Al menos 18 muertos en protestas contra el golpe en Birmania
A un mes del golpe de Estado, la represión en Birmania es cada vez más brutal. Ayer, al menos 18 personas murieron y otras 30 fueron heridas por la policía en el día más sangriento de las continuadas protestas en reclamo de democracia y la liberación de la Nobel de la Paz y jefa de facto del gobierno depuesto, Aung Suu Kyi.
“En varios lugares en todo el país, fuerzas policiales y militares se han enfrentado a manifestaciones pacíficas utilizando la fuerza letal”, denunció ayer la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet. Según este organismo, las muertes han ocurrido como resultado de los disparos con armas de fuego contra manifestantes en Rangún, la mayor ciudad del país, Dawei, Mandalay, Bago, Pokokku y Myeik. Las fuerzas de seguridad dispararon de manera indiscriminada para reprimir las manifestaciones masivas que exigen a los militares que devuelvan el poder al pueblo y liberen a los políticos detenidos tras la asonada del 1° de febrero.
El número de muertos, que con los 18 de ayer ascienden a 22 por los disparos directos de los uniformados desde el sublevamiento, podría aumentar dada la violenta represión desatada por las autoridades. “Birmania es un campo de batalla”, indicó el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Rangún, al describir en Twitter la situación actual del país. La Policía usó también balas de goma, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra los manifestantes, quienes levantaron en Rangún barricadas para frenar las acometidas.
En otras ciudades del país, como Bago, Myitkyina o Lashio, la Policía actuó con violencia para reprimir los movimientos de oposición contra la junta militar, encabezada por el general golpista Ming Aung Hlaing, acusado de genocidio en el Tribunal de La Haya por la campaña militar contra la etnia rohinyá en 2017.
Desde hace semanas, centenares de miles de personas se manifiestan en contra de la junta militar y exigen la puesta en libertad de todos los arrestados tras el golpe de Estado, entre ellos la Nobel Suu Kyi. En el mes de manifestaciones se calcula que más de 1.000 personas han sido detenidas de forma arbitraria e ilegal.
El Ejército justificó la toma de poder en un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya lo hiciera en 2015.
A pesar de la celebración de elecciones y el proceso iniciado en 2011 en Birmania hacia una “democracia disciplinada”, como la denominan el Ejército -que gobernó el país con puño de hierro de 1962 a 2011-, el mando castrense mantenía todavía un amplio control sobre los aspectos políticos y económicos del país.
La cancillería birmana destituyó ayer a su embajador en Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun, nombrado por el Gobierno derrocado, tras pedir en un discurso frente a la Asamblea General medidas contundentes para terminar con el gobierno militar.