Crisis venezolana: el principio de la “no intervención” tiene sus límites

El principio de la no-intervención con frecuencia ha sido utilizado por dictadores para ocultar y proteger su tiranía, su abuso de poder, sus atrocidades humanitarias y violaciones a los derechos humanos y políticos de sus oponentes, incluyendo sus crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que ha hecho el régimen chavista por más de 20 años y el régimen castrista por más de 60 años.

En el mundo actual, por lo menos en las Américas (y en la Unión Europea), el principio de no-intervención ha sido superado por el compromiso de promover y defender la democracia representativa, así como por el derecho de los pueblos a la democracia y la obligación de sus gobiernos a promoverla y defenderla – principios y derechos establecidos en la Carta de la OEA (1985), en su Carta Democrática Interamericana (2001) y en el Tratado del Mercosur (compromiso democrático de Ushuaia de 1998).

La evolución del principio de la “promoción y defensa de la democracia” en el sistema interamericano se puede constar en los trabajos de Mauricio Alice, Michel Arrighi, Tom Farer, Heraldo Muñoz, Fernando Tesón, el Comité Jurídico Interamericano, y en mi libro “The Organization of American States as the Advocate and Guardian of Democracy”.

Este desarrollo no ha sido por imposición de Estados Unidos; representa la cristalización de una histórica aspiración de los demócratas de las Américas.

La vigencia de la democracia y los derechos humanos hoy día son prioritarios y de mayor relevancia que el principio de la nointervención, al menos en el mundo democrático y liberal, que compite con las nuevas autocracias y dictaduras del globo. No ser indiferente a las violaciones a los derechos humanos y la destrucción del orden democrático e involucrarse en su protección y restauración es una obligación y un compromiso de las democracias contemporáneas.

La imposición de sanciones diplomáticas, comerciales y financieras en las relaciones internacionales actuales es un instrumento más de política exterior para defender y promover la democracia; y parece anacrónico argüir, como lo hace una reciente columna en este medio, que las sanciones contra la dictadura de Maduro en Venezuela son una violación del principio de la no-intervención.

A partir de 2017, la administración Trump específicamente sancionó a más de 180 individuos allegados al régimen y unas 27 compañías venezolanas utilizadas por la dictadura, incluyendo la petrolera estatal PdVSA (principal fuente de divisas).

Las sanciones resultan también de la preocupación por la creciente injerencia e influencia en Venezuela y la región de China, Cuba, Irán, Rusia que sostienen al régimen con ayuda financiera, tecnológica, económica, militar, lavado de dinero, contrabando y servicios de inteligencia y seguridad. Sus actividades además se perciben como una amenaza a la estabilidad y seguridad de la región.

Las sanciones impuestas (que la administración Biden continuará), no constituyen un antojo ni un intervencionismo unilateral norteamericano; coinciden con varias resoluciones de condena y repudio al régimen por parte de las democracias del hemisferio y de la Unión Europea --particularmente a partir de 2016.

La mayoría de los Estados miembros de la OEA y del TIAR han establecido que el régimen chavista es ilegítimo y constituye una amenaza para la democracia, la paz y la seguridad de la región, y han acordado, en el marco de la Asamblea General de OEA, del Grupo de Lima y de los Estados Partes del TIAR… “implementar las medidas políticas, económicas y financieras que estimen conveniente, para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático…” en Venezuela.

También suspendieron a Maduro del Mercosur en 2017 y lo excluyeron de la Cumbre de las Américas en 2018.

Las sanciones más duras (2019-20) comenzaron después del colapso económico y las calamidad humanitaria y migratoria producidas por el régimen; no son la causa de la tragedia venezolana.

Su verdadera causa son las nefastas políticas populistas del régimen, su corrupción e incompetencia. Imposible absolver al régimen de su responsabilidad por la calamidad venezolana.

Las sanciones aumentaron porque el diálogo prometido por Chávez y Maduro, acogido y hasta facilitado por la comunidad internacional desde 2002, fue una farsa, una distracción para no convocar elecciones democráticas y mantenerse en el poder; y porque el chavismo continuó con su fraude electoral y siguió persiguiendo, exiliando, encarcelando, torturando y asesinando a sus opositores, con el apoyo y complicidad de la dictadura castrista, las autocracias china y rusa y la teocracia iraní. Lo único que falta ahora es pretender que las sanciones son la causa de la continua tiranía del régimen.

Es entendible que los demócratas del mundo insistan en una solución negociada como la impulsada del Grupo Internacional de Contacto (GIC). El llamado a la negociación es de rigor. Pero no se puede ignorar las múltiples negociaciones que el régimen ha saboteado por más de 20 años para permanecer en el poder. El régimen sabe que no puede competir en elecciones íntegras, porque sabe que las pierde y con ello pierde el poder y la inmunidad e impunidad que protege a sus miembros de ser enjuiciados por los crímenes cometidos. Los chavistas como los castristas no están dispuestos a competir en elecciones limpias.

Pero si el objetivo es contener la tragedia humanitaria venezolana, lo más efectivo sería exigir a Maduro que convoque a elecciones democráticas y observadas internacionalmente. Con la convocatoria, las sanciones se levantarían inmediatamente, se terminaría la violación a los derechos humanos y políticos y se restauraría la democracia en Venezuela.