Corrupción y la interna colorada, eje de las protestas en Paraguay
Por tercer día consecutivo, la gente repudió en las calles la gestión del gobierno por el Covid. El tema agudiza las disputas en el corazón del oficialismo.
Con la consigna “Marzo Paraguayo 2021”, la oposición evoca en las calles de Paraguay los sangrientos sucesos que provocaron la caída en 1999 del Gobierno de Raúl Cubas para reclamar la destitución del presidente Mario Abdo Benítez por supuestos manejos oscuros de la pandemia Covid-19, cuyo período de Gobierno concluye recién en agosto de 2023.
Anoche, al cierre de esta edición, una nueva jornada de protestas -la tercera consecutiva- volvía a alterar la tradicional calma de las calles de Asunción. Pero el problema sanitario y sus costados ligados a las denuncias por casos de corrupción ocultan a la vez una sorda disputa política entre facciones del oficialista Partido Colorado, a la que se suma con menos suerte y aliento el resto de la oposición.
“Que renuncie Marito”, “Gobierno corrupto”, se leía anoche en pancartas exhibidas por los manifestantes, en un país que ha mantenido una relativa calma política, económica y social desde que se reportó el primer contagio hace exactamente un año.
Una violenta represión policial el viernes en las calles céntricas de Asunción dejó como saldo 21 heridos, según balance oficial del director del Hospital del Trauma, Enrique Saldívar. Ciudadanos autoconvocados, muchos de ellos familiares de enfermos, protestaron por el colapso de los hospitales, la escasez de insumos y los excesivos gastos en que incurren para proporcionar medicamentos a los pacientes, en momentos en que recrudece el número de infectados.
Si bien Paraguay figura entre los países menos afectados por la pandemia en la región, las autoridades prometen la llegada, sin fecha establecida, de 4 millones de vacunas por el sistema Convax de la Organización Mundial de la Salud y de un millón de dosis de la rusa Sputnik V, para una población de poco más de 7.000.000 de habitantes.
Hasta este sábado, el país registraba 165.811 casos confirmados de Covid-19 y 3.278 fallecidos.
La importación hace 10 días de apenas 4.000 primeras dosis de la vacuna Sputnik V destinada al personal que trabaja en la primera trinchera de la terapia intensiva no hizo sino atizar la ira de la población que esperaba vacunaciones masivas como en Chile.
Uno de los casos sospechados de corrupción involucra a Patricia Samudio, ex presidenta de Petropar (Petróleos Paraguayos), amiga de la familia presidencial, quien renunció por denuncias de compras sobrefacturadas (al 300%) de insumos para la pandemia. La proveedora no tenía ni siquiera un local. En otro affaire bautizado por la prensa como “caso Tapabocas de Oro”, fue destituido Édgar Melgarejo, director de la Aeronáutica Civil, y luego imputado por la Fiscalía por presunta sobrefacturación en la compra de tapabocas. Pero el caso de mayor relieve mediático involucra al hermano de Silvana López Moreira, la esposa del presidente. Según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, una empresa ligada al cuñado presidencial, Engineering SA, logró 52 contratos con el Estado por US$ 46,67 millones en los 28 meses del actual Gobierno.
“Me toca gobernar en un contexto inédito, donde nadie tiene recetas únicas. Todos podemos cometer errores”, expresó Abdo en un mensaje grabado en el que trató de tranquilizar a los movilizados. Pero desde la oposición se analiza la posibilidad de gestionar un juicio de destitución en su contra. “Existe un hartazgo ante tanta corrupción e ineficacia del Gobierno nacional”, dijo el senador Fernando Lugo, líder del partido Frente Guasú (Frente Grande), y él mismo presidente depuesto en un juicio político en 2012. “El Presidente no ha garantizado el abastecimiento en tiempo y forma de los recursos para la salud”, afirmó.
Sin embargo, la estabilidad del jefe de Estado no depende tanto de los opositores sino de su propio correligionario del partido Colorado, el magnate tabacalero Horacio Cartes, ex primer mandatario guaraní (20132018), quien puede ordenar a sus leales en el Senado votar el enjuiciamiento que pretende la oposición minoritaria.
Pero el grupo cartista no podría apoyar la salida de Abdo desobedeciendo la voluntad de la embajada de EE.UU, cuyo portavoz, el encargado de negocios Joe Salazar, dejó un claro mensaje el domingo: “Deseamos paz y orden para nuestros amigos y socios del Paraguay. El Estado de derecho es la piedra angular de la democracia”, subrayó, algo que varios parlamentarios entendieron como una advertencia contra cualquier intento de remover al jefe de Estado.
No obstante, el cartismo aprovechó la crisis política para conseguir que Abdo apartara de su gabinete a sus adversarios políticos. El Presidente entregó la cabeza de su ministro de Salud, Julio Mazzoleni; de su cuestionado ministro de Educación, Eduardo Petta; y de su jefe de Gabinete Civil, Ernesto Villamayor, además de la ministra de la Mujer, Nilda Romero, enemigos acérrimos del cartismo.
Para los colorados oficialistas, con 70 años en el poder, la crisis centrada en la pandemia no es sino un escenario más para preparar los acomodamientos con miras a las elecciones municipales de noviembre y más allá, las presidenciales de 2023. Varios candidatos promocionados por Abdo ya no estarán en condiciones de soportar la lucha.