En caída libre
El juez en lo penal y económico López Biscayart incluyó al empresario y a sus hijos Martín, Leandro y Luciana. Los acusa de cometer delitos tributarios por más de $ 20.000 millones.
Viene de ser condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero. Ahora, en otra causa, el juez López Biscayart lo mandó a juicio oral junto tres de sus hijos por delitos tributarios por $ 20 mil millones.
Lázaro Báez no terminó de digerir la condena a doce años por lavado de dinero que el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) le dictó la semana pasada en el caso de la Ruta del Dinero K y ya sumó más problemas en su frente judicial. El juez penal económico Javier López Biscayart envió al empresario y a tres de sus hijos a juicio oral por evasión impositiva, facturas apócrifas y créditos fiscales inexistentes. Para el juez se cometieron delitos tributarios por más de $ 20.000 millones a través de Austral Construcciones, la firma que comandaba Báez.
López Biscayart investigó un esquema de evasión impositiva que llevó adelante el empresario K -al que embargó por $ 2.000 millones- y que incluyó el uso de facturas apócrifas y créditos fiscales inexistentes entre 2008 y 2014.
Pero el expediente no sólo colocó a Báez en el centro de las maniobras, sino también a sus hijos. López Biscayart también envió a juicio oral a Martín (preso desde febrero de 2019), Leandro y Luciana Báez. Melina, la más chica, no está incluida en el caso. Todos ellos fueron condenados en la Ruta del Dinero K a nueve, cinco y tres años de prisión respectivamente.
Los delitos tributarios por los que deberán responder en un debate oral incluyen también a los directivos y contadores del holding: Hugo Uribe, Julio Mendoza, César Andrés, Claudio Bustos, Emilio Martín, María Cristina Gonzalez, Tomás Garzón, Eduardo Larrea y Eduardo Arrejin.
La semana pasada al condenar a Báez y sus cuatro hijos por lavado, dos de los tres jueces del TOF 4 señalaron que los delitos precedentes de la operaciones de blanqueo provenían de la obra pública recibida del gobierno kirchnerista y de los delitos tributarios. Con esos fondos se armaron las maniobras de lavado.
Durante la investigación, el juez detectó la registración irregular en los balances o emisión de cheques dudosos de parte de varias empresas vinculadas a Austral Construcciones. Entre otras, aparecían Constructora Patagónica Argentina SA, Grupo Penta & Cia SA, Calvento SA, Terrafari SA, Austral Agro SA y Valle Mitre SA. Esta última es la que administró Hotesur, la empresa que gerenciaba el hotel de los Kirchner Alto Calafate.
El juez también detectó maniobras de lavado de los Báez en paraísos fiscales. De hecho, descubrió la existencia de una estructura para repatriar fondos irregulares a favor de Austral Construcciones. Se hizo a través de un fideicomiso que iba a destinarse a la construcción de un complejo hotelero en Cayo Chapel frente a Belice, un paraíso fiscal y turístico. En total había en juego unos 100 millones de dólares.
Los Báez fingían supuestas inversiones millonarias en ese paraíso fiscal que no se realizaban. Pero lograban reingresar el dinero "lavado" a sus cuentas simulando legalidad
En el caso del hotel en Cayo Chapel, como no se construyó, los Báez hicieron figurar el pago de una indemnización de empresas offshore
por el proyecto. Para el juez se produjo una "registración de un ingreso extraordinario que no correspondería a una indemnización real sino a un reingreso mediante las cuales se documentaron operaciones ficticias”.
En el circuito intervino la financiera suiza Helvetic Service Group que compró SGI “La Rosadita” en el 2011.
Para sostener la elevación a juicio, López Biscayart sostuvo que Báez era quien en última instancia aprobaba o rechazaba todo en la empresa. Y agregó que no salían fondos de la compañía sin la autorización de Báez o de su hijo Martín, dueño del paquete minoritario de la constructora.
En otro punto, explicó que el sector contable y de administración de la empresa reportaba directamente a Báez, quien poseía el dominio de los manejos financieros de Austral. “El gobierno de las acciones o las decisiones empresariales eran tomadas por Lázaro Báez”, sostuvo el juez antes de mandarlo a juicio.