Lo que todo buen juez federal debe saber
Las buenas intenciones que pavimentan el camino a Comodoro Py lucen gruesos baches desde hace ya muchos años. La imagen de los jueces federales de primera instancia en lo Criminal y Correccional comenzó a ajarse sin retorno desde que se hizo famosa la mítica servilleta de Carlos Corach, donde el entonces poderoso ministro del Interior de Carlos Menem habría anotado los nombres de los magistrados que supuestamente fallaban de acuerdo con los intereses del Gobierno. Algunos de esos jueces, como el caso de Norberto Oyarbide, sumaron varios granitos de arena para que el deterioro creciera.
No dejan, de todos modos, de ser vitales para la buena salud de la República: esos 12 juzgados se ocupan de las causas por corrupción y es injusto poner a todos dentro de la misma bolsa. Incluso es funcional a los corruptos.
Se sabe que para el kirchnerismo, en especial, el área resulta clave, en vista de la multiplicidad de causas que amenazan con la cárcel a su jefa, Cristina Fernández, preocupada por ella misma y por el destino de sus hijos, también acusados y complicados. Tal vez por ello ahora buscan curarse en salud y asegurarse una suerte de prueba de militancia desde el mismo proceso de nombramiento.
Según parece, de acuerdo con el llamado al concurso 450 realizado por el Consejo de la Magistratura para cubrir las vacantes del fallecido Claudio Bonadio y el jubilado Rodolfo Canicoba Corral, ya no les alcanzará a los aspirantes con dominar de cabo a rabo la ley 11.179 (el texto ordenado en 1984, en trece títulos, del Código Penal) y sus modificatorias (como la reciente ley 27.610, sobre el aborto).
Quienes pretendan el cargo -hay unos cuantos anotados- deberán saber cuestiones algo menos técnicas en el examen que rendirán el 16 de marzo. Por ejemplo, “el llamado lawfare, noción y funcionamiento”; “los jueces y su ideología, diferencias entre opiniones políticas y partidistas”; “la criminalización de la protesta social con el corte de calles”; “la Justicia Federal argentina: problemas estructurales y principales propuestas de cambio”; el “activismo de los jueces” y “Criminología Latinoamericana: la criminología en tiempos de totalitarismo financiero”.
Más allá del remanido lawfare, peculiar teoría agitada por Cristina desde hace rato y por ende conocida por muchos, llama realmente la atención lo de “criminalización de la protesta social con el corte de calles” y lo de “criminología en tiempos de totalitarismo financiero”. Los chistes quedan todos para Alejandro Borensztein por si toca el asunto en su columna del próximo domingo.
Los responsables del curioso temario fueron Roberto Falcone, juez de Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, profesor de la Universidad de Mar del Plata y firmante de la solicitada fundacional de Justicia Legítima; Omar Minatta, exjuez de la Cámara Penal de Trelew; Alejandra Lázzaro, secretaria de la Cámara Electoral, y Adriana Molina, profesora de Universidad Nacional del Litoral.
En el contexto, tanto disparate no sorprende. Del discurso del lunes 1° del Presidente en el Congreso a la declaración de Cristina el viernes 5 por la causa del dólar futuro, pasando por los dichos del titular del Consejo de la Magistratura, Diego Molea (“La Justicia fue muy cruel con los hijos de la Vicepresidenta”; “La Vicepresidenta sufrió una persecución”), el kirchnerismo todo ha decidido hacer de la Justicia el tema central de la política.
Tiene lógica: más allá de las urgencias legales de Cristina, electoralmente al oficialismo siempre le va a rendir más discutir de jueces, cuestión relativamente lejana para la gente, que de vacunas VIP o de inflación sin fin. Y las elecciones ya están acá a la vuelta.
Para cubrir dos vacantes en Comodoro Py preguntarán sobre lawfare y piquetes.