: ocho años después, Leandro Santos declara hoy ante el juez
Al representante de modelos se lo acusa de haber liderado una red que ofrecía servicios sexuales a poderosos.
Ocho años. Ese fue el tiempo que pasó entre el día en que a Leandro Santos (38) se lo acusó por primera vez de liderar una organización dedicada a trata de mujeres en el circuito de "sexo VIP" y el momento en el que todas esas denuncias terminarán plasmadas en una declaración indagatoria como imputado.
Lo primero ocurrió en medio de un
gran escándalo en el verano de 2012, en Uruguay. Por entonces el representante de modelos debió salir a las apuradas de Punta del Este luego de que cayera una banda local que proveía mujeres a hombres poderosos como si fuera un servicio de catering.
Santos fue noticia de los medios argentinos y uruguayos, sobre todo por los nombres de los y las involucradas: empresarios, celebrities, productores de tevé y hasta una modelo a la que se relacionó sentimentalmente con el fiscal Alberto Nisman.
La segunda parte de la historia - su interrogatorio como acusado- se concretará finalmente hoy ante el juez federal Sebastián Casanello, que lo citó a las 12 vía el "Sistema Integral de Video de Audiencias Judiciales". Hoy
también será indagado su socio, Luis César Zanardi. Los otros dos acusados son los hermanos de Santos (Rodrigo y Micaela). De ellos se esperaba la indagatoria digital ayer.
A todos, pero con Leandro como figura principal, se los acusa de "haber formado parte al menos entre junio de 2009 y diciembre de 2014, de forma sostenida, de una organización criminal trasnacional dedicada a captar, trasladar -tanto dentro del país como desde y hacia el exterior- acoger y recibir mujeres mayores de edad -argentinas y uruguayas- con fines de explotación sexual".
Esa es la imputación que Casanello les hará esta semana, pero existe otra investigación complementaria, por lavado de dinero, que ya tiene un dictamen del fiscal federal Federico Delgado y de la Protex. Esta segunda acusación aún no se les reprochará a los cuatro indagados, aunque tal vez sea la única que persista si los hechos de "trata" terminan siendo considerados prescriptos, como seguramente planteará la defensa, además de reclamar nulidades varias.
La causa por trata que instruye Casanello tiene, como suele ocurrir con los expedientes complejos, una historia de idas y vueltas, abogados importantes que entran y salen del expediente, y demoras sospechosas.
La defensa de Santos estuvo a cargo en orden de aparición de Mariano Cúneo Libarona, Fernando Burlando y Alejandro Novak. Tres pesos pesados de tribunales. El sinuoso trámite incluyó dos pedidos de extradición por parte de Uruguay: el primero del 2012, desistido por la propia fiscalía uruguaya; y el segundo de 2017.
El último fue el que tardó tres años en resolverse. El juez Claudio Bonadio (a cargo del juicio de extradición) dio el OK al pedido uruguayo en 2018. Incluso Santos fue detenido y estuvo preso brevemente en Marcos Paz.
La defensa apeló y todo terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La cuestión es que el Procurador recién dio su opinión sobre lo que debía hacerse en junio del 2019: la declaró improcedente. Eso dio paso a la decisión de la Corte.
La resolución llegó el 16 de septiembre de 2020. El Supremo Tribunal consideró que no debía darse la extradición porque parte de los hechos habían ocurrido en Argentina. Por consiguiente, ordenó que se investiguen aquí y la tarea recayó en Casanello porque en su juzgado tramitaba una investigación contra Santos abierta en 2016 por amenazas, extorsión y explotación sexual que sumó luego la acusación de lavado.
¿De qué se acusa a Santos? Gran parte de los testimonios contra él están en la causa uruguaya, de la que Casanello pidió una copia certificada. En ese expediente constan testimonios de víctimas que declararon bajo reserva de identidad, clientes que aportaron sus historias sin pudor y hasta sus socios del otro lado del charco y que fueron condenados en su momento en su país.
Esa causa se inició con la declaración de una joven en 2010 ante la jueza uruguaya Beatriz Larrieu. Santos fue brevemente detenido en Punta del Este en 2012, pero su abogado de entonces, Mariano Cúneo Libarona, logró que lo liberaran y vino a refugiarse a la Argentina.
Una casualidad hizo que el nuevo fiscal del caso en Uruguay reactivara la acusación contra Santos y que se reiterara la captura internacional con fines de extradición, la que se hizo efectiva al final en Buenos Aires.
Ese nuevo impulso alimentó también la causa abierta en el juzgado de Casanello en 2016. Tras el dictamen de los fiscales María Alejandra Mángano y Federico Delgado, la investigación argentina se reorientó hacia al lavado de dinero. Santos comenzó a ser investigado patrimonialmente. Con la decisión de la Corte, Casanello se encargó también de los hechos de trata: jóvenes a las que hacían viajar desde y hacia Uruguay para prostituirlas en fiestas de alto nivel. ■
El escándalo estalló en 2012, ante la revelación de “fiestas sexuales” con empresarios y famosos.